Momentos amargos para la justicia en Colombia, ha habido varios. Qué tal cuando descubrimos las turbias relaciones entre el mafioso Giorgio Sale y los magistrados de las altas cortes o cuando se revelaron conversaciones (obtenidas de modo ilegal, hay que decirlo) en las que los togados advertían que ciertos juicios a exministros de Estado había que adelantarlos con criterios político-revanchistas y no precisamente fallando en derecho.
Ni hablar de lo que sucedió cuando un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura resultó salpicado por la manipulación de una tutela que tenía que ver con los llamados falsos positivos y tuvo que renunciar ante el Congreso, o más recientemente cuando nos percatamos de que la corrupción llegó a la propia Corte Constitucional –la joya de la corona– con el caso del exmagistrado Jorge Pretelt.
Sin embargo, la diferencia entre aquellas coyunturas y la actual es que, como nunca antes había ocurrido, hoy los actores que pueden desenredar la pita, investigar a fondo y castigar a los responsables de la corrupción judicial tienen incentivos suficientes para hacerlo.
El fiscal Néstor Humberto Martínez cuenta con la obligación de sacudirse para expiar su pecado de haber nombrado director anticorrupción al más corrupto de todos los abogados. En ese sentido le interesa mostrar resultados prontamente y dejar callados a sus feroces críticos con acciones concretas. No creo que Martínez vaya a terminar su vida profesional -o pretenda catapultarse a la presidencia- habiendo hecho una fiscalía cuestionada o perdedora. No es su talente y seguramente ello le llevará a dar golpes duros contra la corrupción que permitan que su responsabilidad política en el nombramiento de Gustavo Moreno quede diluida frente a los buenos resultados que pueda obtener si se decide a encontrar verdades judiciales, caiga quien caiga.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia tiene también la última oportunidad para demostrar que no todos sus miembros son una partida de clientelistas y que pueden auto-regularse sin la necesidad de una constituyente que incluya una revocatoria general para todos ellos. El hecho de que quien comande las investigaciones sea un magistrado que se opuso en los últimos pulsos de poder a dejarle el espacio abierto a Ricaurte y Bustos para poner sus fichas en el alto tribunal, es también garantía de que, esta vez sí, puede llegarse al fondo de la situación.
Finalmente están los representantes a la cámara de la inútil comisión de acusaciones. Aunque no van a lograr que ese organismo se reivindique después de décadas de probada ineficiencia, algunos de ellos cuentan con la motivación personal de ser reelegidos si se lucen en la investigación frente a los magistrados corruptos y, por la proximidad de las elecciones, no dudo que querrán mostrarse como diligentes investigadores para ganarse unos cuantos votos antes que agradar a sus investigados dilatando el proceso y exponiéndose a un castigo de la opinión pública que se puede trasladar inmediatamente a las urnas.
A todas estas afortunadas circunstancias se suma la presencia inédita de Estados Unidos en una investigación por corrupción judicial. Su ayuda ha sido determinante y los actores institucionales internos saben que si no producen resultados, los gringos lo harán por ellos revelando más conversaciones entre bandidos o soltando delaciones y confesiones de quienes están hoy bajo su protección (o bajo su mira).
No quiero pecar de ingenuo pero creo que esta vez hay incentivos personales suficientes que motivan individual o colectivamente a quienes tienen el poder de destapar el bien llamado ‘Cartel de la Toga’ que venía desde hace años operando a plena luz del día sin que nadie hiciera nada para detenerlo.
Luego veremos cómo hacer una reingeniería institucional que responda a los problemas estructurales y no a las coyunturas en caliente. Por ahora, ¡que canten los que tienen que cantar!... es su última oportunidad.
Twitter @JoseMAcevedo