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Opinión

  • | 2006/10/21 00:00

    La verdad y la paz

    El Ejecutivo, creador del Frankenstein de Ralito, tiene todavía mucho por hacer para lograr que se conozca la verdad, y el proceso de paz con el paramilitarismo sea auténticamente exitoso.

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El senador Gustavo Petro del Polo Democrático dijo, en el debate en el Congreso del miércoles pasado, que solamente la verdad salvará el proceso de desmonte de los grupos paramilitares. Por eso, aseguró, la Fiscalía y los magistrados encargados de aplicar la Ley de Justicia y Paz, tienen en sus manos encontrar esa verdad, y sobre ésta cimentar una paz duradera. El raciocinio de que sólo la verdad traerá una paz sostenible es acertado. No lo es tanto, afirmar que esta depende sólo de la justicia. Para entender por qué, hay que empezar desde el principio.
 
El gobierno dejó la negociación política con las AUC a medio cocinar. Como bien se quejó hace unas semanas el jefe paramilitar prófugo Vicente Castaño, a diferencia de procesos de paz anteriores, en el de Ralito no se suscribió un acta de acuerdos entre ellos y el gobierno, donde constara por escrito a qué se comprometían las partes. Nadie supo a ciencia cierta qué prometió el gobierno a puerta cerrada, ni hasta dónde llegó realmente la voluntad de sometimiento de los jefes paras. Lo que se ha sabido ha sido de la peor manera. Filtraciones de unas conversaciones entre el Alto Comisionado y las AUC que dejaron la sensación de que el funcionario estaba prometiendo más de lo que habían aceptado públicamente, como la no extradición. Declaraciones de los mismos paramilitares, o de funcionarios torcidos e informantes interesados, que mezclaron verdades y mentiras en una misma y confusa bolsa. Archivos del paracomputador que revelan que uno de los jefes, mientras anunciaba en público espíritu conciliador y cese de fuegos, en secreto mandaba matar profesores, presionaba políticos y corrompía funcionarios.

Pero es que en ningún papel Jorge 40, ni Don Berna, ni los otros jefes, ni sus subalternos, firmaron que iban a desmontar sus maquinarias de manipulación y fraude electoral, ni de infiltración a las autoridades, ni de extorsión a los comerciantes, ni siquiera de asesinatos selectivos o de exportación de cocaína Y nadie sabe, ciencia cierta, si realmente el gobierno se los exigió. Como tampoco consta en ningún documento con la firma de las partes, que el gobierno se comprometiera a garantizarles un tope máximo de cárcel, que no los extraditaría, ni con qué fincas o negocios les permitía quedarse.

Fue un proceso muy pragmático, muy a la Uribe, sin teoría, puros hechos. Los paras entregaron 41.000 hombres (fueran de ellos o no, no había que decirlo) y 18.000 armas, y estuvo la paz. ¿Qué mas pedir?

Pero la papa quedó cruda, y así se la arrojaron al Congreso primero, y luego a la justicia para que la terminara de cocer como mejor pudiera. Por eso ahora nos enteramos de que las AUC, ni cortas ni perezosas y sin nada en firme, enviaron sus lobbistas al Congreso a asegurarse de que la Ley de Justicia y Paz les saliera a su medida. Y, luego, cuando la Corte cumplió con su deber de salvaguardar la Constitución, las AUC salieron a decir a los cuatro vientos que los magistrados se habían pegoteado la paz. El Ejecutivo se vio obligado a asumir de nuevo la responsabilidad de su Frankenstein, del cual tan fácilmente había creído desembarazarse y sacó su famoso decreto reglamentario de la Ley. Quién sabe si en unos meses aparecerá otro archivo de computador que nos revele si fue que las AUC le hicieron lobby al ministro Sabas para conseguir el decretico.

Ahora le toca el turno de la papa cruda a la Fiscalía. Todos los poderes, desde Restrepo hasta Petro, salen a decirle que de ella depende que se salve el proceso. A partir de unos simples listados de desmovilizados que le dio el gobierno, sin más información, la Fiscalía tiene que descubrir toda la verdad. Tiene que acumular otra vez los procesos que había fraccionado Luis Camilo Osorio -como lo denunció Petro-; conseguir que las víctimas con o sin protección se animen a hablar; convencer a los desmovilizados que echen al agua a sus jefes, sin saber si éstos pagarán cárcel a la postre; y enfrentar a punta de papel y labia, el pulpo del paramilitarismo, de cuyas cabezas, no se sabe bien cuál sigue armada, cuál retoñó en otras más feroces, ni con cuál tentáculo intentará infiltrar a sus cuadros.

Petro tiene razón en aquello de que sólo con la verdad podrá Colombia realmente desmontar el paramilitarismo, y lograr que sus huestes se reconcilien en forma duradera con el país y la comunidad internacional. Pero no se le puede botar ahora todo el fardo a la justicia.

El gobierno aún tiene mucho por hacer. Podría, por ejemplo, sentarse en La Ceja, y firmar un documento de paz con las AUC. Eso significa asumir el costo político de comprometerse en serio, gobierno y AUC, de cara al país, en los puntos acordados. A estas alturas, después de los múltiples escándalos por falta de claridad en el proceso, el gobierno ya debería haber aprendido que más vale una vez colorado que ciento descolorido

Podría también el gobierno Uribe poner todo su aparataje de inteligencia a trabajar tiempo completo para entregarle información a la Fiscalía que conduzca a establecer en la forma más completa posible la verdad, en materia, por ejemplo, de tierras, movimientos financieros o desaparición forzada de personas. Con este mismo fin, se podrían conformar equipos especiales en entidades clave como el Incoder, Estupefacientes, la Supersalud, la Uiaf, la Oficina Anticorrupción, la de Derechos Humanos, la del Alto Comisionado y la de Reinsersión, y Acción Social, entre otras. También le daría un gran empujón a la verdad si destinara mayores recursos a la protección de testigos y fiscales y a la exploración de fosas comunes y la consiguiente identificación de las víctimas. La sola Comisión Nacional de Reconciliación no da abasto para semejante tarea, ni tampoco es suficiente la ciclotímica buena voluntad del vicepresidente Santos.

Aun si hiciera todo esto el gobierno, apenas se conseguiría la verdad más simple, la de los autores directos del despojo, el desplazamiento, las masacres, las desapariciones. Porque la verdad sobre el conflicto armado en todas sus dimensiones -los cómplices de cuello blanco y verde, la injerencia extranjera, el peso del narco- es un asunto tan hondo como espinoso. ¡Quién sabe cuándo resistirá el país conocer esa verdad!
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