Las carcajadas de la guerrilla

Lo único que no cuadraba bien en la más reciente carátula de SEMANA era la sonrisa de Manuel Marulanda. Porque nadie lo ha visto reírse jamás. De resto, golpea duro el concepto de que la guerrilla debe estar muerta de la risa mientras el establecimiento se destroza a mordiscos. Porque los intereses políticos tienen a la opinión y a los medios de comunicación luchando por una dudosa prioridad: demostrar que el gobierno Pastrana no puede tener como bandera la anticorrupción porque es un gobierno corrupto.

Comparado con otros países del Tercer Mundo, sin embargo, Colombia reúne dos condiciones aparentemente contradictorias: se ha vuelto costumbre en el país vivir acusando a todos los gobiernos de corruptos —arrancando con los ataques de Nacho Vives contra Carlos Lleras para llegar a los de Cáceres contra Pastrana, pasando por la fiesta de Cúcuta de Turbay, por el ‘Fonsijet’ y las parrandas vallenatas de Gaviria—. Pero estadísticamente está demostrado que a nivel del alto gobierno, léase Presidente y Ministros, éste es uno de los países subdesarrollados menos corruptos del mundo. No sucede igual con los niveles medios y bajos de la administración, donde por cuenta de la mala fama de los gobiernos de turno, la corrupción es una de las más altas del mundo, porque todos se sienten con el derecho de sacar su propia tajada.

Salvo por el reciente proceso 8.000, frente al cual la anterior teoría parecería indemostrable, yo no recuerdo que por lo menos desde el Frente Nacional exista evidencia clara de que un presidente o uno de sus ministros haya salido millonario de su cargo. El máximo pecado ha sido vivir de la odiosa tradición de que los ex presidentes colombianos tienen asignado por derecho propio un noticiero de televisión. Pero aunque ya es premisa aceptada por los colombianos que todos los presidentes roban, los escándalos presidenciales en materia de manejo de los dineros públicos no han pasado de ser criticables indelicadezas al lado de otros ejemplos de gobiernos tercermundistas.

Sin ir muy lejos, por tradición, los ex presidentes mexicanos salen multimillonarios. Ejemplos clásicos hay el del presidente Luis Echavarría, que utilizó el poder para hacerse dueño de Cancún; el de Miguel Alemán, que se asoció con el ‘Tigre’ Azcárraga, para consolidarlo desde la presidencia como el zar mexicano de las telecomunicaciones; y el de Salinas, cuyas fincas aparecieron llenas de cadáveres al tiempo que se conocía que a su hermano, hoy preso, se le había encontrado en Suiza una cuenta de 106 millones de dólares amasados durante el período presidencial del primero.

Clásico de clásicos es Anastasio Somoza. Se apropió desde la presidencia de 16 por ciento de la tierra arable de Nicaragua y de 40 por ciento del sector privado. Como representante de la Mercedes-Benz en su país, expidió un decreto obligando a todo el sector oficial a usar solamente esa marca de carro.

Actualmente la revista Time está ‘pleiteando’ con Suharto, el ex presidente indonesio, al que acusó de haberse robado 15.000 millones de dólares del tesoro público. Sin duda que este caso rompió los récords mundiales de la corrupción política, seguido apenas de lejos por los 5.000 millones de dólares de que se acusa a Mobuto, del Zaire, de haberse apropiado, o por los 3.000 millones de dólares que las autoridades filipinas intentan recuperar por la vía judicial de la viuda de Marcos, Imelda (la de los 6000 pares de zapatos que la hicieron famosa como primera dama).

Para escándalos, el que atraviesa actualmente Kenya. Peor que un mal presidente, es un mal presidente que como el de allí, se perpetúe 22 años en el poder. Con la complicidad del hombre fuerte del gobierno, el ministro de Turismo, acusado de mandar a matar a su rival, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras que él no niega ser el dueño de las aerolíneas nacionales y de la hotelería del país.

Los anteriores ejemplos recordados al azar sólo pretenden retratar qué es realmente un verdadero caso de corrupción política. Actualmente existe una guerra de rumores sobre el gobierno Pastrana. Pero por ahora las acusaciones se limitan a que unos costeños utilizaron dineros de contratistas privados para alquilar tarimas y papayeras. O de que Juan Hernández embarcó equivocadamente a la familia de su suegro en un contrato para hacer uniformes del DAS. O de que unos ministros tienen tierras en un sector que va a favorecerse con la construcción de un túnel planeado hace 10 años. Y nada de esto —mientras la justicia investiga y da su veredicto— justifica tener al país paralizado, al establecimiento devorándose y a los verdaderos y más graves problemas del país rezagados, mientras, como decía la carátula de la revista SEMANA, la guerrilla ríe a carcajadas, aunque no exista evidencia alguna de que Manuel Marulanda se haya reído jamás.