Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 2013/03/23 00:00

Las Farc exigen medio país

La guerrilla busca aprovechar los diálogos de La Habana para hacer de las Zonas de Reserva Campesina unas áreas de repliegue dónde consolidar control territorial y dominio sobre la población.

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Las denominadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), así como otras zonas especiales, como los territorios indígenas y de afrodescendientes, hacen parte de la estrategia de control territorial de las FARC, de mediano y largo plazo. La guerrilla busca aprovechar los diálogos de La Habana para hacer de estas zonas unas áreas de repliegue dónde consolidar control territorial y dominio sobre la población.

En efecto, dentro de su estrategia de ampliar al máximo la agenda de las conversaciones de paz para dilatar sin límite su duración, las FARC han venido agregando una enorme cantidad de temas al primer punto de los diálogos de Cuba, supuestamente limitado al desarrollo agrario integral. Así, de manera absurda, en este punto han incluido la reducción del tamaño de las Fuerzas Militares y del presupuesto de defensa, el cambio de la doctrina de seguridad del Estado, la revisión de la política minero-energética, la eliminación de los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con 11 países, entre muchas otras lindezas por el estilo. Y también, claro, como no podía ser de otra forma, el cambio en el ordenamiento territorial del Estado, en función de los intereses estratégicos político-militares de la guerrilla; aquí es donde entran al baile las ZRC y las otras zonas especiales.

Las FARC no vienen con chiquitas. Piden unas ZRC de nueve millones de hectáreas, unas Zonas de Producción Campesina de Alimentos de siete millones de hectáreas, a las que hay que agregar los cerca de 30 millones de hectáreas de los resguardos indígenas y los cuatro millones de hectáreas de los territorios de afrodescendientes, con lo cual tenemos alrededor de 50 millones de hectáreas que harían parte de jurisdicciones especiales, cerca del 40 por ciento del territorio nacional. Para esas jurisdicciones las FARC reclaman autonomía política, económica y administrativa, lo cual significa, ni más ni menos, que el poder central del Estado no tendría soberanía sobre cerca de la mitad de su territorio y que quedaríamos ad portas de la desintegración nacional. Insisto, no es poquita cosa lo que está reclamando la soberbia cínica de las FARC para firmar un acuerdo de paz, proceso que el Gobierno dice que va muy bien y que se firmará dentro de unos pocos meses.

Esta exigencia de la guerrilla es consistente con su visión estratégica sobre los diálogos de paz, y que el Gobierno parece no haber entendido. Para las FARC la eventual firma de un acuerdo de paz no significa la entrega de las armas –a lo que se niegan absolutamente–, ni su dejación automática. Para la guerrilla a partir del acuerdo se abriría un período de muchos años de duración durante el cual el Gobierno cumpliría los compromisos pactados y ejecutaría íntegramente todos y cada uno de los acuerdos. Las FARC mantendrían en su poder las armas, sin dejar de usarlas, y se replegarían para asentarse precisamente a esas jurisdicciones especiales. Allí compartirían el monopolio de las armas con el Estado y se establecería una especie de poder dual o cogobierno entre el gobierno nacional y la guerrilla. Insistimos, en cerca de la mitad del territorio nacional.

Las FARC son un grupo de poder, armado y terrorista, que no tiene ninguna representatividad social ni ninguna legitimidad política, ni en el campo ni en las ciudades. No tiene tras de sí ningún movimiento campesino ni ciudadano. Pero como resultado de los diálogos de La Habana quiere hacerse con el control de casi la mitad del territorio colombiano. Su estratagema, oculta tras las palomitas de la paz, es clara. Para una guerrilla como las FARC, que siempre tuvo una incapacidad estructural e insuperable para penetrar y asentarse en zonas urbanas y para influir en su población, copar la territorialidad rural es cuestión de vida o muerte. En mantener, ampliar y consolidar una presencia y un control territorial rural se juega su destino como grupo de poder.

Esta es la razón que mueve a las FARC a exigir en Cuba el establecimiento de esas jurisdicciones territoriales especiales autónomas. No es, obviamente, el desarrollo integral del campo. Son razones de poder. Un control territorial garantizado por la no entrega de las armas por parte de la guerrilla, junto con unas Fuerzas Militares debilitadas y con prohibición de realizar acciones contrainsurgentes en esas jurisdicciones especiales, sumado a una impunidad total y automática para las FARC por sus crímenes de lesa humanidad, son algunos de los ingredientes de la estrategia de poder que está adelantando la guerrilla en los diálogos de Cuba.

Y todo esto lo hace la guerrilla sin que el Gobierno parezca enterarse, además con la ayuda de algunas almas piadosas que quieren la paz a cualquier costo –incluso el de la impunidad, la desmoralización social, la desintegración nacional y la reproducción posterior de la violencia–, pero también con el apoyo de compañeros de viaje, que cada vez son menos encubiertos.

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