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Opinión

  • | 2012/10/09 00:00

    La tierra, ese objeto de disputa en Urabá

    Lo que queda demostrado con las nuevas denuncias del Incoder y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es que la tierra en el Urabá antioqueño continúa siendo un botín del gran capital.

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Hace varios días estuve hablando con dos campesinos del Urabá antioqueño y en sus miradas se reflejaba la angustia de saber que el gran capital aún mantiene el interés por acumular tierra y dejarlos a ellos relegados del progreso, sometiéndolos a procesos de pauperización laboral y productiva.
 
Ellos se habían enterado de las denuncias del Incoder y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre un “cartel de tierras” que, entre 2007 y 2011 se apropió de por los menos 100 mil hectáreas de tierra a través de prácticas que, en el pasado, fueron utilizadas por paramilitares e inversionistas para despojar a los campesinos de sus predios, abandonados por amenazas y el miedo a los efectos de la guerra. “Los ricos no han dejado de tener interés por la tierra en Urabá”, me dijo uno de los labriegos.

La paradoja de esta subregión es dolorosa: mientras cientos de campesinos se convirtieron en errantes, sin trabajo estable, hacinados en los cinturones de miseria de las ciudades y despojados de sus parcelas por grupos paramilitares; la avidez del gran capital agroindustrial y especulativo se exacerbaba, pretendiendo, mediante prácticas engañosas, acumular tierras. Esta vez fueron por baldíos propiedad del Estado. Su ambición no tiene límites.
 
Poco a poco se va confirmando que el conflicto armado en el Urabá antioqueño tenía un objetivo concreto, más allá de las operaciones antiguerrilleras y contrainsurgentes: se trataba de la acumulación de tierras a como diera lugar. Sacar a los grupos subversivos de la zona era un propósito, pero detrás de todo ello estaba el interés de unos inversionistas que, apalancados en los fusiles, fueron acumulando predios, como quien atesora monedas en una alcancía: un predio, dos predios, cuatro predios… El despojo aumentaba en proporciones geométricas al desplazamiento forzado.
 
En un exhaustivo trabajo de investigación realizado por el portal VerdadAbierta.com sobre el despojo de tierras en Urabá, aparece la voz del paramilitar Ever Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’. Su visión sobre los reales motivos de la confrontación armada en esta subregión agroindustrial de Antioquia cobra vigencia: “Entré a una lucha antisubversiva convencido que había que acabar con el comunismo armado, pero resulta que había otros intereses, de otras personas, que eran las tierras. En ese momento, no lo visionaba, no sabía la importancia que tenían, por ejemplo, las tierras de Bajirá para el país, pero esos bananeros, esos empresarios y Vicente Castaño sí lo sabían”.
 
Días después del 15 agosto del 2006, cuando se desmovilizó la última facción del Bloque Elmer Cárdenas, comandadas por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, comenzaron a rearmarse las nuevas estructuras armadas ilegales, entre ellas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lideradas justamente por Daniel Rendón Herrera, hermano de alias ‘El Alemán’. Nada de eso es coincidencia, no es otra cosa que la prolongación de un proyecto armado que, además de los intereses en el narcotráfico, tiene también sus ojos puestos en la tierra, un objetivo que no se pierde de la noche a la mañana, mucho menos en áreas como la de Urabá, donde vale tanto, por su productividad, biodiversidad y ubicación estratégica.
 
Ante las nuevas denuncias de robo de tierras, es importante establecer el papel que estarían cumpliendo los ‘Gaitanistas’ en esta nueva fase de apropiación de baldíos. “Aquí en Urabá no se mueve nada en algunas zonas sin la voluntad de los Gaitanistas”, me confirma uno de los campesinos. “Sus integrantes son los mismos de antes, cuando estaban las Auc, lo sé porque yo los conozco desde hace tiempo, varios de ellos son vecinos míos”.
 
Esa continuidad del proyecto armado sugiere que las alianzas del pasado, referidas por alias ‘HH’, también se mantendrían en el presente. Basta observar que las adjudicaciones irregulares de tierras baldías denunciadas por el Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comenzaron en 2007, justamente cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como ‘Los Urabeños’, coparon los espacios dejados por las Auc y consolidaron su poder militar en esa subregión de Antioquia.
 
La tierra no sólo vale por lo que se le pueda sembrar o por lo que tiene en sus entrañas, también tiene un alto valor por su ubicación estratégica, particularmente para los intereses del narcotráfico. Por eso es importante que las agencias de investigación estatales establezcan y publiciten quiénes son los beneficiados con las adjudicaciones irregulares de baldíos, cuál es el origen de sus capitales y precisen su trayectoria en la subregión del Urabá antioqueño, tres aspectos claves para confirmar o descartar líneas de continuidad en relación con la ilegalidad que se vivió allí durante más de una década.
 
Se intuye en todo este asunto que quienes están involucrados, más allá de los grises y codiciosos funcionarios de dependencias estatales, deben ser inversionistas dispuestos a arriesgar sus capitales a través de unos mecanismos administrativos ajenos a todas las disposiciones regladas en el tema de las adjudicaciones de baldíos con el fin de hacerse a unos predios que, a mi juicio, tendrían que ser muy valiosos para aventurarse en estas irregularidades. Aquí me surge dos preguntas: ¿Dónde están ubicadas esas miles de hectáreas? ¿Están dispersas o hacen parte de un gran bloque que permite intuir que no sólo serviría para fines productivos sino para otros objetivos, como el de consolidar corredores de movilidad estratégicos para el narcotráfico?
 
Pero tengo más preguntas: ¿Qué les daba tanta seguridad a los beneficiados de las titulaciones irregulares para correr esos riesgos, a sabiendas de que sobre la subregión de Urabá están puestos los ojos de diversas entidades, nacionales y extranjeras, que velan por una pronta y clara restitución de tierras despojadas por los paramilitares? ¿Quién o quiénes garantizaron el éxito en esas operaciones? ¿Se avecinaba un periodo de especulación de predios con qué fin de lavar dinero procedente del tráfico de drogas?
 
Creo que más allá de la denuncia por parte del Incoder y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hay un trecho largo por recorrer, en el que se tendrán que corroborar o descartar algunas hipótesis aquí planteadas y muchas más que surjan a partir de otras lecturas de esta situación. Lo que me queda claro es que el capital no duerme y se desvela armando argucias para apropiarse de la tierra y, como dicen los dos campesinos entrevistados, “mantenernos pobres y desplazados”.
 
* Periodista e investigador
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