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Opinión

  • | 2004/10/10 00:00

    La verdadera revisión histórica

    Las declaraciones del Presidente sobre el pasado del M-19 deben servir de motivo para revisar el resultado, los beneficios y costos del proceso, así como para establecer su cumplimiento, no para revivir odios.

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Una cosa es hacer una revisión que abarque los 14 años pasados desde el pacto de paz con el M 19 para aprovechar las experiencias positivas aplicables a los nuevos procesos de paz y otra muy diferente levantar el velo que cubría ciertas concesiones negociadas tácitamente pero a la vista del país como lo hizo el presidente Uribe en su declaración de Miami.

Los negociadores de aquel proceso usaron ciertas modalidades para formalizar los acuerdos, entre ellas convenir que algunas concesiones se mantuvieran en el terreno de lo no expreso. Al levantar el velo de los pactos tácitos, que no ocultos, el presidente Uribe no está descubriendo la rueda. Que en el Palacio de Justicia se cometieron delitos atroces y que la sociedad entera, con él a la cabeza cuando era senador, estuvo de acuerdo en indultarlos, es verdad sabida.

El Presidente está haciéndose el escandalizado con esa modalidad de la negociación para atacar a dos congresistas, hoy desprovistos de fuerza diferente a su sumisión al Estado de derecho. Y muy lejos ya de ese 1990, cuando contaban con el respaldo de 7.000 hombres armados de fusiles, en pie de guerra, que no fueron derrotados militarmente y aceptaron recibir indultos, sin exigir un traumático cambio de legislación que posiblemente hubiera demorado y hasta echado a perder la negociación.

Pero las declaraciones del Presidente deben servir de motivo para revisar el resultado, los beneficios y costos del proceso, así como para establecer su cumplimiento.

Los integrantes del M 19 nunca han vuelto a intentar imponer sus ideas por medio de la fuerza. Ese fue su compromiso y a fe que lo han honrado con pundonor y exactitud. Es un ejemplo nacional de lo que significa tomarse en serio una obligación. Ahora bien, si el presidente Uribe o cualquier otro colombiano llegare a tener conocimiento de que el M 19 volvió a las armas, que existe el más mínimo indicio de que usan la fuerza para hacer política, caiga sobre ellos el peso de la ley, la venganza de la sociedad y los procesos penales que su conducta amerite.

No se puede alegar que las críticas de los antiguos miembros del M 19 a los actuales procesos de paz constituyen un incumplimiento a sus obligaciones sobre la base de que ellos recibieron indulto aun por delitos atroces y ahora lo niegan a las autodefensas. Ese podrá ser un desacierto político, una falta de congruencia con su historia o por el contrario el resultado de una reflexión que les indica que el costo-beneficio de su proceso fue demasiado alto. Tales tesis, acertadas o erradas, están siendo defendidas democráticamente, sin hacer uso de la fuerza, ante el Congreso de la República y ante los medios de comunicación sin el uso de la fuerza o de las armas para imponerlas. Están cumpliendo.

Los beneficios que el proceso de paz produjo y sigue produciendo, no por poco visibles, dejan de ser inmensos. Cada colombiano que no murió, que no fue secuestrado, que no quedó inválido por una mina quiebrapatas, que no se fue para el monte a matar y a que lo mataran, sus padres, madres, esposas e hijos son trofeos anónimos ganados en franca y leal lid por este proceso de paz. Que los beneficiados nunca sepan que gozan del don de la vida y de la paz gracias a ese proceso, es una de sus grandes paradojas.

Pero los dirigentes del país deben tener la sensibilidad para reconocerlos y protegerlos. Los colombianos que no caerán bajo las balas de los paramilitares o de la guerrilla, si se logra firmar un proceso de paz con ellos, serán los compañeros de los beneficiados con la paz del M 19. Y los que caerán en los próximos años si la falta de generosidad y talento impide una salida negociada, colombianos que sí podrán ser contados, que irán a las estadísticas norteamericanas y europeas de crímenes atroces, no podrán ser sus desconocidos acompañantes.

La demostración que se ha dado a los actuales insurgentes de que es posible regresar a la vida civil y no solo conservar la vida, sino ejercer un liderazgo social de importancia, como lo están ejerciendo Navarro y Petro, se constituye en otro valioso beneficio de ese proceso. En gravísimo riesgo lo pone el presidente Uribe al enviar el mensaje de que lo convenido en los procesos de paz es revisable cada vez que ello rinda un beneficio político al gobierno de turno.

El costo que pagamos por las concesiones hechas sin duda es grande. Pero fue la opción que democráticamente elegimos frente a una solución militar más costosa. Sin olvidar que frente al M 19, ese inmenso costo tenía como compensación, al menos parcial, la legitimidad de quienes se alzaron en armas contra el atropello democrático que fue el robo de las elecciones del 19 de abril de 1970.

No se trata de reabrir ese debate, porque nunca se abrió y el país convive con esa herida nunca sanada. La generosidad con el M 19 es la única manifestación de contrición que el régimen le ha dado al pueblo colombiano.

El saldo del costo es el indulto, expreso en algunos casos y tácito en otros, por los actos realizados por los combatientes y que son los que normalmente realiza un guerrero cuya única y real ética es y será la de ganar el combate. Los intentos de humanizar la guerra, como lo demuestra la historia, lo único que han provocado es deshumanizar la paz.

El ser humano es uno en guerra y otro en paz, y eso nos lo han demostrado con creces los combatientes del M 19, que habiendo sido capaces de cometer los actos que hoy molestan al presidente Uribe y que nunca se debieron cometer, durante los siguientes 14 años de paz han ajustado su conducta a la ley que prohíbe los delitos atroces y los no atroces con tanto rigor, que es ejemplo para no pocos empleados del actual Gobierno.

En 1990 indultamos delitos. Esa fue la decisión del Estado y del Gobierno frente a 7.000 hombres alzados en armas, que habían sembrado el dolor a lo largo del territorio nacional, sin que la fuerza institucional hubiera sido capaz de someterlos. Siete mil hombres que estaban dispuestos a hacer por las buenas lo que el Estado no había sido capaz de imponerles por las malas.

*Analista de derechos humanos
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