Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/03/06 00:00

Las tres democracias

Colombia ha progresado en la consolidación de instituciones que nos han permitido avanzar en la democracia civil y social, pero ha tenido un preocupante retroceso en las que sustentan su democracia política.

Las tres democracias

En estos tiempos en que hay tanta obsesión por los resultados, a cualquier costo, vale la pena, aunque sea de vez en cuando, mirar qué tanto hemos avanzado en el terreno, menos visible de la democracia. Es una medida más confiable para saber si estamos progresando de verdad.

En este sentido es útil usar cómo guía los tres tipos de ciudadanía democrática a los que se refirió la gran evaluación del estado de la democracia en América Latina que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el año pasado. La ciudadanía política, el cimiento indispensable de las democracias, que depende de instituciones que garanticen autoridades públicas elegidas, elecciones libres y derecho a competir por los cargos públicos. La ciudadanía civil, que significa el respeto por los derechos de asociación, de libre expresión y los de las minorías y la igualdad ante la justicia. Esta, por supuesto, se sustenta en las cortes y tribunales, pero también en una cultura política que reconozca y defienda estos valores. Y la ciudadanía social, unas condiciones mínimas de dignidad, con acceso general a la educación y a la salud, y para los más pobres y vulnerables, una protección social básica.

Definida de esta forma amplia, cualquiera puede concluir a vuelo de pájaro que en Colombia la democracia deja mucho que desear. La pobreza que aqueja a más de la mitad de los colombianos, la violencia que cercena las libertades, la corrupción que corroe las instituciones son indicadores de nuestro subdesarrollo democrático.

Tradicionalmente, sin embargo, y a diferencia de la mayoría de los países del vecindario, Colombia se ha preciado de que, en medio de tantas dificultades, ha logrado mantener su democracia política por décadas. Y gracias a esa convicción colectiva de que de todos modos -y a pesar de todo- es mejor tener gobernantes, puede que no tan lúcidos, pero cambiables, es que hasta ahora el país se ha mantenido libre de caudillos iluminados de cuya permanencia en el poder dependa "la salvación" de la patria.

Pero si uno mira las cosas con mayor detenimiento, puede concluir que se están dando cambios profundos en la democracia colombiana en las últimas dos décadas. Para bien y para mal. Cambios esperanzadores y preocupantes.

Empecemos por los primeros que tienen mucho que ver con la construcción de instituciones mejores para la ciudadanía civil y la social de las que habla el informe del PNUD.

En comparación con lo que sucedía hace 20 años, hoy se puede decir que en Colombia se respetan más los derechos civiles y de las minorías. No sólo hay un ordenamiento jurídico que los reconoce y garantiza de manera amplia, si no que existen instituciones constantes y sonantes a las que puede recurrir el ciudadano para hacer valer sus derechos: la tutela que le permite, aún a los más pobres y vulnerados de todos, los desplazados de la guerra, hacer valer sus derechos; la Defensoría del Pueblo; la Corte Constitucional, entre otras. Pero además hay hoy muchas más instituciones de la sociedad civil que trabajan por la protección de esos derechos y por el fortalecimiento de la justicia. Hay un tejido institucional más tupido, más resistente y eso abre una ventana de optimismo. Tenemos más herramientas duraderas y sólidas para trabajar hacia una democracia plena en materia de garantías civiles. Es necesario insistir, claro está, que la situación actual está lejísimos de ser la ideal.

De igual manera, si vemos cuál era la situación social de los colombianos en los 80, y qué entidades buscaban protegerlos, también hay un progreso considerable. El Estado colombiano ha venido haciendo un gran esfuerzo institucional y presupuestal por ampliar la cobertura en salud de un mayor número de personas. De hecho, si en 1995 apenas el 26 por ciento de la población colombiana estaba cubierta por un seguro básico de salud, hoy lo está el 60 por ciento. También se ha extendido el servicio para que más niños y jóvenes tengan acceso a la educación. El avance ha sido lento, pero seguro. Y aún hoy, a niveles bastante altos, las tasas de escolaridad de primaria y secundaria siguen creciendo. Pasamos del 81,5 por ciento de la población en edad escolar cubierta, al 84, 6 por ciento al cerrar 2004.

Han crecido en número y solidez los programas de subsidio a los más pobres, a las madres jefes de hogar, a los ancianos, etc. Así mismo hoy más entidades privadas se dedican a atender y promover el bienestar social y la mejoría de la atención social pública. Desafortunadamente esta tarea se ha visto menoscabada por la corrupción, que ha desviado millonarios recursos a los bolsillos de los inescrupulosos y le ha restado efectividad y legitimidad a las entidades sociales. (Tal vez el ejemplo más dramático ha sido el del Instituto de Seguros Sociales).

Pero es que precisamente porque el tercer tipo de ciudadanía que sustenta la democracia, la ciudadanía política, se ha deteriorado en los últimos años. Y esta es la mutación de la democracia que ha cambiado para mal.

Es innegable que movimientos políticos y corrientes ideológicas que habían sido excluidas del poder durante décadas, hoy han accedido a cargos de peso en el Estado. Pero también lo es que el sistema electoral está viciado, y la confirmación de un protuberante fraude en las últimas elecciones al Senado son una muestra evidente de ello. Además son cada vez más generalizados los casos de la violación a la libertad de elegir y ser elegido, no sólo por la presión de los grupos violentos sobre ciudadanos y candidatos en varias zonas del país, sino porque la compra de votos y la corrupción de los funcionarios electorales hacen que con demasiada frecuencia, quienes salgan elegidos no sean realmente los que los ciudadanos pretendían elegir. El poder electoral está atravesado por la politiquería, y si antes Colombia les llevaba una considerable ventaja en términos de transparencia e independencia de sus instituciones electorales a varios países vecinos hoy estamos bien atrás. Es el caso de México que salió del "dedazo" del PRI a una democracia competitiva gracias en gran parte a que logró construir un Instituto Electoral verdaderamente independiente y profesional; un árbitro creíble.

Todas las encuestas en Colombia muestran que los partidos políticos y el Congreso, las dos instituciones por excelencia de la democracia política, se ganan el premio a las más desprestigiadas. Las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo son tan primitivas como hace 20 años, definidas por la repartija burocrática y de contratos. Esa es la norma general, y la excepción son los casos que como en Bogotá se han modernizado en algo.

La inoperancia de las instituciones políticas trae como consecuencia la falta de credibilidad, lo que a su vez profundiza su crisis, en un círculo vicioso. En otras palabras, son cada vez menos los que están empeñados en buscar cómo mejorar esas instituciones, cómo rescatarlas de la desidia, cómo montar organizaciones y fundaciones de la sociedad civil que ayuden a repensarlas y reconstruirlas, y cada vez más los que piensan que es mejor abolirlas porque resultan un obstáculo al progreso.

Es por eso que por primera vez en su historia reciente, muchos colombianos están convencidos de que es urgente extenderle el plazo de gobierno al caudillo "salvador", porque están convencidos que eso es mejor que preservar la vieja tradición de gobernantes, mediocres quizás, pero cambiables. Es un giro que tal vez dé resultados en el corto plazo, pero que sigue evadiendo el desafío de fondo que tiene la democracia colombiana de fortalecer y hacer más legítimas sus instituciones políticas.

*Editora adjunta de SEMANA

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