Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2002/06/06 00:00

Las muertes que no le preocupan a Fino

Las muertes que no le preocupan a Fino

María , es una mujer de 58 años, pensionada del Seguro Social, quien actualmente convive con el sida y diagnosticada desde 1992 luego de haber sido infectada en una transfusión sanguínea en la Clínica Palermo de Bogotá, en una cirugía realizada en 1990. Ella afirma: "Mi médico tratante me ha formulado el medicamento Lopinavir-Ritonavir o sea el Kaletra. Ese medicamento fue aprobado para mi uso por el comité técnico científico de la EPS Seguro Social el día 13 de agosto del año pasado. Fui a reclamar los medicamentos de la fórmula 4649709, que es la del mes pasado, y me entregaron la Stavudina y no me entregaron el Kaletra. Se me informó que probablemente estaría disponible el 2 de mayo, asistí a la farmacia en esa fecha y tampoco lo había, desde esa fecha hasta hoy (15 de mayo) he seguido insistiendo pero aún no lo han comprado. Pero esta no es la primera vez que me pasa, anteriormente fui con otras fórmulas y tampoco me fue entregado el Kaletra porque según los de la farmacia no está en existencia".



El caso de María es uno de cientos de historias que continuamente se repiten. Los pacientes se sienten a gusto con el equipo interdisciplinario de profesionales que les atienden, pero como ella misma dice "prefiero que me maltraten, pero saber que puedo tener más años de vida con mis hijos".



"Hago un llamado a la comunidad para que esté muy atenta a las medidas de seguridad", señaló Guillermo Fino, presidente del Seguro Social, al hacer referencia a que cada día se registran en esa institución cinco nuevos casos de infección por el VIH, virus que causa el sida. Igualmente afirmó que "diariamente el número crece, lo cual ha disparado las alarmas a nivel nacional y ha batido los registros anteriores". Según las estadísticas del Seguro, la entidad tiene registrados 5.000 pacientes con sida, de ellos en Cundinamarca hay 1.600. El 64 por ciento de los casos están concentrados en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Hilando fino, este es un grito desesperado y alarmante, que tal vez por salir de su propia boca no ha sido escuchado por sus oídos. La situación del Seguro es bastante preocupante: se ha incrementado el número de casos nuevos, y esto según él, se debe "a muchos factores, entre otros que los programas de prevención están paralizados por falta de presupuesto, que la gente aún desconoce la dimensión de la epidemia, y tercero, que los cambios de conducta en la población no son tan fáciles como parece".

A lo anterior se debe sumar en Bogotá y Cundinamarca el aumento en el número de hospitalizaciones y defunciones en casos de sida detectados en años anteriores y que se suponía estaban debidamente controlados; de esto el doctor Fino y la directora de la farmacia de la entidad son culpables. El porque no sólo no ha ampliado el presupuesto para el programa de sida, sino además porque lo ha disminuido para la compra de medicamentos. Ella no sólo porque no compra los medicamentos a tiempo, sino además porque personalmente le informa a los pacientes que "sólo hay medicamentos para los que ponen tutela" o les informa a los jueces que los pacientes no acuden por sus medicamentos, cuando éstos pueden probar, con sellos y firmas de funcionarios de esa dependencia, que dicen la verdad.

El Seguro Social recibe permanentemente citaciones y fallos de tutela no sólo por los medicamentos, sino además, por la prueba de carga viral, un examen que determina la cantidad de virus circulante en el torrente sanguíneo y que es necesario para el diagnóstico del estado de infección de la persona y para conocer el efecto de los medicamentos en su organismo no hace parte del listado de la institución.

El problema no sólo es del Seguro, por causas similares las demás EPS son permanentemente tuteladas. De los 17 medicamentos admitidos por la comunidad científica para el tratamiento del sida y aprobadas por Invima en Colombia, tan sólo siete fueron aprobados por el comité de seguridad social en medicamentos, y de esto hace más de dos años. La carga viral y los demás medicamentos no gozan de dicha aprobación a pesar de la necesidad vital que de ellos hay. Las sociedades científicas como la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), las ONG, las redes de servicio en sida, las asociaciones de personas viviendo con VIH/sida y los miembros del Consejo Nacional de Sida reiteradamente han solicitado la aprobación de dichos medicamentos en el listado del Plan Obligatorio de Salud (POS); sin embargo ello no ha sido posible.



Esto ha derivado en la necesidad de que las EPS tengan que realizar un sinnumero de comités científicos, dedicar su personal especializado a labores diferentes a las propias de su actividad laboral, y a ser sujetas de un marcado incremento en el número de tutelas interpuestas por la no realización de pruebas de laboratorio y no entrega de medicamentos, pues con esta actitud se vulnera una serie de derechos fundamentales como: el derecho a un adecuado nivel de vida consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que conforme a lo dispuesto por los Arts. 93 y 94 de la Constitución, prevalece sobre el orden interno y la enunciación de derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución y convenios internacionales.



A los pacientes también se les está violando, en forma indirecta, el derecho a la vida, ya que al no realizarles los laboratorios correspondientes el médico no puede ordenar la entrega de medicamentos, situación que agiliza el proceso de muerte o de pérdida de las capacidades plenas, el bienestar y la calidad de vida; es decir, el derecho a la vida se debilita.

El derecho a la igualdad¡ también se viola ya que a otras personas que han presentado tutela en el Seguro Social y en otras EPS sí les están entregando medicamentos y haciendo sus exámenes de laboratorio. Violan a la par el derecho a la dignidad humana por cuanto en los postulados de la Constitución es importante reconocer los derechos fundamentales de las personas, y de manera especial, los de aquellas que por una razón u otra sufren grandes dolencias; por lo cual se reconoce la dignidad en términos de que la persona pueda llevar una vida digna en condiciones tales que se facilite su participación en la sociedad.

Se trata pues de que los jueces al tutelar los derechos de los pacientes defienden la vida, pero también una cierta calidad de ella. En los fallos de tutela se hace evidente que es necesario que exista no la vida en sí, o la dignidad por sí misma, sino un marco de condiciones de salud integral, es decir, física y emocional, que le permitan la existencia con calidad a la persona, y esa calidad hace referencia a la realización de unos exámenes a partir de los cuales se ordenan los medicamentos que les darán condiciones de vida digna en cuanto a calidad y cantidad.

A pesar de los fallos de tutela, algunos de ellos revisados y ratificados por la Corte Constitucional, el Seguro Social no entrega todos los medicamentos a sus usuarios viviendo con sida o con el VIH, sino que hace una entrega parcial de algunos de ellos, olvidando que los pacientes no pueden tomar sino la totalidad del coctel. La mezcla de tres o cuatro medicamentos o no tomar ninguno, lo que convierte la inversión en medicamentos en un gasto inútil y un despilfarro del presupuesto. La falta de seguimiento por laboratorio incrementa los costos asistenciales pues no puede saberse si los medicamentos están siendo efectivos o no. La entrega parcial de medicamentos favorece la resistencia a los mismos, es decir la toma intermitente hace que estos ya no sean efectivos, y además es motivo para que algunos al no poder utilizarlos los vendan en el mercado negro o los regalen a otras personas que sí puedan emplearlos.



*Pionero de los programas de Prevención del sida en América Latina. Secretario de la Red de Servicio en Sida de Bogotá. Director Fundación Apoyémonos.



Edición: 1047

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