Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2009/04/08 00:00

Las lenguas nativas

Aquí en Colombia no sólo se piensa con el deseo, se legisla con él.

Magdalena Holguín

Aun cuando la legislación expresa la manera como nuestros representantes desean que se reglamente nuestra vida en sociedad, en Colombia parece existir la infortunada tendencia a creer que la ley por sí misma puede resolver problemas que exigen inversiones y medidas diferentes. La proliferación de reglamentaciones se convierte, en muchos casos, en un elemento que, lejos de contribuir a las soluciones, genera dificultades adicionales. En muchos casos, estas leyes se promulgan de manera irresponsable; no consultan la realidad, no se basan en estudios que propicien su efectiva aplicación y, lo que es peor, no tienen en cuenta de dónde habrán de provenir los recursos necesarios para su implementación.

Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha presentado un proyecto de “Ley de protección de las lenguas nativas”, mediante el cual “se desarrollan los artículos 7, 8 y 10 de la Constitución política y se dictan normas sobre la protección y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre los derechos lingüísticos de los hablantes de estas lenguas.”

Desde luego, a la protección de bienes culturales tales como las lenguas no habría nada que objetar; por el contrario, sería deseable, desde todo punto de vista, que el Estado y, en este caso específico, el Ministerio de Cultura, adoptara las medidas necesarias para preservar las lenguas existentes y, en lo posible, prevenir la extinción de algunas que están en vías de desaparición.

Sin embargo, al proyecto mismo cabría hacerle varias objeciones. La primera sería de carácter puramente formal: dado que la ley pretende desarrollar artículos de la Constitución que se refieren a principios fundamentales, no podría tratarse de una ley ordinaria, sino de una ley estatutaria, cuyo trámite y aprobación son diferentes.

El artículo 19 de la Constitución, que trata específicamente a los idiomas hablados en Colombia, reconoce que “las lenguas y dialectos étnicos son también oficiales en sus territorios,” y establece que “la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”

En el proyecto se definen como lenguas nativas no sólo las pertenecientes a los pueblos indígenas, sino también las lenguas criollas habladas por comunidades de afro-descendientes y la lengua romaní hablada por el pueblo rom o gitano.

Aun cuando la mayor parte de las disposiciones contenidas en el proyecto están dirigidas a canalizar el apoyo del Estado a la preservación y revitalización de estas lenguas, haya artículos imposibles de cumplir, al menos en el mediano plazo. La ley, por ejemplo, contempla que cualquier hablante de una de estas lenguas nativas, para efectos de su acceso a la administración de justicia, a la administración pública y a los servicios de salud, será “asistido gratuitamente por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y su cultura.”

Si tenemos en cuenta que en Colombia el número de lenguas nativas asciende a más de 64, esto significaría que, para cada lengua, el Estado estaría obligado a formar un número sustancial de intérpretes en cada una de estas lenguas. Por otra parte, dado que este requisito no se aplicaría únicamente dentro de las comunidades, sino en “todos los departamentos y municipios con comunidades que hablen lenguas nativas”, cualquiera de las gestiones realizadas por los hablantes de lenguas nativas en los sectores mencionados tendría que ser, por ley, bilingüe. Este servicio, por otra parte, se extendería presuntamente a los “migrantes”, esto es, a las personas pertenecientes a grupos étnicos que se hayan establecido en lugares ajenos a su territorio de origen y deseen mantener el uso de su lengua.

Además, el proyecto contempla la producción y difusión de “materiales escritos, de audio y audiovisuales representativos de las lenguas nativas y de las tradiciones orales producidas en estas lenguas,” así como la elaboración de programas radiofónicos y televisivos en las lenguas nativas en las “áreas” donde son habladas, programación que correspondería al Ministerio de Comunicaciones, los departamentos y los municipios con comunidades que hablen lenguas nativas. En lo que se refiere a la educación, la Constitución establece la enseñanza bilingüe en estas comunidades, por lo cual sobraría el artículo del proyecto que la hace obligatoria.

Evidentemente, lo que se objeta al proyecto de ley no es que el Estado realice todas las actividades que propendan a la conservación de las lenguas y apoye decididamente su conservación y revitalización. Lo que se objeta es que se legisle sin tener en cuenta las realidades para las cuales se establece la norma.

En este caso, cabría preguntarnos primero ¿cuáles son los datos sobre estas comunidades en los que se basa el proyecto, si aún no se ha realizado el censo? ¿Cuántos intérpretes preparados en cada una de estas lenguas y conocedores de las culturas correspondientes hay actualmente en Colombia? ¿Cuánto tiempo tomaría preparar a estas personas y con qué herramientas se cuenta para hacerlo?

¿Cuenta el Ministerio de Cultura, responsable según el proyecto, de la implementación de esta política, con los recursos necesarios, máxime si no son suficientes siquiera para financiar sus modestos proyectos culturales? ¿Cuenta con los recursos necesarios para los órganos que crea la ley, esto es la Dirección de Lenguas Nativas y el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas? ¿Cuenta con los recursos necesarios para la publicación de materiales escritos y audiovisuales en estas lenguas? ¿Cuenta el Ministerio de Comunicaciones con los recursos que deberá destinar a la producción de los programas de radio y televisión en las lenguas nativas? ¿Cuenta ya el Ministerio de Educación con los docentes necesarios para impartir una educación bilingüe en todas las lenguas nativas? ¿Cuenta el Dane con los recursos para realizar el censo sociolingüístico cada cinco años en todo el territorio nacional?

Al parecer nuestros ministros, como sucedió con el Ministro de Protección Social en el caso de la Pila, como sucede ahora con el Ministerio de Cultura, viven en un país diferente del que compartimos los demás colombianos, en el que existen fantásticos recursos para satisfacer las exigencias ideales de los titulares de estas carteras. Parodiando el dicho, aquí no sólo se piensa con el deseo; se legisla con él.




* Magdalena Holguín es profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.  (G-DIP),  un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y, tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.






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