29 septiembre 2011

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Las prisiones colombianas: un problema de todos

Por Manuel Iturralde*

OPINIÓNEsta es la segunda entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.

Las prisiones colombianas: un problema de todos.

Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones colombianas. De éstas, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% mujeres; el 70% son condenados, mientras que el 30% restante son sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más de dos años. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las rejas; el 39% entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años.
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Todas estas cifras se hacen más reveladoras si se tiene en cuenta que, en las condiciones actuales, estar privado de la libertad en una cárcel colombiana, en la inmensa mayoría de los casos, constituye una experiencia dolorosa e inhumana, dadas las precarias condiciones de vida que los centros de reclusión a cargo del Estado ofrecen a los presos: a pesar de la construcción de diez nuevas prisiones, que generaron 22.000 nuevos cupos a un costo de 1,2 billones de pesos, la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones colombianas es obsoleta, por lo que no está en condiciones de albergar de manera digna a una población del tamaño de Sogamoso o Zipaquirá; los servicios de salud son escasos y deficientes; las condiciones de salubridad e higiene son tan pobres que las personas detenidas sufren de manera desproporcionada frente al resto de la población de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis. A lo anterior debe sumarse la mala alimentación, la violencia y los maltratos, físicos y psicológicos, a los que se ven sometidos los reclusos.

La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en buena medida por las altas cifras de hacinamiento del sistema, hoy en día cercano al 30% (igual al promedio de los últimos 20 años), pero que en algunos establecimientos más grandes, como la Modelo y la Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín, y Vistahermosa en Cali, supera el 100%. Por esto no es de extrañar que una de las supuestas finalidades de la prisión, la resocialización de los reclusos, sea un objetivo inalcanzable, pues no existe ni la infraestructura ni los medios suficientes para ofrecer programas de educación y trabajo que ayuden a los reclusos a reintegrarse a la sociedad.

La falta de oportunidades de integración al mercado laboral de quienes salen de prisión, en su mayoría hombres de entre 18 y 30 años con bajos niveles educativos, explica en un alto grado los significativos niveles de reincidencia de la población reclusa colombiana: entre 2002 y 2010, en promedio, el 15% de esta población era reincidente; de ésta, el 30% lo era por el delito de hurto, que a su vez es el delito por el que más personas terminan en prisión.

El anterior panorama evidencia que la prisión colombiana no es otra cosa que una forma brutal de castigo e incapacitación, pues es todo lo que hace, de miembros de los sectores más pobres y marginales de nuestra sociedad.

A pesar de que lo anterior es suficiente para cuestionar la función que cumplen las cárceles colombianas, queda un argumento popular entre los gobiernos y buena parte de la población: la prisión y su dureza cumplen con fines de disuasión social y retribución que deberían llevar a la reducción de la criminalidad o, al menos, a su justo castigo. Sin embargo, ambos argumentos son débiles. En cuanto a la disuasión, a pesar del endurecimiento de la política criminal, que se refleja en el aumento significativo y constante de la población carcelaria (un 292% entre 1994 y 2011), los índices de criminalidad en Colombia son altos bajo estándares internacionales y han tendido a aumentar notablemente (casi un 72% entre 1994 y 2008). Por lo tanto, la prisión no cumple de forma significativa con una función disuasiva.

La pretendida justicia retributiva del castigo es cuestionable por dos razones: primero, porque éste es desproporcionado e inequitativo, como lo demuestran el aumento descontrolado de las personas presas, que no se corresponde con el aumento de la delincuencia, y el hecho de que se aplique principalmente a personas pobres y excluidas. Segundo, porque en un Estado de derecho el fin retributivo de la pena jamás justifica que su ejercicio conlleve la violación continua de los derechos humanos de los detenidos.
 
Bajo estas condiciones, el poder de castigar del Estado pierde toda legitimidad. Y sin embargo, el gobierno actual, como sus antecesores, parece atrapado por una lógica que pretende darnos más de lo mismo: nuevas prisiones (está planeada la construcción de 5 dentro de los próximos 3 años) y penas más largas. Esta es una política pública errada, costosa e injusta. Por esto las cárceles sí son un problema de todos los colombianos, quienes debemos exigirles más a nuestros gobernantes para que tomen decisiones razonables e incluyentes, dignas de un régimen que se proclama democrático.

*Profesor y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

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