La situación colombiana frente a Obama

El pasado 10 de diciembre se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque su adopción en 1948 marcó un hito en la historia de los estados ha dicho el propio Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, que la humanidad enfrenta hoy una preocupante emergencia alimentaria y una aguda crisis financiera, el medio ambiente continúa deteriorándose y demasiados países viven bajo el yugo de la represión política. Como se ha visto en los últimos días a través de los medios los grupos humanos más débiles son los primeros en ser afectados por el sufrimiento y los abusos.

Organizaciones internacionales como Human Right Watch en su más reciente reporte consideran que el esfuerzo que algunos países realizan en la defensa de los derechos humanos no debe limitarse al cumplimiento de estas normas respecto de sus propios ciudadanos sino que es necesario incluir el respeto a estos principios en su relación con otros países. En consecuencia, han pedido al presidente electo Barak Obama que revise las relaciones bilaterales con ciertos gobiernos considerados por la administración Bush aliados estratégicos en su lucha antiterrorista cuyos atropellos en esta materia fueron pasados por alto debido a esta consideración. Entre dichos países se encuentran Etiopia, Pakistan, Egipto, Israel y Colombia. En este último caso se afirma que el gobierno nacional ha obstruido las investigaciones que buscan establecer los vínculos entre sectores afectos a este y los sanguinarios grupos paramilitares.

El capítulo dedicado a Colombia reconoce los avances de la justicia al revelar los abusos de los paramilitares y sus cómplices. Resalta como los grupos guerrilleros continúan involucrados en secuestros, colocación de minas antipersonales y otros actos violentos contra la población civil, como lo confirma el reciente ataque a la población de Roberto Payan en Nariño que dejó varios niños muertos. De igual manera se reporta la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden y su consecuente impunidad. En materia de desplazamiento forzado, empero, el reporte de Human Rights Watch recoge cifras inquietantes de organizaciones nacionales pues en el primer semestre de 2008 se estima que más de 270.000 colombianos padecieron esta situación lo que implicó un aumento del 41 por ciento frente al mismo período de 2007.

Especial atención merece la persistencia de las acciones de los viejos y nuevos grupos paramilitares amenazando y asesinando a civiles especialmente a defensores de derechos humanos, indígenas y sindicalistas. La misión de la OEA ha contabilizado 22 de estos grupos que considerados en total cuentan con miles de miembros, Su reciente rearme en Colombia es incuestionable para la población y para los entes académicos pero el tema es intocable para las autoridades militares que niegan su existencia con una vehemencia que crea más interrogantes que respuestas. Fieles a la arraigada tradición gramatical colombiana y a sutilezas ontológicas nuestros generales sostienen que en el país solo existen BACRIM (bandas criminales emergentes) pero no agrupaciones paramilitares, aunque muchas corresponden a grupos no desmovilizados que realizan las mismas acciones execrables que sus supuestas antecesoras y cuenten con la colaboración inocultable de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.

El deplorable legado del gobierno republicano en materia de respeto a los derechos humanos mina significativamente la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos y será dura tarea para el nuevo gobierno recuperar esa legitimidad y deshacerse de los inexcusables testimonios de Guantánamo y las desgarradoras imágenes de Abu Grahib. Por otro lado, aunque el mundo se ha vuelto impredecible, el gobierno de Colombia debería tomar en serio la influencia de los activistas de derechos humanos en el gobierno demócrata que se inicia y prepararse para dar evidencias concretas y creíbles de su compromiso en este terreno. Lamentablemente, el terrible registro de sindicalistas muertos- 41 entre enero y octubre de 2008- y la reiterada práctica de criminalizar a las víctimas -como sucedió recientemente con la comunidad Kankuama- no permiten albergar muchas esperanzas. .