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Opinión

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Jorge Luis Borges decía en alguna entrevista que la democracia es un abuso de la aritmética. Tenía razón, aunque se trate de un abuso menos aberrante que otros de los que se han usado a lo largo de la historia para escoger gobernantes: ese abuso de la genética que son las monarquías hereditarias, o ese abuso de la física que son las dictaduras basadas en la fuerza de las armas, o ese abusode la teología que son los regímenes teocráticos. Pero Borges tenía razón sobre todo porque, en sana lógica, debe existir una coherencia entre los instrumentos y los fines. Así como no se puede usar la política (o abusar de ella) para corregir la genética, como pretendió hacerse con resultados científicos catastróficos en la Unión Soviética de Stalin; ni se puede usar la teología para dictar la astronomía, como hizo la Iglesia en el caso de Galileo; ni se puede usar la genética para forzar la aritmética, como cuando el rey Luis de Francia se hizo llamar 18 siendo apenas el 17; así tampoco se puede usar la democracia aritmética para manipular la lógica, como pretende ahora el presidente Ernesto Samper con el anunciado plebiscito por la paz.
Es verdad que en Colombia hemos llevado la aberración de usar instrumentos para fines que nada tienen que ver con ellos hasta extremos que hubieran asombrado a Borges, pero los resultados han sido siempre deplorables. Usamos la química para cambiar las leyes de la economía, fumigando cocales: y el efecto es una sublevación campesina. Y la aritmética de la democracia la reemplazamos con plata. Del mismo modo, las horas de almorzar o de comer no las usamos ni para almorzar ni para comer, sino para tomar trago. Lo cual solo conduce a que los alcaldes autocráticos como el que teníamos hasta hace unos días en Bogotá usen su poder electoral para prohibir tomar trago a las horas de tomar trago. Y así sucesivamente. Con la brillante idea del plebiscito electoral para alcanzar la paz sucederá algo parecido: como el medio no es adecuado al fin, el resultado tampoco tendrá nada que ver con él. O, si acaso, solamente en el sentido de que será una agravación de la guerra.
El medio no es adecuado al fin: las elecciones son, en el mejor de los casos, una consecuencia de la paz, pero jamás su causa. La paz es consecuencia de que haya justicia, tanto en el sentido jurídico como en el económico, y no de que una mayoría electoral se declare partidaria de la paz. Lo mismo daría que se declarara partidaria de la belleza en otro plebiscito: la belleza es función de la buena alimentación, entre otras cosas, pero jamás del voto. Tal vez lo único que ha tenido Colombia en los últimos dos siglos, y de manera ininterrumpida, es eso: elecciones. Y jamás se ha dado el caso de que las elecciones hayan contribuido en lo más mínimo a que en el país haya paz: más bien ha sucedido lo contrario: todos los brotes de guerra han provenido de algún evento electoral. Y quienes hoy hacen la guerra, tanto de un lado como del otro, están en eso precisamente porque no creen en las elecciones o no aceptan sus resultados. Tanto los elenos y las Farc, que se fueron al monte a echar tiros como resultado de distintas farsas electorales, como, enfrentados a ellos, los numerosos grupos paramilitares; responsables, entre otras cosas, del exterminio de aquel grupo que se llamó la Unión Patriótica que cometió el error de creer que, porque había ganado las elecciones en un montón de pueblos, no lo iban a exterminar. Creer que un plebiscito en favor de la paz va a cambiar la opinión de quienes por principio están en contra, no de la paz, sino de los plebiscitos, es una ingenuidad o un crimen.
Un detalle final: aun suponiendo que todos los colombianos que votan en las elecciones votarán a favor de la paz, se podría demostrar cifras en mano que una inmensa mayoría de colombianos, los que no votan, están en contra de ella o consideran que no interesa. La victoria de la abstención será una derrota de la paz. Y entonces habrá que proseguir la guerra por mandato electoral.
Y también, claro está, habrá que abrogar ese absurdo artículo de la Constitución del 91 que proclama que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". No sé si los promotores del plebiscito por la paz, incluyendo al sinuoso presidente Samper que quiere utilizarlo como un sustituto para la política de paz, se hayan percatado de que desde que semejante tontería se incluyó en la Carta la guerra ha arreciado considerablemente.
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