Las emociones de la corrupción: el caso de Viviane Morales

El reporte de los medios buscaba enfatizar que la carta, en la que se decía que lo de Arias era una persecución política sin ninguna solidez, achacaba tal intención a dos personas que hoy ocupan cargos en la administración Duque, una de ellas Morales.

Una primera lectura de esta incoherencia o inconsistencia es que el Centro Democrático eventualmente se vio avocado a aceptar que no todos los que hacían acusaciones a sus miembros tenían intenciones ulteriores o carecían de argumentos. Una segunda lectura es que este partido ha sido especialmente proclive a explotar las emociones que despierta acusar a alguien de corrupción, tanto que hace las acusaciones indiscriminadamente: incluso contra quienes terminan siendo sus aliados, por convicción o conveniencia.  Creo que es importante reflexionar precisamente sobre esta última lectura y responder a la pregunta, ¿qué es lo que nos molesta tanto de lo que identificamos como corrupto como para estar dispuestos a renunciar a cosas que valoramos con tal de castigar a quienes reciben este título?

Una búsqueda rápida en internet de la palabra corrupción arroja inmediatamente la idea de que la corrupción, en política, es utilizar los bienes públicos en provecho propio. Cuando leí esta definición inmediatamente sentí que era obvio que uno rechazara fuertemente este tipo de actuaciones. Me pareció que sería indefendible la posición opuesta. Me tomó unos momentos darme cuenta que esta actitud convive en mi mente con el conocimiento de que la teoría económica y la mayoría de la teoría política contemporáneas están montadas sobre la idea del egoísmo natural del ser humano: ambas sugieren que las personas solamente pueden orientar su acción por su percepción de lo que les será útil.

El hombre (claro, aquí ya tienen muchos problemas) racional (aquí hay otros) es el que es capaz de identificar adecuadamente lo que le causa utilidad y orienta su actuación a conseguirla. Más allá de lo que uno pueda creer al respecto, muchos han mostrado lo rara, equivocada y hasta absurda que puede ser esta idea, lo cierto es que la opinión pública no está abiertamente en contra de las conclusiones de la teoría económica y política dominante. Cuando un ministro dice que hay que bajarle los impuestos a los empresarios o flexibilizar el empleo, nadie se aterra. Todo el razonamiento detrás de esta idea es: hay que permitirles una mayor utilidad individual para que estén dispuestos a hacer más y a producir más. Los medios no reaccionan ferozmente porque un empresario dice que quiere ganar más dinero para su propio beneficio, ¿para qué más trabajaría un ser humano? Lo que me parecería indefendible no solamente es defendible sino ¡respetable! 

Si uno revisa, entonces, las mediciones serias de corrupción, se encuentra con que en realidad lo que puede ser un problema digno de diagnóstico e intervención es, de una parte, la cantidad de delitos que comenten los servidores públicos en un país y, de otra parte, el efecto de la percepción de corrupción sobre la política de un país. Cometer un delito, y ser encontrado culpable, es bien distinto a ser acusado de usar lo público para el provecho personal.

Los delitos implican actuaciones establecidas con anticipación como prohibidas y de las cuales se encuentra suficiente evidencia, obtenida ella de manera rigurosa. Deberíamos entender que ser servidor público es por definición usar lo público para provecho propio: el salario que a uno le pagan viene de los impuestos, la satisfacción que puede sentir uno por hacer bien su trabajo viene de usar bienes públicos para hacer este trabajo, el prestigio que pueda ganar uno por haber hecho bien su trabajo viene de las instituciones creadas y pagadas por todos, entre otros. Es verdad que la cantidad de delitos y el tipo de definiciones que ellos contienen puede ser tan amplia que no sea difícil encuadrar la actuación de los servidores públicos como delito. Lo que creo que es clave en la distinción es que cuando hablamos de delitos nos referimos a actuaciones y no a motivaciones; el problema deja de ser uno de maldad individual y se vuelve uno de daño público medible y constatable. 

Ahora bien, la percepción de corrupción resulta mucho más volátil y algunos casos recientes nos muestran su eficacia para mover masas. De un lado, cuando las personas desconfían de las instituciones, también desconfían de la posibilidad que tienen las mismas instituciones de corregirse. Mejor dicho, no se espera que los jueces hagan mejor su trabajo que otros servidores públicos. No ayuda para nada que esos jueces se demoren casi diez años para llegar a conclusiones, aun si la ciudadanía confía en los jueces, como era el caso en Colombia en los noventa. Tampoco ayuda que la elecciones de jueces no estén revestidas de la dignidad que la democracia demanda que tengan o que los elegidos no tengan las calidades que los hacen ser líderes naturales de sus pares y de la opinión.

Si la cárcel termina siendo un lugar mejor que la casa propia, tampoco se siente alivio por el trabajo que costó condenar al servidor público. De otro lado, parecería que ese mismo egoísmo que nos han dibujado como propio de nuestra naturaleza entra en juego: lo que duele es que eso que se robaron o que se perdió era de uno. Duele la promesa incumplida de lo que se podía hacer con lo que se aportó en la forma de impuestos. Duele también que uno había gastado tiempo y esfuerzo en producir esos recursos. Más allá de esto, sin embargo, creo que en la emoción que causa la corrupción se revela una dificultad de cálculo de largo plazo:  los servidores públicos no hacen nunca el cálculo de que el opositor va a llegar al poder y lo va a tratar de la misma manera en la que fue tratado -y pudo ser tratado- por ellos; los ciudadanos nunca hacen el cálculo de que los servidores públicos no pueden sino actuar por interés personal, es lo único humano.

En momentos en los que se propone legislar para acabar definitivamente con la corrupción y se sigue manipulando a la opinión con el miedo de la corrupción, es recomendable que tomemos distancia para entender lo que verdaderamente está en juego y las medidas que necesitamos adoptar para mejorar la gestión de lo público.