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Opinión

  • | 2007/05/12 00:00

    Las fosas de los vivos

    Caterina Heyck analiza por qué ni Gobierno ni Comisión de Reparación y Reconciliación fueran conscientes de que los secuestrados son también víctimas del conflicto

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Cada día se encuentran nuevas fosas con cientos de cadáveres de víctimas de las autodefensas. Poco a poco van saliendo los muertos fruto de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y del testimonio de varios paramilitares. Aun cuando las declaraciones de algunos de ellos, como las de Francisco Villalba, quien reconoció haber sido entrenado en técnicas de desmembramiento de seres humanos mediante matutinas prácticas con campesinos vivos, son espeluznantes, de alguna manera el país y el Estado parecen preparados para “perdonar” dichos actos, a través de la aplicación de la citada ley con la pena alternativa, en pro de lograr más información para localizar fosas comunes e ir finiquitando el fenómeno paramilitar.

El 7 de mayo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), presentó al país su recomendación de criterios de reparación y proporcionalidad restaurativa, en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley 975 de 2005. En palabras del Presidente de la Comisión, estos criterios no sólo tienen como destinatarios a los jueces, sino a las víctimas y a la sociedad colombiana, y se enmarcan dentro del concepto de “justicia transicional”.

Ese mismo 7 de mayo, el Presidente de la República, en la Cátedra Colombia en la Universidad Militar, también se refirió a unas víctimas del conflicto: los secuestrados. Nuevamente ordenó a las Fuerzas Militares que fueran a rescatarlos y negó toda posibilidad de despeje para negociar el acuerdo humanitario.

Pareciera que ni gobierno ni Comisión de Reparación y Reconciliación fueran conscientes de que los secuestrados son también víctimas del conflicto. ¿Será que por estar vivos no merecen la aplicación de los criterios de reparación integral, de restitución, rehabilitación y restablecimiento? Si para los muertos de las fosas hay unos mecanismos de reparación a través de sus herederos y familiares, ¿será que es imposible para los secuestrados, regresarlos vivos y que así se aplique lo que en derecho se llama “restitución” (volver las cosas a su estado anterior)?

Bajo la perspectiva de la Justicia Transicional, la comunidad académica, el gobierno, la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Comisión han entendido que para avanzar en la consecución de la paz y, de manera concreta, para erradicar el paramilitarismo, se debe lograr un equilibrio entre verdad, justicia, reparación y paz –que tenga en cuenta la capacidad financiera real de nuestro país–. Para esto se debe considerar, también, el contexto de la realidad colombiana y de su conflicto armado. De hecho, el soporte para conceder los beneficios de la ley a los miembros de las autodefensas desmovilizados, a pesar de ser narcotraficantes y haber cometido abominables crímenes de lesa humanidad, necesariamente depende de la existencia de la guerrilla como primigenio actor del conflicto.

Pero así como una contextualización de nuestra realidad es necesaria para dar cabida a la más práctica, justa y viable reparación de las víctimas de los paramilitares desmovilizados –y esto es justamente la justicia transicional de que habla la CNRR–, lo mismo se debería hacer frente a las víctimas de los otros grupos armados ilegales, que por su naturaleza no cuadran dentro de la lógica de la rendición y la desmovilización.

La Comisión excluye de la aplicación de sus criterios a las víctimas de aquellos delitos que no corresponden a crímenes de lesa humanidad, pero (en su punto 21) pareciera también excluir a las víctimas de los paramilitares que no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley, que no estaban en la lista del gobierno entregada a la Fiscalía, por ejemplo, o a las del paramilitar que no confesó todos los ilícitos… como el personaje del alzeimer.

O no se entiende bien el citado documento o, en efecto, en la práctica habrá todo tipo de exclusiones, de manera que lo que se entregó al país será tan solo un referente, no obligatorio de interpretación para los jueces y una guía para aquellas víctimas que tengan la suerte de llenar todos los requisitos de procedibilidad, identificación y demás. Por lo pronto, los secuestrados no aparecen allí.

La Comisión no puede olvidar a estas víctimas vivientes. Le ha faltado velar por ellos, que están vivos, que pueden escucharla desde el cautiverio, que también son víctimas de lo que denomina “Gaoml” (grupos armados organizados al margen de la ley), de la supuesta cobertura de la Ley de Justicia y Paz.

No es conveniente que ante su silencio respondan otros. El partido liberal, con el ex senador Andrés González, ha propuesto la inclusión de una quinta papeleta en las elecciones de octubre para presionar la realización del acuerdo humanitario. Por más loable que sea su intención de trabajar por la libertad de los secuestrados, preguntar la opinión del pueblo en un asunto que, independientemente de la respuesta, es obligatorio para el gobierno, es innecesario, impráctico, costoso y, sobre todo, supremamente peligroso.

El acuerdo humanitario, recogido en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, rige en Colombia desde mucho antes de la Constitución de 1991. Después, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del Protocolo II, en el año de 1995, clarificó sus alcances, su vigencia y su utilidad para lograr la “efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario”. No se necesita que el pueblo opine al respecto. Los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario son obligatorios en Colombia y en el mundo, aun cuando no se respeten. Siguen siendo imperantes, aun cuando la gente diga que sí o que no, aun cuando el Presidente desconozca que hay conflicto armado, aun cuando la guerrilla o las autodefensas los ignoren y violen. No pueden tener color ni bandera política, ni ser entendidos como una campaña pro o anti-uribista. Qué absurdo que la gente los asociara con una campaña política en contra del popular presidente Uribe.

Dentro del referido concepto de “Justicia Transicional” y “Restitución” de las víctimas de secuestro cabe la posibilidad del despeje de Florida y Pradera, una pequeña zona del territorio nacional, de 780 kilómetros cuadrados, que estaba despejada de facto, antes que las Farc la pidieran. También cabe que salgan de las cárceles guerrilleros y que regresen a la guerrilla ¡si es que eso sucede todos los días! Salen por vencimiento de términos, preclusión o cumplimiento de condena de nuestras escuelas de capacitación, especialización y doctorado en violencia, que son las cárceles del país ¡y nadie se escandaliza! Valga decir, por demás, que excarcelar unilateralmente guerrilleros, como anunció el viernes el Presidente, para que pasen al programa de reinserción tampoco funciona, pues realmente no los están liberando, los están cambiando de lugar de reclusión. Esta propuesta es un distractor, que carece de realismo, y eso todos lo sabemos.

En el entretanto, los secuestrados siguen ahí, enterrados en vida, en fosas clausuradas, selladas, herméticas, sin siquiera poder ejercer sus derechos como víctimas, sin ser considerados como tales, ni por el gobierno, ni por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quizá porque sus secuestradores no cumplen con el “requisito legal” de actuar en el “show” de la desmovilización.

¡Imposible que la única utilidad del rescate militar sea la consecuente aplicación de dichos criterios para los deudos de los secuestrados!

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