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Opinión

  • | 2004/02/15 00:00

    Las reglas del juego

    Si la mayoría pudiera cambiar los procedimientos a su antojo, la minoría no tendría garantías ni la opción de llegar a ser mayoría

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Son dos los argumentos principales para pedir la reelección del presidente Uribe: que lo está haciendo bien y, sobre todo, que así lo quiere el pueblo soberano.

Esas razones serían inobjetables si ya existiera la reelección. Y viceversa: son del todo irrelevantes para cambiar ahora la Constitución.

De acuerdo en que el Presidente lo está haciendo bien.

El descenso en la actividad criminal de la guerrilla, el repunte de la economía, su dedicación ejemplar, o el sentido de rumbo que le ha dado al país son motivos suficientes de admiración y encomio. O si no, bastaría con acordarse de Pastrana y Samper para tener a Uribe por un gran presidente.

Eso puedo pensar yo, y eso -supongo- piensan algo así como ocho de cada 10 lectores. Pero resulta que 20 por ciento de los ciudadanos piensa lo contrario, que el PDI o un pedazo del Partido Liberal piensan que Uribe lo está haciendo mal, incluso tan mal o más que sus antecesores.

Usted y los otros siete uribistas podrán decir o hasta gritar que esos fulanos están equivocados. Pero la suya, como la mía, es una opinión, tan opinión como la de los fulanos regañados. Y es que, salvo en las teocracias o las dictaduras, en política no existe la verdad sino opiniones más o menos sectarias o serenas.

No existe pues un modo definitivo u "objetivo" de saber si el Presidente -éste o cualquiera- lo está haciendo bien o mal. Lo cual nos deja con un solo argumento para reelegir al presidente Uribe: que así lo quiere la mayoría del pueblo colombiano.

Es la regla simple e indiscutible de la democracia: precisamente en las cosas opinables, las minorías deben plegarse a las mayorías.

Pero aquí viene el detalle: la mayoría puede y debe decidir en todos aquellos casos en los cuales ha sido previsto que decida, cómo debe decidir y por cuánta mayoría. Eso sí: no puede usarse para cambiar las reglas del juego que existían al comienzo del partido.

Y es porque, en palabras más abstractas pero más precisas, la democracia no consiste en la voluntad mayoritaria sino en el respeto por los procedimientos para tomar decisiones colectivas. Por eso una Constitución, más que una lista de buenas intenciones, debe ser un buen sistema de procedimientos para acceder y ejercer los poderes.

La cosa no es trivial. Si la mayoría pudiera cambiar los procedimientos a su antojo, la minoría no tendría garantías ni tendría la opción de llegar a mayoría. No tendría porqué aceptar las reglas ni por qué ser leal: en efecto sería la guerra civil.

Independientemente de si la reelección es buena o mala idea y de si a mí o a usted le gustaría que el actual Presidente se quede o no se quede, ese procedimiento no estaba previsto al comenzar el período. Por tanto el respectivo reglamento tendría que adoptarse ahora y en caliente: ¿quién o qué impide entonces que la mayoría cargue los dados todo lo que quiera? ¿O quién, en todo caso, impide que la minoría afirme que los dados se cargaron, que desconozca el reglamento y, por lo mismo, que se asome la guerra civil?

No es accidente ni es coincidencia: las dos veces que en Colombia se cambió la Constitución para reelegir al presidente en ejercicio, se trató de dictaduras militares: la del general Reyes y la del general Rojas. Es más: cuando un presidente manda cambiar la Constitución para hacer posible su reelección, o es bobo del todo o es vivo del todo y está asegurando que no va a perder.

Unos dirán que el argumento es académico y otros dirán que alarmista. Dirán que reelegir a un presidente no es cuestión de principios sino de conveniencias y que, lejos de agarrarse por las mechas, la gente va a festejar en las calles.

Festejarán las mayorías, pero no las minorías -o sea que seguimos en el punto-. Y en lo de los principios "académicos", a lo mejor Uribe es reelegido y a lo mejor lo hace bien -será un asunto opinable, vuelve y juega-.

En cambio será un hecho que seguimos tratando de acercarnos a la meta -un Estado de derecho democrático y moderno- a punta de desviarnos de la meta.
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