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Opinión

  • | 2011/03/12 00:00

    Las disputas de la Unidad Nacional

    Ministerios, organismos de seguridad, institutos y entidades vinculadas a la Presidencia fueron saqueados o puestos al servicio de fuerzas ilegales.

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Las grietas de la coalición de gobierno no se pueden tapar. Las diferencias saltan a la opinión pública día tras día. Son tres los campos de disputa: la agenda de gobierno, la burocracia y los escándalos de corrupción. El presidente Santos hace esfuerzos para que las confrontaciones no trasciendan y la unidad se mantenga, pero las tensiones van en aumento.

Roy Barreras firmó a regañadientes la ponencia de la ley de víctimas y restitución de tierras y dejó consignadas ocho salvedades que se han empezado a discutir en la plenaria del Senado. Barreras hizo eco de los reparos medulares que sectores del Partido de la U y del Partido Conservador le han hecho al proyecto desde que se inició la discusión.

Todavía estaba fresco este episodio cuando se produjo la rebelión de una parte de la bancada oficialista contra las facultades extraordinarias al presidente para crear tres ministerios e intervenir varias entidades del orden nacional. La resistencia tiene, desde luego, cosas razonables, pero se orienta a golpear el ánimo modernizador del gobierno.
 
Son apenas dos expresiones de una lista de controversias que incluye la política exterior, el destino de las regalías, la actitud frente al campo, las relaciones con la justicia y el tratamiento a la oposición. En cada uno de estos temas la coalición se divide entre quienes quieren mantener lo que hacía Uribe y quienes proponen un cambio de rumbo.
 
A las disputas en el terreno de las ideas se agrega la lucha por la burocracia. No se atrevían a decirlo. Pero el Partido Conservador no  aguantó más y salió a reclamar en la voz del congresista Eduardo Enríquez Maya la pérdida del Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia de Sociedades y la Dirección de Notariado y Registro.
 
También en sectores del Partido de la U, en especial los más ligados al expresidente, se siente la inconformidad por la disminución de su representación en el gobierno y la presencia, cada día mayor, de liberales y antiguos militantes de Cambio Radical en altas posiciones de la administración.  Es más, la crítica a la creación de una nueva entidad para aplicar la ley de víctimas y la reestructuración de ministerios y entidades nacionales se alimenta de la preocupación por los puestos que tienen en estas instancias.
 
No obstante, la confrontación más importante se libra alrededor de los escándalos de corrupción y de las mentiras y los engaños incubados en la pasada administración. Es algo que nadie tenía en sus cálculos. Un torrencial de agua sucia está cayendo sobre los miembros del anterior gobierno.
 
Por cuenta de los funcionarios de Santos que llegan a sus cargos y empiezan a tocar las instituciones y donde quiera que aprietan “sale pus”; por efecto de los WikiLeaks o por las confesiones de los paramilitares, está saliendo a la luz la más aberrante seguidilla de robos, trampas, conspiraciones y crímenes cometidos en los últimos ocho años.
 
Ministerios, organismos de seguridad, institutos descentralizados y entidades vinculadas a la Presidencia fueron saqueados o puestos al servicio de fuerzas ilegales.
 
 “Parque de diversiones de la mafia” fue la calificación que le dieron, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El gobierno de Santos, desconcertado con la situación, solo atina a poner  en manos de la justicia los casos inocultables y esa acción tímida le ha valido ya la más grande reprimenda de Uribe: ¡Ministros, respondan! Ha clamado desde su Twitter. No se dejen de Vargas Lleras, gritan los columnistas.

La corrupción, las persecuciones, las trampas y farsas urdidas en el gobierno de Uribe se han convertido en el quid que puede romper la Unidad Nacional. Si Santos y Vargas Lleras insisten en destapar las ollas podridas y estimular la acción de la justicia, Uribe y una parte de los conservadores y de los militantes de La U arremeterán contra el gobierno.

La gran sensibilidad en este punto tiene una explicación: una vinculación masiva de funcionarios del gobierno Uribe a procesos judiciales y la consecuente censura de la opinión pública pueden destruir el uribismo.
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