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Las voces de las mujeres afrocaucanas

La movilización de las mujeres afrocaucanas pone de manifiesto un conflicto en el que actores legales e ilegales se disputan recursos naturales en territorios ancestrales de pueblos étnicos.

DeJusticia ., DeJusticia .
3 de diciembre de 2014

“¡Bateas si, retros no!” exclama Francia Márquez, una mujer afrocolombiana proveniente del Consejo Comunitario de La Toma (Cauca) que el pasado 25 de noviembre llegó caminando a Bogotá junto a 70 de sus compañeras.  El grupo de mujeres salió desde el Norte del Cauca en el marco de la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales para denunciar los efectos de la minería ilegal de mediana y gran escala sobre su territorio, la ausencia de garantías para ejercer la minería tradicional y la violencia producto del conflicto armado. La movilización de las mujeres afrocaucanas pone de manifiesto un conflicto en el que actores legales e ilegales se disputan recursos naturales en territorios ancestrales de pueblos étnicos. Mientras tanto, el gobierno nacional  impulsa presuroso licencias ambientales  violando el derecho a la consulta previa.

El norte del Cauca es una región emblemática de la resistencia negra. La presencia de la comunidad afro en esta región está asociada a su labor en minas de oro y plantaciones de caña de azúcar.  Desde mediados del siglo XVI, estos pueblos practican la minería tradicional en las riberas de los ríos, que además de ser la principal actividad económica, es la base de la vida en comunidad.

Sin embargo, la región ha experimentado el impacto ambiental y social de varios proyectos económicos en los últimos 30 años. El primero de ellos,  la construcción en 1985 de la hidroeléctrica La Salvajina que generó la primera ola de desplazamiento de familias hacia zonas urbanas. Tras décadas de negociaciones con entidades del gobierno, este año, la Corte Constitucional ordenó la consulta previa y participación de las comunidades para establecer medidas de reparación  a indígenas de los Resguardos Honduras y Cerro Tijera, en reconocimiento a los daños colectivos y la violación de derechos territoriales.

Actualmente, la situación más crítica se deriva de minería industrial ilegal y de los títulos mineros legales sin cumplimiento de la consulta previa. A pesar de que el gobierno nacional ha conformado unidades especializadas para acabar la explotación ilegal, en el Cauca hay cientos de retroexcavadoras, muchas de ellas contaminando con cianuro y mercurio los ríos Cauca y Ovejas.

Además de los daños ambientales, la minería ilegal este año cobró la vida de 12 mineros como consecuencia del derrumbe de una mina en el municipio de Santander de Quilichao.  De igual forma, a la fecha - tan sólo en la jurisdicción de los municipios de Buenos Aires y Suárez- hay 21 títulos mineros inscritos (Catastro Minero Colombiano) Entre ellos, tres contratos de concesión para la empresa Anglo Gold Ashanti en los municipios de Suárez, Buenos Aires, uno en Morales, y uno en Santander de Quilichao.

En 2010, la Corte Constitucional exigió la consulta previa para expedir títulos mineros y licencias ambientales en la sentencia T 1045A y en 2009 resaltó la gravedad de la situación y declaró varios municipios de la región como casos emblemáticos para la adopción de medidas de protección.  Sin embargo, las autoridades locales y nacionales continúan sin responder apropiadamente al riesgo de la minería ilegal y  a anular los títulos otorgados sin cumplir todos los requisitos de ley.

Mientras en Cuba se discute sobre la paz y reparación a las víctimas, en el Cauca – y otras regiones del país - avanza un modelo de desarrollo económico extractivo sordo a los legítimos reclamos de estas comunidades. Ante la falta de soluciones efectivas, las mujeres del Cauca encarnan las voces que se resisten a la guerra y exclusión.  El Gobierno debe tomarse en serio las demandas de una intervención integral en estos territorios y toda la sociedad debería escucharlas, como un gesto de paz  y de reparación histórica.

*Investigadora del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-