Las víctimas, ¿listas para la reconciliación?

Visitar el barrio Obrero de Apartadó, en el Urabá antioqueño, para hablar con sus líderes y pobladores para recordar con ellos lo que allí pasó a comienzos de los años 90 es enfrentarse al drama de las víctimas que aún no logran superar el dolor que les dejaron las agresiones perpetradas por la guerrilla de las FARC a través de sendos ataques armados, tras la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL) y su transformación en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

Uno de los hechos más crueles se presentó al amanecer del 23 de enero de 1994, cuando un grupo de guerrilleros llegó hasta una verbena popular realizada en una estrecha calle del barrio y atacó a quienes allí departían. En total, murieron 35 personas. Era la represalia armada contra aquellos que dejaron las armas y se embarcaron en la acción política.

Las FARC aún deben muchas explicaciones sobre esta y otras acciones contra los moradores del barrio Obrero, que se constituyó a partir de una invasión iniciada en 1992 por iniciativa de los líderes de Esperanza, Paz y Libertad sobre los predios de la finca La Chinita, en ese entonces propiedad del empresario ya fallecido Guillermo Gaviria Echeverri.

Por sus polvorientas callejuelas aún trasiegan numerosos parientes de quienes murieron en ese amargo amanecer de hace 20 años y que pese a los ataques de las FARC, decidieron no irse y resistir los embates. Los rostros de algunas mujeres dejan ver el dolor que aún cargan a cuestas por las muertes de sus esposos, hijos y hermanos. Aún les cuesta hablar del tema y siguen llorando sus muertos, como si fuera ayer cuando los perdieron.

Son muchas las necesidades sociales del barrio Obrero, entre ellas la de vivienda. Cientos de sus pobladores aún viven en casas de tabla, casi tan intactas como cuando iniciaron la invasión. Otros tantos aún deben las cuotas que acordaron para pagar los lotes y obtener las escrituras de propiedad. La pobreza ronda en muchas casas donde sus ocupantes carecen de empleos dignos que les mejoren su calidad de vida. Pese a los esfuerzos de sus padres, los jóvenes siguen siendo una población vulnerable.

Bajo esas circunstancias, que son similares a las de miles de víctimas en este país, me pregunto si están dadas las condiciones de reconciliación para que unos y otros acepten el pasado y construyan un futuro sin odios ni venganzas. Yo tengo mis dudas.

Pese a los esfuerzos que hace el gobierno nacional, las políticas diseñadas para atender la población víctima del conflicto armado aún son precarias; basta recorrer el barrio Obrero para constatar la lentitud del aparato estatal para atenderlas. La ecuación es fácil: a mayor ineficacia estatal, mayor será la dificultad para aceptar la propuesta de reconciliación.

En un ejercicio académico que hice con un grupo de estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales de la Universidad de Antioquia encontramos que no sólo se requieren leyes y decretos para atender a las víctimas, también se requiere voluntad política. Y de ella carecen numerosas entidades del Estado, en lo local y lo regional. La burocratización de la gestiones mina la voluntad de buscar la documentación requerida para acreditarse como víctimas y algunas de ellas ven en ello una estrategia para desestimular la reparación. Así no hay reconciliación posible.

Si a la deficiencia del Gobierno se le suma una justicia paquidérmica incapaz de juzgar a los victimarios de cualquiera de los bandos armados, sean ilegales o legales, la propuesta de reconciliación, por más mediática que sea, no logrará su efecto. Las víctimas seguirán desengañadas de un Estado que las dejó solas en los momentos de guerra y nuevamente las deja solas en momentos que lo requieren para superar sus carencias y avanzar en los caminos de superación de odios y rencores.

No se trata de crear frases simples e imprimirlas en todo lado, como si con ese solo hecho la gente solucionara sus problemas de empleo, educación y salud, por destacar algunos. La reconciliación también pasa por tener un empresariado con mayor responsabilidad social, que admita que es parte del problema estructural que ha generado el conflicto armado, que tiene inmensas deudas con los más pobres de este país y que debe sacrificar más ganancias para generar empleo. De nada sirve un industrial risueño en un comercial hablando de paz, si su compañía aplica políticas de flexibilización laboral que afectan la calidad de vida de los trabajadores y empleados.

En diversas ocasiones he advertido que uno de los obstáculos que tienen las conversaciones con la guerrilla de las FARC es el ineficiente proceso penal y reparador seguido bajo las normas de justicia transicional contra los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Verdades a medias, mediocre investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, inconsistencias en las exposiciones de los delitos, arbitrarias decisiones de los tribunales, malos manejos de los bienes entregados para reparar a las víctimas han impactado a las víctimas y debilitado su fe en la justicia.

Y esa debilidad se expresa cuando avizoran el proceso con la guerrilla. Creen que con los insurgentes va a pasar lo mismo en los estrados judiciales. Si las víctimas sienten que no hay verdad y, sobre todo, que nadie asume la responsabilidad de los hechos de guerra, las iniciativas de las víctimas en busca de la reconciliación se pueden desestimular y se puede ir al traste todo lo que se ha trabajado en los últimos años.

Se trata, finalmente, de un asunto de coherencia del Estado, pero también de los victimarios y de los ciudadanos. Si no hay actitudes claras de unos y otros, la reconciliación a la que están llamando no será posible y, por el contrario, continuaremos viendo en barrios como El Obrero de Apartadó el reflejo de tanta inconsistencia.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario