Las fuerzas armadas no necesitan un fuero ilimitado

Las Fuerzas Armadas no necesitan de un fuero ilimitado para contener a las guerrillas y la sociedad está obligada a tomar todas las precauciones para que no se violen los derechos humanos o se pisotee el derecho internacional humanitario. Es un grave error del gobierno de Santos acceder a modificar las disposiciones que hoy rigen sobre fuero militar por las presiones de la extrema derecha y de algunos sectores militares.

La sociedad colombiana le ha brindado, en los últimos años, a su fuerza pública un enorme respaldo económico y un indiscutible apoyo moral. Eso ha permitido que el Estado alcance una ventaja descomunal sobre la insurgencia. La inversión del 4,6 por ciento del PIB en defensa, según Planeación Nacional, o del 6 por ciento, según analistas independientes, ha significado doblar el número de policías y militares y dar un gran salto en movilidad aérea y en inteligencia.

El conflicto ha cambiado dramáticamente debido a la capacidad de descargar tropas en cosa de horas en cualquier sitio de la geografía nacional; a la utilización del GPS o sistema global de navegación por satélite y de los visores nocturnos, a la gran habilidad para infiltrar agentes propios en las filas enemigas o captar desertores y al aislamiento político y social de las guerrillas.

Las bajas de Reyes, Ríos, Cano y Jojoy, la irreversible disminución de las filas guerrilleras y la expulsión de estas fuerzas de los grandes centros de población y producción son muestras fehacientes de la gran superioridad del Estado sobre los levantados en armas. No existe la más mínima posibilidad de que las guerrillas disputen el poder nacional, así mantengan su presencia en muchas zonas del país y por momentos crezcan y desaten acciones ofensivas en esos lugares. La única alternativa para los insurgentes es sentarse a una mesa de negociaciones y dar por terminado el conflicto.

Debido a esta ventaja insoslayable las Fuerzas Armadas pueden hacer que sus operaciones sean cada vez más limpias, reducir al máximo los daños a la población civil, preferir la captura a la muerte de sus enemigos, evitar la agresión a quienes se han colocado en estado de indefensión mediante el combate. Todo eso redundará en una mayor legitimidad. En contraste, las guerrillas, de persistir en su accionar armado, difícilmente escaparán a una degradación mayor de sus métodos; tendrán la tentación, día tras día, de recurrir al armamento no convencional, al terrorismo y a la presión sobre la sociedad civil.

Que los militares le temen a la justicia ordinaria y se sienten con mayores garantías en la justicia penal militar, es el argumento principal de quienes promueven un fuero ilimitado y buscan regresar a la época en que los tribunales castrenses conocían todos los delitos de sus compañeros de armas. Este temor es muy, pero muy saludable para la democracia. La justicia ordinaria es una presión legítima y justa para que los soldados, humanos como son, se obliguen a sí mismos, todos los días, a no salirse ni un milímetro de los principios y normas que rigen la guerra.

¿Por qué razón el subteniente que violó a dos niñas y asesinó a una de ellas y a sus dos hermanos en Arauca, un atroz delito común, debe ser juzgado por militares? ¿Por qué los acusados de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años o de desaparecer civiles en los hechos del Palacio de Justicia, que son actos deliberados y abominables para transgredir las leyes ordinarias del país, deberían ser llevados a tribunales especiales?

No hay testimonio más conmovedor de compromiso con los principios democráticos que el protagonizado por el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, ante el atentado terrorista que dejó 76 muertos en uno de los países más tranquilos de la Tierra. Hay que responder con más democracia, dijo, tenemos que enfrentar la agresión con más amor y compasión. Más libertad, más apertura, fueron palabras que utilizó en medio del dolor y del desconcierto de todos los noruegos.

Acá, en cambio, se piensa siempre en responder a la violencia con violencia y a la ilegalidad con una dosis parecida de transgresión.