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Opinión

  • | 2005/02/28 00:00

    Las cifras de la violencia política en Colombia: un debate inacabado

    Teófilo Vásquez, investigador del Cinep, defiende la veracidad de su información

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Son muchas y diferentes las instancias, entidades y organizaciones que elaboran y producen datos y estadísticas sobre la violencia política, el conflicto armado y la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro país .

Lo hacen con presupuestos teóricos, metodológicos y técnicas de recolección de datos diferentes. Aún más, esta labor la realizan con objetivos e intereses políticos que se derivan del rol que desempeñan en la sociedad, de sus convicciones más íntimas y de la misión, visión y valores que han definidos para cada una de sus instituciones. Esta definición no pocas veces implica contradicciones y discusiones cruciales, tanto en las instituciones como fuera de ellas.

Sin embargo, esta diversidad de instituciones, enfoques y objetivos concentrados en un mismo tema tiene tres elementos en común: producir datos, realizar análisis y generar acciones encaminadas a la superación del fenómeno.

Esta labor la realizan instancias gubernamentales como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el DAS, en cuanto a los organismos estatales de defensa y seguridad. También lo hace el Observatorio de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la Republica -instancia encargada de elaborar y ejecutar la política del gobierno de turno en esa materia- por medio de informes anuales de la evolución nacional; además son de gran importancia sus informes sobre las situaciones regionales.

También realizan seguimiento a la violencia en general y la violencia política en particular instancias estatales como el Instituto de Medicina Legal por medio de las publicaciones del Centro Nacional de Referencia de la Violencia con un enfoque de epidemiología de la violencia; la Defensoría de Pueblo, que a través del sistema de alertas tempranas busca ser un instrumento de monitoreo para prevención de las violaciones de los derechos humanos.

Desde otro rol social y político lo hacen también de manera sistemática las organizaciones no gubernamentales. Es el caso del Cinep con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, cuyo instrumento de divulgación y de comunicación es la revista Noche y Niebla; la Comisión Colombiana de Juristas por medio de sus informes anuales; el Comité Permanente de Derechos Humanos. Todas cumplen con el objetivo de visibilizar y dar a conocer nacional e internacionalmente la grave crisis humanitaria en el país y reclamar al Estado acciones y políticas encaminadas a su superación.

Más recientemente se destacan los informes de la Fundación Seguridad y Democracia, dirigida por el reconocido experto en el tema y columnista de varios periódicos Alfredo Rangel, con el objetivo de construir indicadores y realizar análisis del desempeño de las políticas estatales y gubernamentales en materia de seguridad.

También cabe mencionar experiencias de monitoreo, sistematización y seguimiento sobre la situación de violencia regional que además han servido como espacios de concertación entre la sociedad, las autoridades y la academia para la elaboración de políticas públicas en el tema, como la pionera Desepaz en Cali y actualmente, las que se desarrollan en Medellín y Bogotá. Igualmente, los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Capacitación Popular con sus informes sobre la situación de Antioquia y la Escuela Nacional Sindical, que mantienen un monitoreo sobre las violaciones contra los dirigentes sindicales y el sector obrero en el país.

Es obvio que todas tienen fortalezas y debilidades, que son del gusto o disgusto de unos y otros. También se admite que sus datos, metodologías y análisis son discutibles y deben ser objeto de la mayor deliberación pública en la academia, la opinión publica, el gobierno, la comunidad internacional y los más diversos sectores de la sociedad colombiana, entre esos los datos que el Cinep produce.

De manera que no queremos eludir el debate público, pero tampoco entrar en la discusión según la cual hay fuentes y análisis "objetivos y neutrales" y otras que "distorsionan los datos y faltan a la verdad".

La discusión puesta en esos términos y en ese terreno solo implicaría hacer eco y reproducir en este ámbito, la tradición de intolerancia, la desconfianza y deslegitimación mutua que, paradójicamente, son los mecanismos mediante los cuales se ha reproducido en el tejido social y la cultura política ese incómodo y funesto acompañante de nuestra historia reciente que es la violencia.

Algunos puntos de la discusión

El debate se puede presentar en dos dimensiones, ambas importantes: una de tipo político y otra de tipo técnico-jurídico.

En cuanto al debate político, nos sostenemos en la posición de clasificar las detenciones masivas, una de las conductas más sistemáticas del actual gobierno, como una violación de los derechos humanos por los siguientes aspectos: están en contravía de los parámetros internacionales en derechos humanos sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y la administración de justicia; más grave porque se le entregan labores de tipo judicial a la fuerza pública, lo que va en desmedro de la separación entre los poderes públicos; y aún más, porque en la gran mayoría de los casos la Fiscalía, la Procuraduría y nuestro trabajo han podido corroborar que se trataba de montajes basados en pruebas y testigos falsos, coaccionados o pagados por organismos de seguridad e 'inteligencia', encargados de llevar a cabo lo que el gobierno ha denominado genéricamente "la lucha contra el terrorismo".

También queremos hacer claridad sobre la afirmación según la cual realizamos dobles conteos con el objetivo de distorsionar la realidad de la situación. No es cierto, pues en la presentación de los cuadros estadísticos de la revista Noche y Niebla se separan de manera clara y distinta, los datos relacionados con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la violencia política-social y las acciones bélicas, que son los componentes centrales de su marco teórico y criterios de clasificación.

Otra cosa es que los hechos de violación de derechos humanos o las violaciones del derecho internacional humanitario no se agoten en la 'contabilidad' de los presuntos responsables y el número de víctimas, sino que hay hechos en los cuales existe un responsable, una o más victimas, pero donde simultáneamente se violan varios derechos, como es el caso paradigmático del desplazamiento forzado, donde además de los derechos civiles y políticos, guerrilleros y paramilitares están afectando los derechos económicos sociales y culturales.

Sin duda hace falta avanzar en el marco teórico del Banco de Datos, para que el secuestro sea clasificado como una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en la medida en que, independientemente de los móviles económicos o políticos que las guerrillas o los paramilitares argumenten, es un hecho que afecta un núcleo fundamental de derechos que son la vida, la integridad y libertad personales.

Los anteriores ejemplos, entre otros muchos, expresan fortalezas y debilidades de nuestro marco teórico y metodología de clasificación. Igual se podría hallar 'un collar de perlas' en otras instituciones que se ocupan del fenómeno de la violencia, sin embargo esta forma de abordar la discusión por el lado negativo nos parece la menos indicada.

Sería de mayor utilidad y más expedito que se facilitara un encuentro de todas estas instituciones para confrontar con una actitud más desprevenida debates teóricos, metodológicos y hasta políticos, y menos adjetivos.

Los análisis sesgados

Queremos llamar la atención y disipar las dudas y supuestos según los cuales nuestros análisis son "sesgados" y carecen de "objetividad" .

En cuanto a los medios de comunicación, la violencia y la libertad de prensa en Colombia, tal vez resulte insuficiente y superficial decir que en Colombia hay "censura oficial sobre los medios" o "persecución contra la información alternativa e independiente". Pero juzgar todo nuestro trabajo y posición en esa materia por estas dos frases es desconocer la producción académica que venimos realizando sobre los medios de comunicación y el conflicto armado en Colombia.

También afirmar que somos "benignos" o "cargados", cuando nos referimos a uno u otro de los actores armados, es desconocer la tradición académica del Cinep en relación con la violencia en Colombia. Recientemente publicamos el libro Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la formación del Estado, que presenta la evolución regional del conflicto armado interno, las transformaciones de los actores y de sus relaciones con pobladores y grupos de poder local y regional.

A partir de eso el libro hace una caracterización de la configuración política del país e interroga la experiencia nacional desde los planteamientos conceptuales de distintos investigadores que han mostrado la estrecha relación entre violencia y Estado. Adicionalmente, el texto se compromete con la reseña y discusión de los "hábitos de pensamiento" de distintos analistas sobre la violencia política en Colombia y desde ahí discute los procesos históricos de conformación del monopolio de la violencia y de un conjunto diferenciado de acciones que puede denominarse violencia política. Este libro fue objeto del reconocimiento con mención de honor por la Fundación Alejandro Ángel Escobar a los mejores trabajos en ciencias sociales en Colombia en 2004.

Queda claro, de estos dos ejemplos, que publicamos e investigamos para el debate público, político y académico. Partimos de que no tenemos 'la verdad revelada', pero tampoco aceptamos que esa labor sea juzgada y calificada con ligereza y fuera de contexto.

Mas allá de las cifras

Con el corazón en mano, somos de la convicción de que las discusiones sobre la violencia en Colombia, la situación derechos humanos o del conflicto armado en Colombia, o como cada uno prefiera denominarla -lo cual es de suyo una toma de posición- va muchos mas allá de cifras, análisis y política.

Lo decimos porque nuestra tradición legalista y jurídica nos lleva a excesos como el que anotó un funcionario del CICR: "Con una media anual de 30.000 ó 40.000 víctimas de la violencia, Colombia es un país donde la violencia está a la orden del día (...) Los debates públicos y académicos sobre el derecho internacional humanitario son de un nivel que puede asombrar incluso a los juristas más confirmados del Cicr".

El centro de la acción en derechos humanos son las víctimas a quienes poco o ningún sentido para la elaboración del duelo, la reparación moral, material y simbólica de sus padres, madres, esposas y esposos, hijos e hijas les hace la discusión sobre la 'clasificación jurídica' de su ser querido.

Al contrario, y con todo lo discutible que pueda ser la clasificación, la labor de llevar un registro de las circunstancias, el presunto responsable, la fecha y el lugar de los sucesos y un perfil de las víctimas, tal como lo hacemos en la revista Noche y Niebla, es una contribución central a la memoria histórica, fundamental en relación con la verdad, la justicia y la reparación, vistos como procesos sociales en medio de diálogos y negociaciones con los actores armados, y no como actualmente se debate alrededor de un instrumento jurídico a propósito del diálogo con el paramilitarismo o autodefensas ilegales.

* Sociólogo e investigador del Cinep
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