Las declaraciones incendiarias del ministro de Defensa

Las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales en Colombia no podrían calificarse de otra manera sino  de aberrante adefesio. Vale la pena preguntarse de qué lado está el ministro: si de las víctimas o de los victimarios. Asegurar en primera instancia que los crímenes contra los reclamantes de tierras no son sistemáticos y ahora afirmar sin arrugarse que todo se trata de “líos de faldas” no le hace ningún bien a la búsqueda de una paz justa y duradera, como pregona el gobierno del presidente Santos.

Más 120 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios asesinados en lo que va del año no puede calificarse alegremente de “líos de faldas”. El ministro parece olvidar que el hilo conductor de esta tragedia anunciada tiene que ver con el proceso de paz que firmaron las Farc, hoy convertida en grupo político, y el Estado colombiano, en cabeza del presidente de la república. Afirmar tremenda barbaridad es, sin duda, echarle más leña a una hoguera que, por el contrario, debería contribuir a su extinción como cualquier alto funcionario del gobierno. Decir lo que dijo es mandar la señal equivocada a los victimarios, un grupo armado que no es una rueda suelta en este concierto estratégico de eliminar cualquier obstáculo en ese propósito claro de mantener la hegemonía territorial y hacerle pistola a la ineficiente Ley de tierras que se ha convertido en un verdadero “lío” ponerla en práctica por el poder manifiesto de las “fuerzas oscuras”, cuya manera de comunicar las ideas es echando bala.

Los crímenes, como lo han informado algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch y la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Colombia, van en aumento. Cada 72 horas es abatido  por las balas de los sicarios un reclamante de tierra, un exguerrillero de las Farc o un representa de las víctimas. Pero el ministro de Defensa ha asegurado en varias oportunidades que nada en esta masacre es sistemático, que el paramilitarismo no existe y, por tanto, los que cometen los crímenes hacen parte de la delincuencia común. Nada más perverso, por supuesto, hacer semejante declaración.

La otra pregunta que los colombianos deberían formularse es por qué ante las amenazas de muerte que se ciñen sobre los defensores sociales, el gobierno no hace lo suficiente para protegerlos. Por qué la Unidad Nacional de Protección, encargada de activar todos los mecanismo para evitar que atenten contra la vida de los activista sociales, parece que hiciera todo lo posible para que los crímenes se lleven a cabo. En Colombia, las amenazas de muerte hay que tomarlas en serio. Y si los organismos encargados de velar por la protección de los amenazados no encienden todas las alarmas para preservarles la vida, las organizaciones criminales que solo defienden sus propios intereses leen esta desidia estatal como una orden para apretar el gatillo.

Es todo un chiste que un amenazado de muerte reciba de este organismo, adscrito al Ministerio del Interior, solo un chaleco antibalas y un teléfono celular cuando se trata de un líder social con más probabilidad de ser asesinado si su ejercicio como activista lo ejerce en las zonas rurales, pero que se les destinen carros blindados, un número amplio de guardaespaldas y un presupuesto enorme para su seguridad si reside en un centro urbano es un contrasentido. El 95 por ciento de los asesinatos de líderes se ha producido en municipios, corregimientos y veredas, alejados de las grandes y pequeñas ciudades. Solo un 5 por ciento de estos asesinatos han ocurrido en las zonas urbanas. Pero para el ministro de Interior el asunto es únicamente de “tiraje” y “cuernos”.

Es una vergüenza para el país y sus instituciones que un alto funcionario, que ha  expresado su firme convicción de jugársela por la paz, diga para un medio de comunicación que los asesinatos de los líderes sociales no están vinculados con la reclamación de tierras que ha venido llevándose a cabo por campesinos, indígenas y negros en las zonas de conflicto, cuando para nadie en este país es un secreto que existen los “compradores de buena fe”, aquellos que aprovechando la ganga de las fincas que les fueron arrebatadas a sus legítimos dueños, las obtuvieron a precio de huevo aunque su precio real era mil veces el pagado en el momento de su adquisición.

Según el investigador, politólogo y columnista León Valencia Agudelo, quien fuera director  de la Corporación Nuevo Arco Iris, la relación entre los reclamantes de tierras, su actividad social y sus posteriores asesinatos están directamente relacionados. Y nos relata cómo José Félix Lafaurie, actual presidente de Fedegan lleva a cabo un programa que ha titulado “La vaquita por la paz”, que está realizándose en regiones como Urabá y Magdalena y cuyo objetivo es chantajear a los reclamantes de tierras para que desistan de su propósito. De igual manera nos cuenta que la señora representante María Fernanda Cabal y el exprocurador Alejandro Ordóñez fungen como asesores de la Asociación Colombiana de Víctimas de Restitución de Tierras (Asocolvirt), cuyos miembros se oponen abiertamente a la Ley 1448 de 2011. Pero  para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,  está claro que el paramilitarismo en Colombia es solo un recuerdo y que la muerte violenta de los reclamantes de tierras es solo un apasionado “lío de faldas”. ¡Qué tal! Así como vamos, pronto le escucharemos decir que el asesinato de los líderes sociales fue una página de la historia colombiana surgida de la mente febril de los periodistas y escritores de izquierda.

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*Magíster en Comunicación.