Lecciones del hundimiento de la reforma política

Era previsible que la reforma política se hundiera. No por los enfrentamientos entre gobierno y oposición, sino porque esta es la manera en que el país tramita reformas de este tipo. Sólo después de sucesivos naufragios, las reformas a nuestro sistema político se abren paso.
 
Para llegar a la Constitución de 1991, sin duda la más importante reforma de nuestra historia reciente, tuvimos que pasar por los intentos fallidos de pequeña constituyente en el gobierno de Alfonso López, de reforma constitucional declarada inexequible en la administración Turbay, y de retiro de la reforma por el propio gobierno Barco.

Para llegar a la reforma política de 2003 recorrimos un camino similar: fracaso del intento de reforma política del gobierno Samper, hundimiento de la propuesta del gobierno Pastrana y finalmente su aprobación en el primer gobierno Uribe (aunque sin el apoyo del gobierno).

Está bien que un país se tome su tiempo para hacer reformas. Colombia posee una inmensa vocación para tratar de resolver sus problemas con modificaciones normativas, pero no es bueno que cada dificultad se supere con un cambio constitucional, entre otras razones porque la calentura de las coyunturas no es una buena consejera y porque, adicionalmente, como lo señalaba Maquiavelo, en política no hay camino seguro y es probable que la solución de hoy sea el origen de los problemas del mañana.

De cada discusión y de cada tropiezo el país debe ir sacando lecciones, pues con ellas se tejen los consensos. Vale la pena entonces intentar unas reflexiones preliminares sobre lo sucedido con la reforma política.

En primer lugar, las únicas reformas viables son aquellas que se construyen mediante consensos. El trámite de la reforma tuvo esta debilidad desde su nacimiento cuando se propuso incrementar el umbral mínimo de votación que permite la organización y existencia de partidos a un 5 por ciento. Esto de inmediato generó dos bloques, uno de los partidos mayoritarios (beneficiarios directos de la norma) y otro de los partidos minoritarios y el Polo Democrático en contra de la iniciativa. Reconstruir un consenso con todas las fuerzas políticas nunca fue posible.

En segundo término, es necesario tener claros los objetivos de las reformas. En el transcurso de la discusión la prioridad de los temas se modificó. La sanción a los partidos y el fortalecimiento de los mismos terminaron siendo incompatibles. ¿Cómo explicar la necesidad de castigar a los partidos que permitieron su infiltración por organizaciones criminales y al mismo tiempo defender que a esos partidos había que premiarlos otorgándoles el privilegio de ser los únicos competidores políticos hacia el futuro?

Tercero, no es sano mezclar reformas de largo plazo con cálculos políticos de corto plazo. La figura de la silla vacía tuvo el consenso de las fuerzas políticas mientras pensaron que permitiría una rotación en las curules o carrusel, como lo denominó en su momento el representante Roy Barreras. La publicación de una redistribución de curules que mostraba al Polo Democrático como el gran beneficiario de la rotación al no estar afectado por las investigaciones mostró las implicaciones reales del procedimiento propuesto. La propuesta de silla vacía surgió, no como una formula superior, sino como la manera de evitar el ascenso de una fuerza de oposición. Pronto las fuerzas de oposición descubrieron también que esta era una manera de afectar la correlación de fuerzas en el Congreso y por ello pasaron a ser los principales defensores de la reforma.

Cuarto, las reformas necesitan debate amplio y suficiente. En el último de los debates que tuvo la propuesta fue claro que muchos de los que iban a votar positivamente la ponencia no se encontraban del todo a gusto con su contenido, pero consideraban que votarla en bloque era la única forma de salvarla. Allí se iba a votar, por ejemplo, la desaparición de los topes de financiación de campañas, con lo cual se iba a borrar con el codo del financiamiento lo que se lograba con la mano del castigo a las curules. No es sano para un país que las reformas se tramiten sin plena discusión y amplio debate sobre todos y cada uno de sus contenidos.

En todo caso, la principal lección de esta discusión es que la responsabilidad política es un elemento inherente a la función de un partido político. Las responsabilidades penales son individuales, pero las responsabilidades políticas involucran a la organización que avaló al candidato. Será importante establecer castigos, pero mucho más importante adoptar medidas preventivas para que los partidos no incorporen en sus listas a cualquiera que por tener dinero o votos se considera con derecho a ocupar cargos públicos. Necesitamos partidos que sean capaces de preparar, formar y presentar a la opinión a personas idóneas, para llegar allá podemos seguir discutiendo las reformas necesarias, pero también podemos empezar a pedir a los partidos que se comporten con ética.