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Opinión

  • | 2008/06/25 00:00

    La Seguridad Democrática no da para tanto

    Sostener que la Seguridad Democrática puede resolver todos los problemas del país significa creer en un sueño que puede convertirse en una pesadilla cuando miremos de frente la realidad.

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Resultó paradójico que el gobierno, que en un comienzo había propuesto la reforma política, le haya retirado su apoyo cuando se introdujo la figura de la ‘silla vacía’, que buscaba legitimar de nuevo al Congreso después del escándalo de la parapolítica, al castigar a los partidos políticos con la pérdida de curul por sus vínculos con el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
 
Después de largas e infructuosas discusiones de orden legal y constitucional entre el gobierno, su bancada y la oposición, el primero al fin destapó sus cartas: no apoyaba la silla vacía sencillamente porque no estaba dispuesto a perder el control del Congreso. Así lo afirmó el entonces ministro del Interior Carlos Holguín: "nosotros no vamos a permitir que se nos salga o que se nos quite la mayoría y la gobernabilidad sobre la base de una propuesta de esa naturaleza".
 
Poco le importa al gobierno que los votos que garanticen esa mayoría estén viciados por su posible origen delincuencial. Acaso consciente de semejante talón de Aquiles, y para neutralizar a sus críticos y blindar su posición, el mismo presidente Uribe sacó a relucir el as de su administración: la Seguridad Democrática.

En un comunicado del 6 de junio, el Palacio de Nariño fue enfático al decir que la figura de la silla vacía era un error que iba en contra de los superiores intereses del país pues respondía a “rebatiñas o mezquinos intereses políticos” y desconocía “la eficacia de la política de Seguridad Democrática para romper los vínculos entre el terrorismo y la política.”
 
Este último argumento del Presidente es particularmente desafortunado, no sólo porque, como ya lo ha anotado Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador, no existe relación lógica entre defender la silla vacía y cuestionar la política más exitosa de Uribe; sino porque evidencia una recurrente estrategia del gobierno para defender todas sus acciones y acallar a sus detractores: cualquier crítica a éstas o cualquier propuesta que vaya en contra de sus intereses, implica un ataque a la Seguridad Democrática y, por lo tanto, es inaceptable.

Dado que la gran popularidad del gobierno se basa en dicha política, Uribe y sus ministros se han encargado de esparcirla a los cuatro vientos y establecer todo tipo de conexiones entre ésta y sus demás políticas, sean éstas afortunadas (lo que resaltan) o desafortunadas (lo cual niegan). Para citar tan sólo uno de muchos ejemplos, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, cuya gestión ha sido cuestionada no sólo por opositores del gobierno, sino, incluso también por personas que apoyan otros aspectos de su gestión (como el economista Alejandro Gaviria), afirma que la situación económica y social del campo colombiano ha mejorado notablemente, en buena medida gracias a la Seguridad Democrática.
 
Aunque es indudable que la seguridad en el campo, como en el resto del país, ha mejorado notablemente y ha traído consigo mayor inversión privada gracias al programa bandera de Uribe, ello no implica per se que otros factores fundamentales para el bienestar de la población rural (como el empleo, la educación, la salud, el acceso a servicios y mercados) hayan mejorado de manera significativa.

Análisis serios, como los de Gaviria y Salomón Kalmanovitz, demuestran lo contrario. Mientras la economía colombiana creció un 7,5 por ciento durante 2007, la agricultura creció apenas un 2,5 por ciento, a pesar de la coyuntura favorable. Durante los últimos años, la agricultura se ha estancado y no se ha modernizado; la concentración de las tierras en pocas manos se ha mantenido, si no aumentado; éstas pagan pocos impuestos y producen muy por debajo de su capacidad; en fin, no se ha promovido el desarrollo económico ni se ha aliviado de manera significativa la desigualdad y pobreza que afectan al campo como a ningún otro sector del país. Tal situación se ha mantenido en gran parte gracias a la ineficiente política de subsidios del gobierno que, como señala Gaviria, tiende a favorecer a quienes menos lo necesitan, grupos minoritarios y acaudalados que concentran la mayoría de las ganancias que produce el sector agropecuario.

Visto lo anterior, puede concluirse que la Seguridad Democrática no ha producido tantos efectos positivos en el campo, como alega el gobierno, o que, aunque sí lo haya hecho, éstos no son suficientes por sí mismos para mejorar las condiciones de vida del sector rural. Cosas similares pueden decirse de otras políticas del gobierno. Pero lo más preocupante de todo esto es que la Seguridad Democrática está definiendo el futuro, no sólo de algunos programas gubernamentales, sino de la sociedad y la democracia colombianas, dado que todas las propuestas alternativas de modelos político, económico o social que se presentan en la esfera pública son medidas por el gobierno con la vara de la Seguridad Democrática.

Si la opinión pública y la oposición política no reaccionan, será esta política la que defina la posibilidad de una segunda elección de Uribe (e incluso de su reelección indefinida como han sugerido varias voces); la reforma e incluso sustitución de la Constitución de 1991; la forma de Estado y de democracia que queremos; el modelo económico y social que ha de regirnos durante los próximos años. Es necesario entender la Seguridad Democrática en sus justas proporciones. Como su nombre bien lo indica, es una política de seguridad que puede mejorar la situación de orden público, la sensación de tranquilidad de los ciudadanos y de los inversionistas nacionales y extranjeros. Nada más ni nada menos. La Seguridad Democrática no puede resolver todos los problemas del país, ni puede acabar de tajo con la corrupción y los distintos tipos de violencia que aquejan a Colombia. Sostener esto significa creer en un sueño que puede convertirse en una pesadilla cuando miremos de frente la realidad. Aun es tiempo de despertar.

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*Manuel Iturralde es profesor y Asesor del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP)

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.



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