Lecciones de Jamundí

No cesan los hallazgos y las reacciones en torno a lo ocurrido en Jamundí. La tragedia padecida por uno de los grupos más exitosos de la Policía antinarcóticos a manos del “fuego amigo” del Ejército nacional, deja un dolor difícil de superar a los familiares de las víctimas que sólo sería paliado si se hace justicia, se materializan en el corto plazo algunas de las propuestas que se han revivido en torno a la justicia castrense y se aprenden algunas lecciones políticas y jurídicas que deja el fatídico acontecimiento.

Hacer justicia. Lo más importante de todo será que se investigue y juzgue en debida forma a todos los responsables del hecho, para que las víctimas vean así cumplida su expectativa de justicia. Jamundí está llamado a convertirse en la prueba de fuego del sistema penal que estamos estrenando, no sólo por la ventilación pública de un caso trágico y socialmente sensible, sino por la esperada demostración de eficacia de un cuerpo de investigación criminal que se supone bien dotado profesional y logísticamente.

Propuesta revivida. El momento no puede ser más oportuno para materializar en Colombia un viejo anhelo de la causa de los derechos humanos en el nivel universal: la modificación de la justicia penal militar de modo que la misma sea realmente excepcional y confinada a conocer de delitos militares. Que la investigación criminal, cualquiera sea el delito cometido, la lleve a cabo la Fiscalía y, a partir de los resultados de la misma, se defina en su oportunidad el competente para adelantar el juicio –la justicia ordinaria o la castrense– parece una propuesta sensata que merece ser examinada con detenimiento.

Lección política 1. La Fuerza Pública en Colombia tiene como parte del procedimiento de información de sus acciones a la opinión pública, una actitud recurrentemente defensiva, aun cuando se trate de errores evidentes, irregularidades ostensibles o crímenes a secas. Me vienen a la memoria tres casos relativamente ya aclarados por la justicia ordinaria y en los que, contra todas las evidencias, operó el patrón exculpatorio señalado: el bombardeo a Santo Domingo, en Arauca; el asesinato de sindicalistas, en el mismo departamento, y Guaitarilla.

Ganaría mucha más legitimidad la Fuerza Pública si reconoce públicamente los errores o las irregularidades cometidas, las aisla –en el entendido de que ni el error ni la irregularidad hacen parte de una política estatal– y toma los correctivos del caso de manera oportuna, contundente y con plenas garantías para los responsables. Lo propio debe hacer si sus integrantes han cometido crímenes atroces. En esa línea debería la Fuerza Pública analizar las denuncias de los 37 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos al Ejército y puestos de presente, precisamente en esta coyuntura, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con solicitud expresa al Procurador General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria correspondiente, haciendo valer su potestad preferente para hacerlo.

Lección política 2. La exigencia del presidente Uribe a las autoridades competentes para que se esclarezca el hecho y se dé a conocer públicamente lo que realmente aconteció es una demanda justa que hay que suscribir, al menos por dos motivos: (i) si hay algo que reclaman los familiares de las víctimas y la sociedad en general en casos como estos, además de hacer justicia –o incluso como parte de ella–, es el derecho a la verdad; (ii) esa importante exigencia presidencial bien vale la pena mantenerla viva y generalizarla ahora que se avecina la aplicación de la ley de Justicia y Paz –a despecho de las consideraciones de los jefes paramilitares con ocasión de la decisión de la Corte sobre dicha ley–.

Lección jurídica. Ante la evidencia de lo ocurrido en Jamundí, el presidente Uribe pidió igualmente a los jueces militares que se abstuvieran de conocer el caso, para dar paso a que la Fiscalía General de la Nación iniciase la investigación. El Presidente hizo bien en pedir que la justicia castrense abandone sus pretensiones de iniciar la investigación aunque, de hecho y en un principio, un juez militar haya considerado lo contrario, con resultados fallidos. Lo que no hace bien es hacer creer a la opinión pública que el paso de la investigación a la Fiscalía, es obra de su petición pública y sus buenos oficios.

La determinación del juez competente de la masacre de Jamundí, como la de cualquier otro hecho delictivo, no depende de la decisión del Presidente, sino de unas reglas preestablecidas en normas jurídicas, apoyadas con precisiones hechas por la Corte Constitucional y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De ellas se tiene claro, por ejemplo, que los crímenes de lesa humanidad –como los asesinatos perpetrados por militares– jamás pueden ser conocidos por la justicia castrense, sino por la justicia ordinaria –Fiscalía y jueces penales ordinarios–.

Las expectativas, propuestas y lecciones señaladas a propósito de la tragedia de Jamundí ponen de presente que algo no anda bien, desde hace rato, en la Fuerza Pública. A las medidas administrativas, legislativas, disciplinarias y penales que sin duda tienen la vocación de hacer correctivos inmediatos en el interior de la Fuerza Pública, se debe agregar una seria autocrítica que ponga a tono la institución armada con las exigencias de legitimación propias de los sistemas democráticos y con una ciudadanía adulta que hace mucho dejó de creer, por diversas razones, que la Fuerza Pública es el bonachón policía de la esquina. Un comienzo para repensar dicha inserción bien podría ser la reinvención de una figura como la del Alto Comisionado para la Fuerza Pública, pero sin las debilidades que en su oportunidad tuvo el de la Policía.

• Miembro fundador de DeJuSticia, Profesor Universidad Nacional

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org), antes DJS, fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.