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Opinión

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En la encuesta que SEMANA y El Tiempo hicieron entre los ricos para saber qué estarían
dispuestos a dar a cambio de la paz _y queda claro en ella que no quieren dar nada: sólo plomo_ hay una
curiosa laguna: no encuestaron a los ricos del campo. Y sin embargo es en el campo donde nace la guerra
colombiana. Y nace allá porque los gobiernos, como los redactores de la encuesta, no se acuerdan del
campo.
La guerra, históricamente, nació en el campo. No voy a remontarme al despojo de los indios por los
conquistadores hace 500 años, aunque todo empezó entonces: pero no hay duda de que la violencia actual,
que tuvo sus primeros brotes en los años 30, y después se politizó (se partidizó) en los 40 y 50, y se volvió
'subversiva' en los 60 y 70 (y hasta hoy), hunde sus raíces en el conflicto por la propiedad agraria. Hoy sigue
siendo así. Los paramilitares surgieron para defender la propiedad de los terratenientes. Y en cuanto a las
guerrillas, vale la pena fijarse seriamente en la queja de 'Tirofijo' sobre el robo de sus marranos y sus
aves de corral, que a muchos les pareció tan risible: tan campesina. Sí; es que esta guerra es
campesina, y se agrava porque a muchos les parecen chistosos sus motivos: cerdos y gallinas. Y cosechas
_sean de yuca o de coca, da lo mismo: son las cosechas que da el campo_. Esta guerra es campesina, se
da por el campo, y se libra en el campo. Por eso los muertos suelen ser campesinos. "Humildes
labriegos", como los llaman los periodistas urbanos con desdén condescendiente. Y por eso los que matan
son también campesinos: humildes labriegos reclutados por el Ejército, o labriegos que cansados de ser
humildes se han vuelto guerrilleros.
La guerra tiene su origen en los conflictos sociales del campo, jamás resueltos pacíficamente. Esa reforma
agraria de la que se empezó a hablar en los tiempos remotísimos de la Ley de Tierras de López Pumarejo,
que se institucionalizó y burocratizó en los de Lleras Restrepo y fue enterrada por Misael Pastrana con el
llamado Pacto de Chicoral, sólo fue capaz de solucionar el problema de diez mil familias campesinas,
repartiéndoles, en 20 años, menos de 200 mil hectáreas. Y esos conflictos han sido agravados por la ruina
creciente del campo. Una ruina de la que se viene hablando desde los tiempos, también remotos, de López
Michelsen y su cantaleteado, pero nunca aplicado, plan "para cerrar la brecha" entre la Colombia urbana y
la rural. La ruina del campo, añadida a los conflictos agrarios no resueltos, ha hecho que en él las fuentes de
ingresos y de empleo se hayan reducido a sólo dos: los cultivos ilícitos, que por ser ilícitos y combatidos
generan violencia; y la violencia propiamente dicha: en el campo arruinado, para los 'humildes labriegos' no
hay otra posibilidad de empleo remunerado que la guerrilla o el paramilitarismo. Otros huyen a las ciudades,
en las cuales, como tampoco hay empleo, también tienen que vivir de la violencia. La violencia política que
expulsa del campo a los campesinos es la causa de la violencia 'apolítica' de los ex campesinos en las
ciudades.
Por lo cual el elemento primordial de cualquier política de paz que intenten los gobiernos debería ser el
rescate del campo. Pero no lo es. Porque los políticos y los economistas de las ciudades, con sus asesores
o jefes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, del BIRF (si es que aún existe), consideran que el
campo colombiano no es rentable.
No lo es, en el sentido estrecho en que entienden la rentabilidad los 'desarrollistas' y los 'neoliberales',
que quieren que Colombia sea un país moderno a costa de que sea un país en guerra. Por eso, para
ellos, es una estupidez retrógrada subvencionar el campo. Pero para el sentido común es evidente que
resulta más rentable subvencionar el campo que abandonarlo a la ruina, y en consecuencia a la guerra y a
la emigración que a su vez traslada la guerra a las ciudades, Y rentable no sólo en términos de ahorro en
vidas y en padecimientos y en descomposición moral de la Nación, sino también en términos de ganancias
medidas en plata. Un campesino que cultiva la tierra a pérdida, y al que hay que subvencionar, es sin
embargo más productivo, y mucho menos destructivo, que un ex campesino convertido en guerrillero
secuestrador o en atracador urbano.
Subvencionar el campo consiste, para empezar, en hacer una verdadera reforma agraria (no aquella farsa).
Claro está que sus resultados serán malos desde el punto de vista de la productividad: producen menos
riqueza, por ejemplo, los campesinos invasores que desalambraron la célebre hacienda Bellacruz que la rica
familia terrateniente que la alambró antes. Pero los eficientes terratenientes destruyen más riqueza, y crean
mayor pobreza, al expulsar a esos campesinos por las armas. Y en segundo lugar, subvencionar el campo
consiste precisamente en eso: en darle subvenciones para que, gracias a ellas, pueda ser competitivo
frente a las agroindustrias (por lo demás subvencionadas hasta los tuétanos) de Europa y Estados Unidos. En
protegerlo, con medidas _sí_ proteccionistas, de la competencia desleal de esos campos extranjeros
ultrasubvencionados y ultraprotegidos. Subvencionar el campo colombiano no es un mal negocio: lo que es
un pésimo negocio es no subvencionarlo.
¿No lo creen? Hagan cuentas, señores ricos encuestados por SEMANA y El Tiempo. Pero no las hagan
ahora mismo, en la paz de sus oficinas. Háganlas cuando, secuestrados por la guerrilla o por la
delincuencia común generadas por la destrucción del campo, tengan que incluir en esas cuentas el amargo
precio del rescate.
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