Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/07/11 00:00

La solución de la FIP: que los ciudadanos no demanden las leyes.

La solución de la FIP: que los ciudadanos no demanden las leyes.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP), presentó el informe “Las penas de la Corte” (publicado en semana.com) sobre el fallo de la Ley de Justicia y Paz (sentencia C-370 de 2006) y las acusaciones del magistrado Jaime Araujo contra el resto de la Corte. Sin demeritar el trabajo de la FIP, ni el informe en general, hay que hacer un llamado de atención sobre la última parte del mismo:

“Detrás de ese problema hay otro aún más hondo que no recibe suficiente atención: el absurdo pensum de trabajo que tiene la Corte Constitucional y que milagrosamente no tiene más efectos sobre la calidad de sus sentencias. Mientras que en 2003, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España produjo 207 sentencias de amparo y 19 sentencias de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional sacó 869 sentencias de tutela y 338 sentencias de inconstitucionalidad. Es decir, 18 veces más. Cabe advertir que a diferencia del trámite de una tutela, que con frecuencia es asimilable a casos ya fallados, las demandas de inconstitucionalidad requieren naturalmente de largo estudio.
• Como es sabido, parte de la explicación de esta maratón constitucional en lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad está en que, a diferencia de lo que sucede en países como Alemania y España, donde las exigencias para “legitimar” una acción son altas -se limitan básicamente al Presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo y a unas docenas de senadores y diputados-, en Colombia cualquier ciudadano puede presentar una demanda. La consecuencia es que prácticamente toda norma una vez promulgada es demandada. No sobraría aprovechar estas crisis de “comunicación” para reflexionar sobre por qué en Colombia las acciones de inconstitucionalidad han tomado un curso tan extraño.”

Al respecto, hay que hacer varias observaciones. En primer lugar, la acción de inconstitucionalidad no ha tomado un curso extraño: es así y siempre ha sido así. No es ni intenta ser una copia de las acciones análogas en España o Alemania, pues el control abstracto de las leyes por acción ciudadana se inició en Colombia en 1910, y en Venezuela en 1858, mucho antes de que a los europeos se les ocurriera lo mismo (pues la idea surgió en Austria 18 años después cuando Hans Kelsen escribió un ensayo sobre el tema), y en ha seguido el mismo modelo en Colombia desde 1910 hasta ahora. La única diferencia, es que ahora es la Corte Constitucional, y no la Corte Suprema de Justicia, la que decide esas demandas. La primera observación para la FIP es que deberían dejar el eurocentrismo. No todo lo que hay en Colombia es una copia burda de las instituciones extranjeras. Las buenas ideas también ocurren en este lado del globo.

Sin embargo, lo que es realmente grave de las afirmaciones de la FIP es que aparentemente se pretende quitar a los ciudadanos el derecho a demandar las leyes para que la Corte no tenga tanto trabajo. Para examinar esa propuesta, deberíamos preguntarnos ¿cómo sería el estado de la jurisprudencia constitucional si la acción de inconstitucionalidad se reservara a los altos dignatarios del Estado? Las sentencias más importantes de la Corte han surgido de iniciativas individuales de los ciudadanos, y no de los funcionarios públicos. Si solamente el Presidente, el Defensor del Pueblo, y los congresistas, pudieran demandar las normas, no existirían sentencias insignes como la C-027/93 que tumbó gran parte del Concordato, la C-221/94 que despenalizó la dosis personal, la C-700/99 sobre el UPAC, la C-010/00 que eliminó las trabas a la libertad de expresión en la radio, la C-774/01 que adecuó el régimen de la detención preventiva a la Constitución, la C-836/01 que estableció el régimen de precedentes judiciales obligatorios, la C-228/02 que reconoció por primera vez los derechos de las víctimas en los procesos penales (los famosos derechos a la verdad, justicia y reparación, tan nombrados en este proceso de paz), la C-776/03 que tumbó el IVA sobre la canasta familiar, la C-1040/05 sobre la reelección presidencial, la C-355/06 que despenalizó el aborto, y finalmente la C-370/06 sobre la Ley de Justicia y Paz, promovida –no por los altos funcionarios públicos- sino por la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo de ciudadanos independientes que se dedican a defender los derechos humanos y recibir amenazas de los paramilitares. La anterior es una lista meramente enunciativa, y existen muchas otras sentencias de gran importancia, en muchos temas distintos (justicia penal militar, igualdad de género, derechos de minorías sexuales, la inexequibilidad del estatuto antiterrorista, etc) que provienen de iniciativas ciudadanas.

¿Qué pasaría con el Concordato si los ciudadanos no hubieran podido demandarlo? Indudablemente, seguiría en pie. ¿Qué político habría tenido la valentía para demandarlo ante la Corte, si la Iglesia Católica puede inclinar las elecciones de semejante manera? ¿Qué habría pasado con la regulación sobre el aborto si Mónica Roa no hubiera contado con la posibilidad de demandar su penalización ante la Corte? ¿El fallo sobre la Ley de Justicia y Paz se produjo gracias al Presidente, la Defensoría del Pueblo, o un grupo independiente de ciudadanos? El control constitucional requiere de la iniciativa de ciudadanos libres e independientes, inmunes ante las presiones políticas que los grupos de poder pueden ejercer contra los altos funcionarios.

Ahora bien, ¿cómo demuestra la FIP que ley promulgada es ley demandada? No lo hace, simplemente lo saca de su imaginación. El hecho de que haya muchas demandas no implica que se estén demandando las leyes en su integridad. Normalmente se demandan algunas expresiones dentro de ellas, con el fin de evitar interpretaciones adversas a la Constitución. La FIP parecería preferir que haya pocas demandas, y muchas leyes arbitrarias, siempre y cuando la Corte no tenga un “absurdo pensum de trabajo”.

La FIP también afirma que hasta el momento han sido presentadas 6392 demandas en la Corte. Sin embargo, ignora que gran cantidad de ellas son rechazadas por los magistrados por ser manifiestamente improcedentes, y no entran a ser estudiadas.

La propuesta velada de la FIP, que pretende cercenar el derecho ciudadano a demandar las leyes, simplemente privaría a la Constitución de su supremacía, y a los ciudadanos de uno de los mecanismos de defensa más efectivos contra la arbitrariedad del Estado. La acción de inconstitucionalidad no es un simple capricho, es la facultad que se confiere a todo nacional colombiano mayor de 18 años para hacer valer sus derechos, de forma que ni siquiera el Congreso pueda violar las reglas básicas de convivencia que se han establecido para todas las personas residentes en Colombia.

La acción de inconstitucionalidad es una forma de democracia participativa, que se priva de elitismos y ‘roscas’. Para la Corte Constitucional, es indiferente que el demandante sea un prestigioso abogado o político (como lo han sido en varias ocasiones) o que sea cualquier aparecido, que solamente ostenta el título de ciudadano. Las demandas son estudiadas y resueltas, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de identificar una norma constitucional violada, y aducir razones para ello. Con los altos requisitos para convocar a referendos, y presentar proyectos de iniciativa popular, la acción de inconstitucionalidad es probablemente la única acción ciudadana de alto impacto que sí funciona, además de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución.

La propuesta de la FIP es autoritaria, antidemocrática, regresiva, y poco productiva para la paz. Permitiría que las altas esferas de poder ignoraran la Constitución, y ese documento se convertiría en simple letra muerta, al no ser justiciable por los ciudadanos. Así la Constitución no serviría para mucho, pues no sería realmente obligatoria para el Congreso cuando hace las leyes. Tendríamos un Concordato plenamente vigente, con obispos que no pueden ser juzgados por nuestros jueces. Las mujeres adúlteras no podrían casarse, pero los hombres adúlteros sí. Las películas seguirían siendo censuradas por un prelado de la Iglesia Católica, en perjuicio de los derechos de las minorías religiosas. La dosis personal seguiría penalizada. Los fiscales podrían emitir una medida de aseguramiento a su libre arbitrio, sin consultar las finalidades de la detención preventiva. Las víctimas de los delitos no tendrían el derecho a la verdad ni a la justicia. Miles de personas habrían perdido sus viviendas a causa de las fallas del sistema UPAC. Los homosexuales seguirían siendo expulsados de las filas de las fuerzas militares, y no podrían ejercer como notarios ni como profesores. El aborto seguiría penalizado. La Ley de Justicia y Paz no habría sido juzgada por la Corte Constitucional. No habría una orden emitida por la Corte Constitucional para abrir concurso de méritos para nombrar a los notarios. El estatuto antiterrorista seguiría vigente.

Antes de intentar quitar los derechos ciudadanos, se debería pensar en las consecuencias que ellos tienen, y en los beneficios que han traído al país. No se pueden seguir proponiendo reformas para aumentar la eficiencia y la celeridad del aparato judicial a costa de la justicia material que todos nos merecemos.

Guillermo Otálora Lozano (Estudiante de derecho)

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