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Opinión

  • | 2014/11/12 00:00

    Lecciones desde Cauca

    Algo tiene que decirnos lo ocurrido tras el homicidio de dos guardias indígenas y el posterior juicio a siete guerrilleros de las FARC, responsables del doble crimen.

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Los ecos de la comunidad indígena nasa dictando sentencia contra los siete guerrilleros involucrados en el asesinato de los guardias Daniel Coicué y Manuel Tumiñá aún se sienten en el país, y se deben sentir por largo tiempo. Es un hecho para no olvidar fácilmente.

El juicio realizado en uno de los centros de estudio y capacitación que tiene esta etnia a cinco minutos del centro del municipio de Toribío marca un precedente en la manera como los nasa asumen la defensa del territorio e imponen su autoridad sobre todos aquellos que pretenden entrometerse sin su consentimiento. Detrás de todo ello hay un ejercicio pedagógico que deja varias lecciones.

La primera de ellas tiene que ver con la soberanía. Los nasa defienden su territorio de todos aquellos actores armados, legales e ilegales, que quieren hacer presencia en ellos. Quedó demostrado en julio del 2012 en el cerro Berlín, cuando sacaron literalmente de pies y manos a los soldados acantonados en ese lugar y lo ratificaron el fin de semana pasado.

Una segunda lección involucra directamente a la guerrilla de las FARC. Ya es hora de que este grupo subversivo comprenda que su poder armado, y lo que les queda de poder político, está en la etapa final y no les queda otro camino que la firma pronta de un acuerdo de paz con el gobierno nacional, si quieren mantener su dignidad insurgente. Lo que se vio en Toribío revela que la guerra que sostiene esa organización armada se ampra en los jóvenes, muchos de ellos menores de edad, una perversidad sin justificación alguna.

La tercera lección se deriva de las mismas FARC. No es justificando los hechos, tal como lo hicieron a través de un comunicado, que se explican los crímenes y se justifican. En un comunicado esgrimieron la legítima defensa como explicación a los asesinatos de Coicué y Tumiñá. “[…] acosado por una lucha cuerpo a cuerpo, uno de los milicianos empleó su arma, con el fatal resultado de la muerte de los guardias”, explicó el Estado Mayor Bloque Occidental de las FARC. Es tendencia ya de la insurgencia presentarse como víctima cuando se les imputa algo, circunstancia que en nada contribuye a generar confianza en el proceso de negociaciones en La Habana. Antes que justificarse y victimizarse, deberían pedir perdón.

Una cuarta lección se desprende del discurso que dio el exgobernador del resguardo de San Francisco Alcibíades Escué, durante el juicio a los siete guerrilleros: las FARC deben parar el reclutamiento, sean estos indígenas o no, y sobre todo de los menores de edad. El líder indígena cuestionó la “estructura piramidal de las FARC” que pone a los nativos “en contra no de quienes tienen el poder, sino de su propia familia, de su propio pueblo, de la Guardia Indígena, de los cabildos. Y aquellos indios que no acaten la orden de matar a sus propios indios o de defender a su estructura (guerrillera) son asesinados por sus compañeros”.

Como parte de los compromisos de este grupo subversivo con el país, debería tomar la decisión de frenar el reclutamiento de hombres y mujeres. No hay razón para continuar involucrando jóvenes, niños y niñas, en la guerra. Eso es una evidencia concreta de su debilidad militar.

La quinta y última lección es el ejemplo de dignidad y sacrificio que están dispuestos a pagar los nasa, permanentemente acosados por las FARC, para que las conversaciones con ese grupo subversivo se concreten y se logre llegar a un acuerdo que permita cumplir con el objetivo de una paz duradera y sostenible. “Como organización indígena levantamos la voz para que sigan en sus diálogos, independientemente de que nos están matando”, dijo durante el juicio a los guerrilleros el exgobernador del resguardo de San Francisco Alcibíades Escué. 

Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitieron un comunicado al final del juicio en el que ratificaron lo dicho por Escué: “Es nuestro deber continuar invitando a que se mantengan los diálogos de La Habana porque estamos convencidos de que este es el único camino posible para terminar una guerra absurda que por más de 50 años ha dejado un huella imborrable en el país de sangre, lágrimas y víctimas. Los pueblos indígenas históricamente hemos demostrado nuestra apuesta a la paz, innumerables han sido nuestros gestos por una salida política y negociada al conflicto armado”.

Insisto, los ecos del juicio llevado a cabo por los nasa deben retumbar en todo el país, pues deja lecciones necesarias para encarar las negociaciones que adelanta el gobierno nacional con las FARC, exigirle a esta guerrilla que ponga fin a las prácticas perversas del reclutamiento y el ataque a las comunidades indígenas, y que comprendan que su debilidad militar y social no les deja otra alternativa que mantenerse en la mesa de La Habana hasta que se logren unos acuerdos que beneficien al país, y no solo a su cúpula negociadora.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

Nota: A raíz de mi columna de la semana anterior, se produjo una reacción de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. que publico en su integridad (Ver comunicado). No obstante las aclaraciones que allí se hacen, queda demostrado que: León Valencia sí es reclamante de tierras; que cedió su participación en la sociedad a su esposa, según me lo confirmó en un correo fechado el 5 de noviembre, y que de acuerdo con los documentos presentados por la Fundación Forjando Futuros, que lleva el caso, ante el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Medellín, el 12 de septiembre de 2014, “cumplía labores administrativas dentro de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda.”. Y por último, han sido los jueces de la República, y no yo, los que se han negado a tutelar derechos a por lo menos dos miembros de esta sociedad argumentando que ya fueron compensados con los dineros pagados por el Estado una vez se firmó la llamada “Acta de Punto Final” en el primer periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que “estableció los términos de la culminación de los compromisos derivados del pacto de paz”.
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