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Opinión

  • | 2011/08/27 00:00

    Las mafias gemelas

    Los convenios con el gobierno mexicano deberían replicarse en Suramérica, y Unasur podría ser el escenario para adoptar una política integral frente al crimen organizado.

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Quizá no tuvieron el suficiente despliegue en la prensa los acuerdos que realizó el presidente Juan Manuel Santos en su reciente viaje a México. El tratado de extradición, el intercambio de información sobre carteles y bandas criminales, la capacitación de la fuerza pública en la persecución del crimen organizado, son piezas de una activa cooperación en asuntos de seguridad de los cuales se hablará mucho en el futuro.

Colombia y México comparten un destino trágico: son fuente de poderosas organizaciones de la mafia. Se iniciaron en los años ochenta. Crecieron en paralelo. Pactaron alianzas. Durante mucho tiempo fueron más notorias las colombianas, pero ahora las mexicanas llevan de lejos la delantera. La odiosa idea de la 'colombianización' de México no es cierta.

Allá y aquí han hecho cosas parecidas y a estas alturas no se sabe quién le enseñó a quién. Unos y otros trafican con drogas, extorsionan, secuestran, venden seguridad, tienen una variada relación con el mundo político, invierten en jugosos negocios legales e ilegales, controlan instituciones del Estado. En Colombia bien pronto apelaron a formas extremas de violencia y se lanzaron al asesinato indiscriminado produciendo un verdadero holocausto. En México se demoraron un poco para su cruzada sangrienta, pero ahora practican una atrocidad igual o superior a la colombiana.

El cultivo de la hoja de coca, la presencia de grandes organizaciones guerrilleras, también vinculadas al narcotráfico y la lucha feroz por la tierra y el territorio, hicieron que las mafias colombianas, al final del siglo pasado y a principios de este, construyeran verdaderos ejércitos que le disputaron al Estado el monopolio de la fuerza. Los carteles mexicanos no han llegado a tanto, pero en la guerra que hoy libran en algunos Estados han mostrado altos niveles de preparación militar y un gran volumen de miembros y sicarios.

En buena hora los presidentes Felipe Calderón y Juan Manuel Santos han decidido fortalecer la cooperación. Los dos países viven un momento especial. La tragedia de México es espantosa. En 2010, los asesinatos por acción de las mafias o por efecto de su persecución alcanzaron la cifra de 15.000, es el más alto registro en la historia reciente del país. En Colombia se ha producido una reorganización de la criminalidad y está en curso un nuevo ciclo de violencias en los escenarios urbanos que ha hecho saltar las tasas de homicidio en las grandes ciudades del país, Cali y Medellín volvieron a tener más de más de noventa homicidios por cada 100.000 habitantes.

La alianza entre los carteles mexicanos y las bandas criminales o neoparamilitares colombianas se ha fortalecido y se ha convertido en el eslabón más importante de una cadena que atraviesa a toda la región latinoamericana. Desde México hasta la Argentina hay expresiones del crimen organizado que mantienen vínculos estrechos. Ya no hay duda del carácter transnacional de estas fuerzas delictivas.

Los Zetas tienen la mayor iniciativa entre los siete carteles que se disputan el territorio mexicano y han extendido su influencia a toda Centroamérica. Fueron fundados por exmilitares de alto rango y son los más sofisticados y los más temidos. Pero el resto de carteles no se quedan muy atrás. La reestructuración de los neoparamilitares colombianos, irónicamente, ha dado lugar también a la conformación de siete poderosas organizaciones entre las cuales sobresalen Los Rastrojos con presencia en todo el país y con reconocidos vínculos con los mexicanos.

Los convenios con el gobierno mexicano deberían replicarse en Suramérica, y Unasur podría ser el escenario para adoptar una política integral frente al crimen organizado. Tendría eso sí que ir más allá de la sola represión policial. Los gobiernos suramericanos deberían discutir seriamente un camino hacia la legalización de las drogas para acabar con el jugoso negocio ilegal y desestimular la corrupción y la violencia. En esto, claro está, tienen que involucrar al gobierno de los Estados, que lleva 25 años poniendo en práctica una estrategia represiva sin grandes resultados en la superación del grave problema del narcotráfico.
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