La tutela que hizo justicia con las víctimas

Colombia vivió durante casi cinco décadas bajo los poderes excepcionales que le daba al presidente de turno, el estado de sitio. Esa figura la utilizó “la democracia más antigua del continente” para garantizar el orden público y, al amparo de esa facultad excepcional, se consintió la tortura, el encarcelamiento sin orden judicial y la desaparición forzada, es decir, la violación sistemática de los derechos humanos.

Para infortunio de millones de colombianos esos gobiernos, los que aplicaron el estado de sitio, nunca fueron impugnados por autoridad alguna, en aquella época no existía la Corte Penal Internacional (CPI) –El Estatuto de Roma- sino en sus estanterías no cabrían las demandas contra el Estado colombiano.

Los ochenta fueron, literalmente, los años del terror contra los movimientos sociales organizados en acción contestataria y a esas historias terroríficas hoy sobreviven millones de víctimas que nunca supieron de los autores de los crímenes contra sus familiares y amigos; a lo Stalin en la peor época de la Unión Soviética: represión mezclada con desplazamiento y desaparición. Claro, se gobernaba por decreto y la fuerza pública actuaba amparada en las decisiones del poder presidencial bajo la más absoluta impunidad. El Frente Nacional, que nunca desapareció, fue el mascarón de proa para cerrarle las puertas a cualquier manifestación política de oposición.

Toda esta tragedia es la que se pretende superar con la implementación del acuerdo de paz, pero las fuerzas políticas tradicionales en el Congreso actúan bajo premisas retardatarias, ancladas en los cimientos del viejo Frente Nacional: cero apertura democrática y sí a la legitimación del poder de las élites políticas. No de otra manera se puede interpretar la decisión del Senado de desconocer las 16 curules para las víctimas del conflicto armado, tal como se acordó en el pacto de paz.

La decisión del Senado fue políticamente correcta pero jurídicamente incorrecta. Claro, para el presidente de la corporación Efraín Cepeda, que había votado a favor todos los proyectos de implementación de la paz, le quedaba de pa´rriba ir contra las directivas de su partido, el Conservador, que se oponían a la circunscripción por ello optó por una resolución poco convincente y dejó en el limbo el futuro de las 16 curules.

Dicho esto, la estrategia del Gobierno de agotar todas las instancias legales para hacer valer la decisión que tomó la plenaria del Senado es válida, por ello en buena hora el concepto del Consejo de Estado, aunque no vinculante, que asegura que el acto legislativo fue aprobado auguraba un buen presagio. Y días después ese buen presagio se hizo realidad; tras una tutela presentada por una de las víctimas una juez falló en el mismo sentido del Contencioso y ordenó a la presidencia del Congreso enviar el acto legislativo transitorio que crea las 16 curules al presidente de la república para su promulgación. Se hizo justicia con las víctimas y con el Acuerdo del Teatro Colón, que se pactó para cumplirlo.

Más allá de esta innecesaria e insólita polémica es claro que el proceso de implementación en el Congreso sirvió para que aflorara lo más hirsuto de las posiciones políticas similares a las prácticas insanas que se heredaron del Frente Nacional cuyo pacto no buscaba cosa distinta a que las fuerza tradicionales se perpetuaran en el poder. Las consecuencias de este suceso político excluyente aún las estamos pagando los colombianos, llegó la hora de superar este Frankestein, y una paso en esa dirección , por ejemplo, es respetarle las 16 curules a las víctimas.

@jairotevi