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Opinión

  • | 2010/12/13 00:00

    La tergiversada historia de la Oficina de Envigado

    Dediqué varios días a leer el libro 'La multinacional del crimen. La tenebrosa oficina de Envigado'. El texto tiene una serie de errores que revelan falta de rigurosidad investigativa.

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Es difícil escribir la historia de un fenómeno criminal cuando lo que se pretende relatar no ha dejado de existir, sino que afronta una de sus múltiples transformaciones y buena parte de los personajes que contribuyeron a forjarla están vivos y continúan delinquiendo.
 
Por ello, para ofrecer una versión apegada a la realidad se requiere una investigación apegada a los hechos, cuidadosa rigurosidad con las fuentes, documentales y humanas, y una comprensión adecuada de las estructuras, tanto legales como ilegales, que hacen posible su supervivencia.

Pensando en ello dediqué varios días a leer el libro La multinacional del crimen. La tenebrosa oficina de Envigado (Alfredo Serano, editorial Random House Mondadori, noviembre del 2010, 242 páginas), que fue presentado como una investigación periodística y cuya estrategia de mercadeo apeló a la seducción del potencial lector ofreciéndolo como un texto “que recorre la historia” de esta empresa criminal.

Dado que uno de mis campos de investigación académica y periodística en los últimos cinco años es, justamente, este tipo de organizaciones criminales, me puse en la tarea de leer con detenimiento el libro de Serrano con el ánimo de encontrar una lectura seria y rigurosa sobre una de las estructuras ilegales referenciada en los últimos treinta años por medios de comunicación, analistas de seguridad urbana, investigadores judiciales, voceros de gobierno y, en general, por un amplio sector de la opinión pública.

Al reflexionar sobre el concepto de verdad, Aristóteles decía que la verdad era decir de lo que es qué es, y decir de lo que no es qué no es. Y considero, muy respetuosamente, que esta visión aristotélica no es de total cumplimiento en el texto escrito por Serrano. La afirmación es demostrable al analizar el texto desde lo metodológico y de contenidos.

Si bien desde la perspectiva metodológica el texto intenta esbozar una tesis central – “la ‘Oficina de Envigado’ nunca dejó de funcionar” – carece de un riguroso soporte documental que sostenga que esta estructura puede considerarse como “una multinacional del crimen”. Los datos que ofrece el autor no están lo suficientemente ubicados de manera coherente ni en el tiempo ni en el espacio para sustentar tal rótulo.

Siguiéndole el rastro a ese tema se identifica una de las debilidades del trabajo: va de una temporalidad a otra sin sentido narrativo alguno, superponiendo relatos que no poseen vínculo entre sí ni coherencia estructural: de la visita de ex paramilitares a la Casa de Nariño pasa a los tiempos de Pablo Escobar; de la “apacible” Envigado a la descripción de integrantes de la estructura criminal; de la cárcel La Catedral a los bloques paramilitares… Y así sucesivamente.

El antropólogo y filósofo francés Paul Ricoeur (1917-2005) reiteró en algunas de sus reflexiones que los relatos históricos pretenden reconfigurar la experiencia del ser humano dándole un orden y sentido a las circunstancias que rodean los hechos y los personajes a través del tiempo. Lastimosamente el trabajo de Serrano no se ajusta a esos conceptos.

Al abordar el análisis sobre los contenidos, el texto contiene una serie de errores que revelan falta de rigurosidad investigativa. A través de ellos se percibe un desacertado proceso de indagación que otorga funciones que no son ciertas, diluye responsabilidades estatales, matiza relaciones entre lo legal y lo ilegal, crea falsas relaciones y tergiversa realidades.

Al respecto, me llamaron la atención algunos datos equívocos, como por ejemplo que el hoy magistrado auxiliar Iván Velásquez libró orden de captura contra el empresario deportivo Gustavo Upegui López en 1988 cuando estuvo en la Fiscalía en Antioquia (p. 33). Resulta que Upegui ni fue capturado en ese año ni la orden la expidió Velásquez. Este empresario fue capturado el 11 de noviembre de 1998 a la salida del estado de Envigado por orden de un fiscal adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Para ese año, Velásquez ocupaba el cargo de Director Regional de Fiscalías y no tenía injerencia en ese proceso.

Un aspecto que revela falta de profundización en el tema tiene que ver con el papel que le asigna el autor a Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido con el alias de ‘Rogelio’, quien se entregó a mediados de 2008 a las autoridades norteamericanas para responder por delitos asociados al tráfico de narcóticos. Dice Serrano que este criminal en el año 2007 “había logrado infiltrar a varios organismos de seguridad gracias a los conocimientos que había adquirido cuando trabajó en la Fiscalía” (p. 46).

Al decirlo de esa manera diluye la responsabilidad de amplios sectores de los organismos de seguridad del Estado en el funcionamiento estructural de la ‘Oficina de Envigado’. Los hechos evidencian que desde mediados de la década del noventa hubo una predisposición de varias dependencias estatales para colaborar con esta empresa criminal con el fin de garantizar que sus actuaciones se realizaran sin mayores problemas y quedaran en la impunidad.

De esa predisposición estatal hacia el proyecto paramilitar da cuenta una exhaustiva investigación, en circulación desde octubre pasado, publicada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad titulada Memoria de la impunidad en Antioquia. Lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, realizada por el Equipo interdisciplinario ad hoc sobre impunidad y justicia. A través de una amplia documentación se logró demostrar cómo a través de diversos mecanismos, tanto legales como ilegales, sectores de la justicia en Medellín actuaron a favor del proyecto contrainsurgente.

Otro error que diluye responsabilidades estatales es el de atribuirle la constitución de la Corporación Democracia a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en diciembre de 2003 (p. 183). Esta organización no gubernamental se creó el 10 de diciembre de 2003 en el municipio de La Ceja, Antioquia, como parte de los acuerdos entre el bloque Cacique Nutibara de las AUC y el Gobierno Nacional, pero luego fue señalada por la Fiscalía General de la Nación como el brazo político de la ‘Oficina de Envigado’.

Un equívoco más del libro que evidencia una profunda confusión histórica es una serie de atribuciones que se le da al empresario antioqueño Juan Felipe Sierra Fernández, detenido por sus presuntos nexos con grupos criminales y en cuyo proceso penal también está involucrado el ex director encargado de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio (p. 225 y ss).

El autor le atribuye a Sierra Fernández tres papeles que de acuerdo con la realidad no son ciertos: el primero, que conformó el grupo de los llamados “Los doce del patíbulo”, un grupo de narcotraficantes que entregaron información sobre Pablo Escobar a cambio de inmunidad. Quienes lo integraron fueron: Luis Enrique Ramírez Murillo; Armando Muñoz Azcarate; Gustavo Tapias Ospina; Eugenio León García Jaramillo; Benito Mainieri Medina; Guillermo de Jesús Blandón Cardona; Frank Cárdenas Palacio; Luis Guillermo Ángel Restrepo; Giovanny Caicedo Tascón; Pablo Enrique Agredo Moncada; Hernán Emilio Sepúlveda; y Gabriel Puerta Parra.

El segundo papel atribuido a Sierra Fernández es el de su participación en la falsificación de un documento mediante el cual el ex paramilitar Francisco Villalba Hernández se retractaba de la acusación que le había hecho a Álvaro Uribe Vélez como autor intelectual de la masacre de El Aro (Ituango, 22 de octubre de 1997), cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Quien realmente hizo esa gestión fue el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso Sierra’, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, con otros jefes paramilitares a Estados Unidos.

Y el tercer papel es ser el propietario del helicóptero en el que perdió la vida el ex secretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa en el Urabá antioqueño el 26 de febrero de 2006. El dato no es correcto. El ex funcionario perdió la vida en una aeronave helicóptero BELL 2006 B de la empresa Helicargo, de propiedad de Luis Guillermo Ángel Restrepo, un polémico empresario que hizo parte de los llamados “Los doce del patíbulo”.

En una serie de reflexiones consignadas en su obra La construcción de la realidad social (editorial Paidós, 1997), John R. Searle indica que “la verdad es una cuestión de correspondencia con los hechos”. A la luz de este teórico, el texto de Serrano no es coherente con esa relación.

Por último, tanto las deficiencias en lo metodológico como los errores en el contenido me llevan a preguntarme por la intencionalidad histórica del texto: ¿qué se pretende con un texto que evidencia carencias en el rigor investigativo? ¿Puede otorgársele a la tergiversación un papel en la construcción de la historia o, simplemente, es un resultado que surge de la falta de conocimiento? Para no especular sobre el asunto, me quedo con una pregunta simple: ¿lo que compré y consumí sólo fue un producto en cuya elaboración faltó control de calidad? Creo que a los libros y a las casas editoriales también se les puede preguntar eso. Y deben responder.

Quisiera concluir afirmando que hay historias, como las de las empresas criminales, que para ser contadas requieren paciencia en la indagación y enfrentarlas bajo la perspectiva de un proceso que está en constante evolución. Lo que me preocupa con este tipo de libros es que el afán mercantilista de las casas editoriales está por encima de la rigurosidad académica, conceptual e investigativa. Esa dinámica comercial es la que va tergiversando la Historia.
 
* Periodista y docente universitario.
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