Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/09/06 18:29

Un conflicto mal tramitado: El caso Guacamayas

En la vereda de Turbo, Antioquia varios campesinos son víctimas de ataques por parte de personas armadas no identificadas plenamente, generando desplazaminetos.

Laura Gabriela Gutiérrez Baquero. Foto: Archivo Particular.

Durante los meses de junio y julio de este año, en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo en Antioquia, varios campesinos han venido siendo víctimas de ataques por parte de grupos de personas armadas no identificadas plenamente. De acuerdo con la información suministrada por medios de comunicación, los ataques empezaron el 7 de junio cuando un grupo de hombres armados amenazaron a la población, robaron ganado y se llevaron los celulares para obstaculizar las comunicaciones; luego, el 11 del mismo mes golpearon varios campesinos, hicieron tiros al aire y robaron herramientas de trabajo; el 28 de junio intentaron destruir viviendas; el 1 de julio hubo intercambio de disparos entre el ejército y este grupo de personas desconocidas que pretendían quemar una vivienda; el 16 y 19 de julio ordenaron el desplazamiento de una familia de la vereda.

Además de estos hechos, desde abril de este mismo año, ya se rastreaban noticias de amenazas en el corregimiento de Macondo (al cual pertenece, entre otras, la vereda Guacamayas) por parte de alias “Inglaterra”, quien no ha sido exactamente identificado pero al parecer es uno de los hombres más buscados de la zona y comandante de las Autodefensas Gaitanistas.

Pero la historia Guacamayas es más larga que este par de meses. En el año 2014, el magistrado de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín - Olimpo Castaño, negó la restitución de 12 predios que venían siendo reclamados por campesinos, quienes alegaron que algunas amenazas y el temor por el conflicto vivido, los había forzado a abandonar sus predios y a venderlos. Posteriormente, en abril de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del magistrado.

Los argumentos desarrollados por el magistrado y avalados por la Corte, son el reflejo de las dificultades que tiene el mecanismo de Justicia y Paz, para comprender el contexto del despojo en la zona y hacer una reparación adecuada. De acuerdo con investigaciones periodísticas previas, el fallo señala que en el despojo que alegan los reclamantes no se encuentra probado el nexo existente entre la empresa Inversiones Inmobiliaria ASA S.A. y los grupos paramilitares que operaban allí, omitiendo todos los indicios que conducen a concluir que esta fue solo el eslabón final de una cadena de testaferrato.

Omite también que la primera compradora, la Sociedad Guacamayas S.A no actuó con suficiente cuidado al momento de comprar, pues según la fiscalía, tenía elementos suficientes para conocer el contexto de conflicto y las condiciones adversas bajo las cuales los vendedores estaban negociando. Agrega en su análisis el magistrado, que si bien el precio de la hectárea fue pactado a 200 mil pesos, este no puede ser considerado bajo si se tiene en cuenta que las condiciones de mercado de la época daban como resultado estos precios, pues entre otras cosas, carecían de acceso a infraestructura como vías y servicios públicos. Finalmente, concluye que el miedo generado por el contexto del conflicto armado no puede ser considerado en sí mismo como un elemento que afecte el consentimiento al momento de vender y por lo tanto, no se puede afirmar que las ventas deben ser anuladas.

Infortunadamente, este caso no puede ser tramitado por la jurisdicción especializada en restitución de tierras, que tiene más y mejores herramientas jurídicas y metodológicas para resolver casos de despojo como este, pues una decisión de la Corte Constitucional del año 2014 definió una regla que deja algunas solicitudes de restitución de tierras en Justicia y Paz. Pero lo cierto es, que en este caso, dicha circunstancia ha conducido a la activación de conflictividad violenta por la propiedad de la tierra, afectando a los campesinos de manera desproporcionada al punto de generar nuevos desplazamientos, cuando la justicia transicional colombiana ya cuenta con herramientas especialmente diseñadas para atender esta consecuencia del conflicto armado.

De acuerdo con información de la Fundación Forjando Futuros, dentro de los núcleos familiares que han padecido los hechos de los recientes meses, se encuentran 7 que tramitaron la restitución y decidieron retornar sin acompañamiento ante la negativa de la Corte Suprema. Mi intuición, aunque espero equivocarme, es que la decisión sobre un conflicto mal tramitado y los agitadores de la oposición a la restitución, han coincidido este año para envalentonar a quienes no quieren devolver tierras mal habidas.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia -  @lagbaquero

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.