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Opinión

  • | 2017/02/28 17:10

    La encrucijada de los militares

    La única salida viable y eficiente a los problemas jurídicos de la fuerza pública es la JEP. 

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No debe ser fácil ser militar activo ni en uso de buen retiro en estos días cuando civiles discuten la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Civiles que nunca han vestido un uniforme, que nunca han pasado meses en la selva incomunicados de sus familias; civiles que nunca han visto a sus compañeros estallar en mil pedazos al pisar una mina quiebrapatas; civiles que nunca han oído los gritos de dolor -los alaridos- de un joven de 18 años cuando se da cuenta de que del par de piernas sólo le queda una; civiles que nunca han participado en combate ni conocen la sensación del zumbido de las balas; civiles que deben sus vidas al sacrificio de otros. Son ellos, irónicamente, quienes decidirán la suerte y el futuro de miles de hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.

Esto no es normal. Históricamente, no sólo en Colombia, sino en el mundo entero,  los militares se juzgan ellos mismos. Existe una percepción generalizada de que sólo en nuestro conflicto hubo atrocidades de agentes estatales; que las otras guerras fueron diáfanas. Y que los pocos errores fueron castigados ejemplarmente. No fue así. Ni los militares franceses que ensangrentaron a Argelia ni los estadounidenses en Afganistán e Irak pagaron por sus abusos.

En el 2005 un grupo de "marines" ingresó a una casa en la población de Haditha, Irak. Asesinaron a quemarropa a mujeres, niños y a un anciano en silla de ruedas. En un comunicado de la época, el Comando estadounidense informó de la muerte de civiles por una bomba y de ocho insurgentes después en combate. Una investigación posterior confirmaría que fue una masacre de 24 indefensas personas. Los  "marines" se estaban vengando por la muerte de uno de los suyos. A pesar del horror, a sus superiores, incluidos los que mandaban en la jurisdicción de los hechos y a quienes autorizaron las mentiras públicas sobre los acontecimientos, no les pasó nada. Se supuso que sus hombres actuaron solos y en contravención de sus órdenes de obrar dentro de la ley. 

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Allí yace el meollo del debate sobre la responsabilidad de mando en las Fuerzas Militares colombianas por atrocidades cometidas durante el conflicto: la presunción de la legalidad de las acciones de su tropa. Se ha querido hacer una perversa equivalencia de la relación del Secretariado con sus guerrilleros. Asombra que haya quienes compren y repliquen esa tesis. 

Las FARC fueron, en su esencia, una  organización criminal que operaba con las mismas reglas que la mafia. Quien se saliera del libreto u osara desertar sabía que su traición podría costarle la vida. Desde el primer día, el objetivo central -el “core business”-  de las FARC era delinquir (la rebelión es un delito en Colombia) y por eso todas sus actuaciones se realizaron en la ilegalidad. Dada su estructura mafiosa y jerárquica, es inevitable que los comandantes guerrilleros deban responder por  los crímenes de sus hombres y mujeres. No ocurre lo mismo con la fuerza pública. La “raison d‘être” de sus miembros es defender las leyes y la Constitución. Y por ello no se puede concluir que un acto ilegal de un soldado sea automáticamente culpa de su superior o superiores.

En síntesis, esa es la preocupación de algunos militares activos y retirados con la JEP: que tengan que pagar los platos rotos de unos subalternos que violaron su juramento. Y de ñapa, que sean unos civiles quienes determinen su suerte.

Sin embargo, si bien es entendible su angustia, esta situación no es nueva. Desde hace años los militares colombianos son investigados por la justicia ordinaria. Hay alrededor de 5.000  vinculados por su presunta participación en actos delictivos durante el conflicto, incluidos generales y coroneles. 
Lo nuevo, irónicamente, es que haya una salida viable y eficiente al problema que agobia hoy a miles de familias de las Fuerzas Militares y de la Policía, que ven cómo pasan los meses y años sin que se resuelva la situación jurídica o penitenciaria de sus hijos, esposos y padres. La solución está en la JEP y el tratamiento especial que se les otorga a los militares.

Se estima que unos 1.200 militares y policías condenados regresarán a casa en los próximos meses, gracias al acuerdo con las FARC. Con la JEP, se puede poner punto final a todos los procesos judiciales que se adelantan contra miembros de la fuerza pública. Es la única manera de pasar la página. La alternativa es el "statu quo" de investigaciones eternas e inseguridad jurídica. Nuestros militares merecen más, mucho más.

En Twitter  Fonzi65 

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