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Las dos anomalías

No son las exigencias de la justicia sino las relaciones de poder las que definen si hay perdón o hay castigo

Semana
11 de abril de 2004

Verdad, justicia, reparación. En tres palabras resume el DIH las condiciones que ha de cumplir una amnistía, indulto o rebaja de penas para que no haya completa impunidad. Verdad: que se confiesen o aclaren todos los crímenes. Justicia: que la pena sea proporcional al delito. Reparación: que se compense debidamente a las víctimas.

El proyecto de alternatividad penal que hace seis meses presentó el gobierno no cumplía con esos requisitos: no había un tribunal o comisión de la verdad, no había cárcel sino penas menores o "accesorias", y la reparación a víctimas era más bien simbólica. Claro que el Comisionado de Paz durante meses sostuvo lo contrario; pero hace poco el propio Presidente echó pie atrás y aceptó introducirle dos cambios al proyecto: un tribunal que dé concepto previo sobre cada individuo, y entre cinco y 10 años de "restricción de la libertad para los responsables de delitos ordinarios".

Habrá quién diga que cinco o hasta 10 años sin salir de la finca o la región son muy poco castigo para un genocida, que el tribunal propuesto no podría investigar si la persona cometió otros crímenes, o que las víctimas siguen en el aire. Pero estos juicios se basan en anuncios de prensa y por ende tendrían que aplazarse hasta que los ponentes presenten el nuevo proyecto.

Y sobre todo habría que esperar la respuesta de las AUC, porque los castigos o perdones en el mundo no dependen en verdad del DIH sino del poderío militar de los rebeldes. "La justicia es para los vencidos", suele decirse pensando en casos como el Tribunal de Nuremberg o el proceso pendiente de Hussein. Pero igual en conflictos internos, hay perdones que exigen confesión pública (Suráfrica), "comisiones de la verdad" que investigan y pueden sancionar (Guatemala) y comisiones que reportan los hechos sin dar nombres (Chile): depende del balance de fuerzas entre los amnistiados y el gobierno de turno.

Pero en Colombia -primera anomalía- la presión no vino del gobierno sino del extranjero. Para decirlo en forma resumida: la línea USA (Woods o Rafael Pardo) impuso el primer cambio al proyecto -el tribunal- para impedir que los narcos se colaran; la línea ONU-Europa (Frühling, Patten) pidió el segundo cambio -el de elevar las penas- porque hay delitos de lesa humanidad.

Más claro aún: no es el castigo en Colombia sino la extradición a Estados Unidos lo que en serio desvela a las AUC. Como lo han dicho el cardenal Rubiano y el editorial de El Tiempo, esta es una injerencia inaceptable de los gringos en un asunto de vida o muerte para nosotros. También es un absurdo moral: castigar la exportación de droga y perdonar los crímenes atroces. Pero aquí se concreta la diferencia objetiva de interés entre Colombia y su mayor aliado, y se confirma mi tesis anterior: no son las exigencias de la justicia sino las relaciones de poder las que definen si hay perdón o hay castigo.

El perdón en todo caso supone cierta impunidad a cambio de que cese la violencia. Algunas amnistías (Chile, Argentina) se extendieron a dictadores militares o sus cómplices a condición de entregar el poder o como precio de no dar otro golpe. Las demás amnistías se conceden al vencido o casi vencido en una guerra interna, al final del proceso y cuando haya certeza de que la guerra se acabó o está por acabarse.

Pero en Colombia -segunda anomalía- el perdón se propuso al comienzo del proceso y sin señales de que el paramilitarismo vaya a acabarse en el futuro próximo. Al contrario: en tanto se trate de "autodefensas" o de un proyecto político-militar contra la guerrilla, seguirá habiendo paras mientras haya guerrillas; y en tanto se trate de ejércitos feudales o de narco-ejércitos, pues habrá paras mientras haya tierras por acaparar o mientras haya tráfico de drogas en Colombia.

Antes pues que en el régimen penal y antes también que en la eventual extradición a USA, el gobierno, el Congreso, la mesa unificada y la opinión habrían de pensar en las medidas y en las garantías que pongan punto final al paramilitarismo en cualquiera de sus formas.