Las elecciones de octubre: una oportunidad para romper el matrimonio entre crimen y política

No pasa casi un día sin que nos enteremos de amenazas o asesinatos en contra de algún pre-candidato o líder social o que se revelen sospechas en contra de aspirantes a cargo locales por nexos criminales. Las próximas elecciones territoriales nos dirán si estos hechos son casos aislados que pueden ser controlados y prevenidos o, si por el contrario, algunas zonas del país estarán destinadas a sufrir de una violencia endémica, clientelismo político y corrupción por cuatro años más.

El nuevo informe de International Crisis Group analiza los riesgos que rodean las próximas elecciones y propone medidas concretas para impedir la repetición de este círculo vicioso. Concluye que para no defraudar las expectativas generadas, el gobierno debe implementar con todo rigor medidas adicionales para proteger a los candidatos y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Solo así se podrán garantizar elecciones más limpias y libres.

La reforma política promulgada por el presidente Santos el pasado 14 de Julio así como sofisticados planes y programas de seguridad son pasos positivos en esa dirección. Al fortalecer las normas que regulan el financiamiento de campañas y establecer sanciones más duras a los partidos que avalen candidatos que mantengan vínculos con grupos armados ilegales o enfrenten investigaciones por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, la reforma es un importante paso para romper los nexos entre el crimen y la política local que tanto han afectado la democracia y la seguridad del país en el pasado.
 
Los efectos de la reforma ya son visibles. Partidos están rechazando a candidatos; si bien hay muchas quejas en privado por el exceso de las nuevas responsabilidades, por primera vez parecen estar asumiendo una responsabilidad por una política local más limpia que en el pasado había quedado delegada en un sistema judicial muchas veces disfuncional.

Sin embargo, los retos siguen allí. Las elecciones en Octubre serán la primera prueba que mostrará que tanta capacidad tienen los nuevos grupos armados ilegales y sucesores de los paramilitares - los BACRIM como los llama el gobierno - de interferir en la política local. Algunos de ellas mantendrán una relación de bajo perfil con políticos locales, que les garantice impunidad, acceso a la información y libertad de acción. Pero en una rápida evolución, otros se están convirtiendo en redes criminales más extensas y fuertes. Para controlar los cuantiosos recursos que dejó el proceso de descentralización en manos de los débiles gobiernos locales necesitarán influenciar la agenda política local. Las FARC y el ELN continuarán presionando a través de operaciones violentas y el asesinato de pre-candidatos y líderes sociales. Los políticos corruptos persistirán en sus prácticas clientelistas y buscarán renovar sus alianzas con las organizaciones ilegales.

La historia de impunidad de violaciones a las reglas de financiamiento de campanas, uno de los principales canales a través de los cuales se manifiesta y consolida la influencia criminal, es abrumadora. Un alto funcionario de un partido nos confesó que aún le faltaba encontrar a la primera persona sancionada por haber violado límites del gasto de campana. La prevención de delitos electorales adolece de falta de recursos como en el caso de la Registraduría que no tiene los medios suficientes para implementar el sistema de votación biométrica establecido por las nuevas reglas. El flujo de dineros destinados a la reconstrucción y ayuda humanitaria después de las inundaciones no hace sino exacerbar los riesgos de abuso de fondos públicos con fines electorales, por lo que se hace aún más necesario que la Procuradoría y la Contraloría fiscalicen escrupulosamente la ejecución de estas obras.

A estos peligros se suman los riesgos de seguridad. La violencia pre-electoral en lugares como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Córdoba and Antioquia muestra lo mucho que está en juego en estas elecciones en las que iniciativas importantes del gobierno nacional como la restitución de tierras podrían alimentar alianzas entre grupos criminales y segmentos de las élites económicas locales en defensa del statu quo.

Para mitigar los riesgos, el gobierno tiene que fortalecer sus labores de intelige
ncia para identificar las amenazas a la seguridad así como aumentar las medidas para proteger a candidatos y líderes sociales. Las autoridades tienen que responder rápidamente a denuncias de fraude electoral, malversación de fondos o violación de las reglas de financiamiento de campañas. Para romper el círculo de conflicto y corrupción en el que están atrapados muchos municipios se requerirá, sin embargo, de reformas estructurales de más largo plazo dirigidas a fomentar la democracia interna y las capacidades de rendición de cuentas de los partidos y a fortalecer las instituciones de vigilancia como el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, uno de los retos principales de largo plazo consiste en la reconstrucción de la legitimidad y eficiencia de los gobiernos locales. Esto incluye a la justicia local para que pueda asumir un papel efectivo en la investigación y sanción de los nexos entre criminales y políticos locales.

Colombia tiene la gran oportunidad de hacer de las próximas elecciones un ejemplo democrático, no solo por el número de electores y sitios de votación, sino porque los resultados traigan gobiernos locales más responsables, transparentes y eficaces. Pero eso no sucederá por la fuerza de la naturaleza. De no adoptarse las medidas sugeridas, muchas regiones en Colombia estarán destinados a cuatro años más de pobre gobierno, altos niveles de corrupción y violencia prolongada.

*Directora para Colombia/ Andes, International Crisis Group