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La selectividad de la seguridad democrática en Antioquia

La política bandera del Gobierno arrinconó la guerrilla en diversas subregiones, pero le faltó contundencia con las estructuras narcotraficantes que estaban detrás de las AUC.

Semana
9 de julio de 2010

La guerra en Antioquia entre bandas criminales derivadas del paramilitarismo por ahora parece no tener límites y a medida que está llegando a su fin el gobierno de la seguridad democrática la barbarie que expresan se está reactivando, lo que estaría indicando que la tan promocionada política impulsada en los últimos ocho años por el presidente Álvaro Uribe Vélez no fue efectiva para atacar este fenómeno.

Si bien este análisis parte de lo ocurrido en la última semana en tres localidades del departamento – Envigado, Cisneros y Uramita – donde incursiones armadas han dejado 19 muertos, entre ellos algunos menores de edad, la existencia de varios aparatos militares ilegales que tiene tal capacidad de movilización armada y que se reproduce de manera automática cada vez que uno de sus cabecillas es capturado o muerto evidencia que la seguridad democrática tiene debilidades que hasta el momento han sido aprovechadas por estas estructuras criminales.

Es claro que la política impulsada desde la Casa de Nariño logró arrinconar la guerrilla en diversas subregiones de Antioquia. Las Farc fueron debilitadas profundamente y el ELN es casi inexistente en el departamento. Caso contrario lo evidencia la falta de contundencia sobre las estructuras narcotraficantes que estaban detrás del proyecto contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que siguieron vigentes, con sus intereses económicos intactos. La pegunta es por qué para unos sí fue efectiva y para otros no.

La desmovilización de las AUC generó un reacomodamiento de fuerzas criminales que coincidencialmente se centró en las subregiones antioqueñas claves para el desarrollo del narcotráfico: el Valle de Aburrá desde donde se administran los negocios derivados de esa actividad ilegal y se ha convertido en lugar de cristalización de la pasta de coca; el Bajo Cauca, donde se concentra la mayor área de cultivos de uso ilícito; y el Urabá, por ser una salida hacia los mercados internacionales de la cocaína.

La estructura policial, militar y de inteligencia que constituye la aplicación de la seguridad democrática se ha visto imposibilitada para desmantelar por lo menos cinco estructuras criminales que se disputan diversas subregiones de Antioquia y que hasta el momento no logran hacerse al monopolio de la criminalidad. En el Valle del Aburrá se concentra la disputa entre Maximiliano Bonilla Orozco, identificado con el alias de ‘Valenciano’; de otro está Eric Vargas, alias ´Sebastián, quienes surgieron de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y sostienen diferencias irreconciliables que atizan la disputa.

En la subregión del Bajo Cauca antioqueño se ubican por lo menos cuatro grupos criminales: ‘Los Paisas’, brazo rural de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y que comanda Ángel de Jesús Pacheco Chancí, también conocido con el alias de ‘Sebastián’; a ellos se suman ‘Los Rastrojos’, una facción del desmovilizado Bloque Mineros y estructuras bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, quien fundó las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, pero que una vez fue capturado en abril de 2009 sus fuerzas pasaron a identificarse como ‘Los Marianos’ o ‘Los Urabeños’. De acuerdo con algunos informes locales, hay una alianza entre los hombres de alias ‘Sebastián’ y de ‘Los Rastrojos’ en algunos municipios para enfrentar a sus enemigos.

Para el Urabá antioqueño, la situación también evidencia una confrontación que se ha convertido en generadora de violencia, aunque allí la situación mantiene un perfil más bajo. Desde mediados de 2006, surgieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ lideradas por alias ‘don Mario’, pero siendo un territorio tan estratégico para el narcotráfico por su salida al mar, la banda de ‘Los Paisas’ ha mostrado un interés en ejercer allí sus dominios, lo que ha sido motivo también de desequilibrio criminal.

La acción coercitiva de la seguridad democrática no ha alterado hasta el momento tres aspectos centrales del accionar criminal de estas estructuras: la financiación de su guerra, que para el caso antioqueño ajusta ya un poco más de cuatro años; el reclutamiento de hombres y mujeres, muchos de ellos menores de edad, que van al frente de batalla a cumplir diversas funciones y que muchos jóvenes de algunas comunas de Medellín y de otras localidades vecinas lo ven como “un ascenso”; y la corrupción policial, que se ha expresado en diversos momentos a favor de unas bandas y es funcional a su lucha contra las “enemigas”.

Es preocupante la tendencia que viene adquiriendo el conflicto armado en Antioquia entre las bandas criminales derivadas del paramilitarismo y la imposibilidad del Estado para refrenar su barbarie. En ocho años de seguridad democrática, la criminalidad generada por estas estructuras no fue afectada de manera contundente. Puede que en prisión estén ahora algunos de sus jefes, otros estén muertos, algunos más sobrevivan en países vecinos, pero su capacidad de adaptación a las vicisitudes es un reto que esta vez la seguridad democrática fue incapaz de superar. La tarea le queda entonces al próximo gobierno.


(*) Periodista y docente universitario

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