Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2004/05/30 00:00

La Unión Europea y la lucha contra las drogas

La semana pasada, en la sede de la Unesco de París se realizó el 'Coloquio internacional sobre cultivos ilícitos en la región andina' y en Guadalajara, la III Cumbre de los Países Europeos y Latinoamericanos, donde se abarcó este tema. El sociólogo Giovanni Molano, teniendo en cuenta estos dos eventos, hace un análisis de la política contra las drogas que ha adoptado el Viejo Continente.

La Unión Europea y la lucha contra las drogas

Según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, la marihuana llega de Marruecos a la Unión Europea (UE), la heroína de Afganistán y el sureste asiático a través de Irán, Turquía y los Balkanes y la cocaína, 200 toneladas anuales en promedio, de la región andina con rutas de tráfico que van del río Bravo a la Patagonia. El creciente consumo ha ubicado la lucha contra las drogas como prioridad de la política interna y externa de la UE.

Existen dos tendencias en el interior de la UE sobre drogas ilícitas. Países como Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal, Francia y España optan por la prevencion, la educacion y, en algunos casos, la despenalización; otros, como Suecia, Dinamarca y hace poco Italia, tienen mayor disposición de reprimir drogas y consumidores. Pero en ningun país el debate sobre drogas ilícitas se da en el terreno moral ni está vinculado con la seguridad nacional. Cada vez hay más sensibilidad para tratar el tema como un problema de salud pública. Así quedó demostrado el pasado 11 de mayo, cuando 200 expertos de los 25 países miembros se reunieron en Dublín para lanzar las bases de la estrategia antidrogas para los próximos años. Reducir riesgos sociales y sanitarios más que 'guerra contra las drogas'.

La preocupación europea por las drogas ilícitas busca reducir el consumo y la iniciación al consumo, aumentar el número de adictos rehabilitados, atender las enfermedades relacionadas, prevenir la criminalidad y fomentar la cooperación policial, aduanera y judicial entre estados para el control de precursores químicos y combatir el narcotrafico y el lavado de capitales. Según Europol, el narcotráfico es la principal actividad de los grupos delictivos en la UE. Ningún otro ámbito del crimen organizado brinda beneficios tan enormes en el Viejo Continente.

El asunto de las drogas está presente en las políticas que conforman la acción exterior de la UE: la política comercial, la política de cooperación al desarrollo y la política exterior y de seguridad común. La UE otorga preferencias aduaneras a las exportaciones de la región andina y América Central bajo la lógica de la corresponsabilidad y para promover el desarrollo alternativo en zonas de cultivo de uso ilícito. Se opone a la fumigación de cultivos de coca por considerarla dañina para la salud y el medio ambiente y vigila que su ayuda económica financie programas de sustitución manual que respetan los derechos humanos.

Pero, como en otros casos de la política europea, en la estrategia antidrogas del dicho al hecho hay mucho trecho. En su definición intervienen los 25 estados miembros, el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Por ello para América Latina, la UE es un actor y un espacio estratégico para insistir en la naturaleza multilateral e internacional del tema de las drogas ilícitas y en la necesidad de revaluar las actuales políticas públicas contra su producción, tráfico y consumo. Sin embargo, a escala interna los países europeos no siempre siguen las resoluciones que adoptan en el ámbito comunitario.

A escala externa, si las preferencias aduaneras aplican el principio político de coresponsabilidad en la lucha contra la droga, en la práctica priman los intereses comerciales y son excluidos los productos que la autoridades comunitarias consideran competitivos. En Guadalajara, los países andinos y centroamericanos manifestaron su interés en firmar acuerdos de libre comercio que darían estabilidad a los programas de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos de uso ilícito. Frente al compromiso de fortalecer la democracia, el Estado, la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos, es significativa la ausencia de una política europea concreta para Colombia porque el conflicto armado y su solución política negociada están vinculados con el narcotrafico. La UE ha aprobado más de 300 millones de euros, principalmente para los denominados 'laboratorios de paz'. Pero como afirman los mismos europeos, se trata de exitosos programas piloto. No se trata de 'narcotizar' las relaciones con Colombia, pero tampoco se debe esperar la confirmación oficial e internacional de crisis humanitaria.

* Sociologo. Candidato a doctorado en ciencia política de la Universidad de la Sorbona.

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