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Opinión

  • | 2011/04/23 00:00

    La verdad sepultada

    ¿Por qué no se está investigando a las personas que recibían, calificaban y seleccionaban a los beneficiarios de los subsidios?

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Yo no sé si el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias va a salir bien o mal librado del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Lo que sí sé es que no le está diciendo la verdad al país cuando afirma que él no "tuvo ninguna injerencia ni técnica ni financiera" en el proceso de adjudicación de unos subsidios provenientes del programa AIS.

Hagamos un poco de historia a ver si se le refresca la memoria: en enero de 2005, a los pocos días de nombrado, varios de los funcionarios recuerdan la energía con la que el ministro anunció la creación de ese programa. Al otro día y por disposición suya se creó una nueva dirección dentro del Ministerio, que se llamó Dirección de Agro Ingreso Seguro, la cual empezó a funcionar en una oficina contigua a la suya, encargada del diseño, montaje y puesta en marcha del programa AIS. Arias, que ahora dice que no tuvo nada que ver con este programa, contrató a los más importantes profesionales y nombró director a Juan Camilo Salazar, con un sueldo de 14 millones de pesos, muy superior al de 4 millones que tenían los directores técnicos de planta del Ministerio.

Esa no era la única diferencia: ellos eran contratados a través de IICA-OEA, mientras que los demás funcionarios eran de planta del Ministerio. Evidentemente fue el IICA el que contrató a estos profesionales, pero quienes obtuvieron el empleo eran personas que había seleccionado el ministro Arias, de la misma forma que José Obdulio Gaviria fue contratado a través del PNUD por petición del propio presidente Uribe.

A lo largo de 2006 y 2007, Arias siempre estuvo rodeado por Salazar, quien entraba y salía de su despacho como si fuera su mano derecha y lo acompañaba sistemáticamente a las visitas regionales. En esa época Arias, quien hoy niega esa progenitura, se ufanaba de ser el padre del programa. Sería tan cercano Arias a esta Dirección que en enero de 2008 nombró a Juan Camilo Salazar como su viceministro.

Desde 2006 hasta 2009 se hicieron seis convenios. Tres sirvieron para pagar los honorarios del personal de AIS que operaba bajo las instrucciones del ministro y los otros tres se utilizaron para entregar la operación de la convocatoria de riego y drenaje. Durante estas convocatorias fue cuando la revista Cambio denunció un fraccionamiento de cinco predios por cuenta de acaudaladas familias de la costa: Lacouture, Vives, Dávila y Abondano, entre otras.

Lo curioso es que a pesar de que toda esta historia la conocen la Procuraduría y la Fiscalía, a ninguno de los dos entes le ha parecido relevante. Por el contrario, la Procuraduría abrió un pliego de cargos en contra de 12 funcionarios de planta del Ministerio, a sabiendas de que ninguno de ellos tuvo injerencia directa en la operación del día a día de AIS. Y lo más sorprendente es que los cargos principales se les imputan a dos funcionarios que no tuvieron que ver con la selección de los beneficiarios para la entrega del subsidio: Camila Reyes, directora de Comercio y Financiamiento para el convenio de 2007, y Javier Romero, director de Desarrollo Rural. Pero lo más truculento es que quienes terminan señalando a estos dos funcionarios son varios subalternos de Arias en el Ministerio. Tal es el caso del viceministro de la época, Fernando Arbeláez, quien en un interrogatorio ante la Procuraduría afirmó que la señora Reyes fue la autora no solo del convenio, sino que comprometió los recursos del Ministerio por 47.000 millones. ¿Quién puede creer que un ministro como Arias haya permitido que una subalterna de cuarto nivel comprometiera un presupuesto de tal tamaño, sin que él estuviera enterado?

Lo que se ha podido establecer es que tanto Camila Reyes como Tulia Eugenia Méndez, Javier Romero y Oskar Schroeder sí participaron en los trámites previos para la firma de los convenios, pero que quien los firmó fue Andrés Felipe Arias. Y no deja de ser curioso que el cargo imputado por la Fiscalía contra estos cuatro, el de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, se les imponga a unos funcionarios de cuarto nivel y no al ministro. También sorprende que ninguno de los contratistas de AIS, que fueron los que estructuraron todo el andamiaje de esos tres convenios, esté investigado ni por la Procuraduría ni por la Fiscalía. Entre ellos, Julián Gómez, el hijo del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero.

Pero lo que ya sí raya con el absurdo es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han centrado sus investigaciones solo en los tres convenios de riego y drenaje sin tener en cuenta que la irregularidad ocurrió en la entrega de los subsidios de la convocatoria, donde se entregaron los dineros a las familias antes mencionadas. Eso es lo mismo que tratar de buscar la fiebre en las sábanas. ¿Por qué no se está investigando a las personas que recibían, calificaban y seleccionaban a los beneficiarios de los subsidios?

Lo que ni la Fiscalía ni la Procuraduría quieren ver es que las reglas para la entrega del subsidio, que es donde está el problema, fueron estructuradas por la Dirección de AIS (ver documento) y aprobadas por Andrés Felipe Arias como ministro (ver documento).

Entre las mentiras de Arias y la actuación errática de la Procuraduría y de la Fiscalía, la verdad en este escándalo va camino a ser sepultada.
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