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Opinión

  • | 2009/03/28 00:00

    La terapéutica moral

    Un Estado democrático no puede pretender imponer estándares oficiales de moralidad, de vida virtuosa, ni de enfermedad

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Un verdadero retroceso es el proyecto de ley de iniciativa gubernamental orientado a prohibir el consumo de drogas y a castigar su porte. De aprobarse, Colombia no será un país libre de drogas, solamente será un país menos libre. Por razones prácticas y filosóficas el proyecto es criticable.

Nadie niega que el abuso de drogas hace daño, igual que el abuso del alcohol o el tabaco. Pero históricamente se ha demostrado hasta la saciedad que la prohibición no es el remedio contra el consumo, así como también hay casos que demuestran que permitir legalmente el uso de drogas no necesariamente aumenta su consumo. En otros casos aumenta el consumo, pero baja el abuso. Cuando la fruta prohibida deja de serlo, es menos apetecible para los jóvenes, siempre inclinados a violar tabúes. De hecho, en Holanda, donde en 1976 se legalizó la venta de marihuana en pequeñas cantidades, cayó su consumo de 10 por ciento a 6,5 por ciento entre los jóvenes. Hay más consumo per cápita de drogas en Estados Unidos, donde están prohibidas, que en Holanda, donde están permitidas.

De otra parte, la prohibición perjudica a los consumidores, que en su inmensa mayoría están dentro de la ley, al tiempo que beneficia a las mafias narcotraficantes, todas relacionadas con el crimen. La prohibición margina y estigmatiza a los consumidores y, por efecto del aumento de los precios, incrementa las ganancias de los narcotraficantes. En términos de salud, la prohibición aumenta la potencia y la peligrosidad de la droga, en tanto que su uso legal permite a los consumidores controlar el mercado. Lo demuestra el café descafeinado, o el aguardiente light: más consumo, menos cirrosis.

¿Que la permisividad aumenta el acceso a la droga? Aun con la prohibición, la droga en las ciudades modernas es muy accesible. Con prohibición o no, el que va a consumir lo hace. En una encuesta reciente, el 55 por ciento de los jóvenes de último año de secundaria en Estados Unidos manifestaron que es fácil conseguir cocaína, y el 85 por ciento consideró que lo es adquirir marihuana. En Colombia, ni hablar; pero, afortunadamente, aun cuando aquí hoy el consumo es legal y hay fácil acceso, tenemos menos consumo que en Argentina, en Chile o en Estados Unidos, donde está prohibido. Y dar con las caletas de los expendedores es cuestión de mera inteligencia policial. Para esto no hay que igualar al consumidor con el narcotraficante.

Pero a las razones prácticas para criticar el proyecto gubernamental hay que añadir las de fondo, las filosóficas. Ese proyecto atenta contra la libertad individual, contra el sagrado derecho que tiene todo individuo a decidir libremente qué hacer con su vida y con su cuerpo, siempre y cuando no lesione los derechos de su prójimo. Desde el punto de vista de la filosofía liberal, el Estado no tiene ningún derecho a tutelar ni a castigar a un adulto libre por lo que hace en su vida privada. Menos derecho tiene a castigarlo con el supuesto propósito de redimirlo, o de protegerlo de sí mismo.

El proyecto pretende obligar a los consumidores de droga a someterse a tratamiento médico. Esto es casi delirante. Al consumidor ocasional o social, libre y sano, se le considera alienado y enfermo. Y la privación terapéutica de la libertad está incluida dizque para impedir que el individuo -alienado- se siga haciendo daño. Pero en un Estado liberal como el nuestro, la medicina y el uso de medicamentos debe ser de la órbita privada del individuo, por fuera de la potestad del Estado, el cual no está autorizado a forzar ningún tratamiento. Entre otras cosas porque un Estado democrático no puede pretender imponer estándares oficiales de moralidad, de vida virtuosa, ni de enfermedad. Y nadie, absolutamente nadie, debe ser privado de la libertad si no es culpable de algún crimen.

Argumenta el gobierno que la Constitución lo autoriza para velar por la vida y la integridad de los ciudadanos. Con esta excusa tan ligera y tan inquietante, para ser filosófica y políticamente consistente el gobierno debería prohibir el alcohol y el tabaco, que ocasionan tanto o más daño que algunas drogas. Y de paso prohibir los deportes extremos, los trapecistas de circo y las corridas de toros, que también conllevan riesgos de muerte a quienes las practican. Y encerrar como enfermos mentales a quienes insistan en poner en riesgo de esa manera su vida y su integridad personal. ¿No es así, Orwell?
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