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Opinión

  • | 2007/08/25 00:00

    ¿Legalizar a Colombia?

    El autor pone el dedo en la llaga sobre la legalización de las drogas. Pide poner las cosas en orden porque el problema estará mientras en el país exista una proporción importante de la sociedad extremadamente individualista y que acepte que obtener dinero y acumular riqueza son las metas principales en la vida.

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Es frecuente encontrar columnas de opinión y editoriales de prensa hablada y escrita en los que se aboga por la legalización de las que hoy son drogas ilegales. En efecto, en estas la legalización de las drogas se presenta como la “única solución” para los problemas colombianos. A pesar de las repetidas sugerencias al respecto, quienes están a favor de la legalización no explican cuál debe ser el camino para obtenerla ni cuáles serían sus consecuencias.

La legalización de las drogas tendría dos posibles opciones: la legalización unilateral por parte del Estado colombiano o la legalización mundial.

La legalización unilateral tiene dos problemas básicos. De una parte, requiere repudiar todas las convenciones que establecen una normatividad mundial. El régimen actual está determinado por tres Convenciones Internacionales sobre drogas, a las que se le suman una sobre crimen organizado, una sobre corrupción y la que actualmente se está elaborando sobre terrorismo. Esta vía sería catastrófica para el país que quedaría como un paria internacional. Las consecuencias más probables serían fuertes sanciones económicas de todo tipo y un aislamiento a lo menos del primer mundo.

De otra parte, una legalización unilateral no sería efectiva porque Colombia no puede afectar las normas internas de los demás países. En este caso la exportación de las drogas seguiría siendo ilegal.

La otra opción es modificar las Convenciones. Este es un proceso arduo y largo que requiere convencer al mundo de la necesidad de hacerlo. Alterar marginalmente una convención toma fácilmente entre cinco y 10 años. Un cambio drástico como el sugerido es mucho más difícil e improbable. Es importante anotar que la gran mayoría de los países del mundo se opondrían radicalmente a esto. La prohibición de las drogas ilegales que alteran la mente está fuertemente arraigada en Estados Unidos, en todo el mundo islámico, en todos los países que tienen o han tenido gobiernos autoritarios (la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, China, Cuba), en toda el África al Sur del Sahara, en los países escandinavos, Francia, la gran mayoría de los latinoamericanos, Canadá y Australia, entre otros. Aun en Holanda existen en la actualidad movimientos sociales fuertes a favor de la eliminación de la legalidad de los cigarrillos de marihuana vendidos en los coffee shops. En Colombia se desconoce una realidad simple: el mundo es prohibicionista y no va a cambiar porque un país, que además no tiene poder en el ámbito internacional, tenga problemas.

Más aún, la legalización no resolvería los problemas colombianos. Una razón clave para ello es que la existencia de una demanda de drogas no explica por qué Colombia ‘concentra’ la producción de cocaína. Si la demanda determinara la producción, la coca se cultivaría en los más de 30 países en los que puede crecer y la cocaína se refinaría en muchos más. El problema para Colombia surge de algo elemental: cuando en el nivel mundial se declara ilegal algo fácil de producir, esto se producirá y concentrará en los lugares del mundo en los que sea más fácil hacer cosas ilegales. En otras palabras, Colombia no concentra las drogas porque son rentables sino porque son ilegales. Implícitamente quienes abogan por la legalización reconocen este punto clave puesto que aceptan que mientras las drogas sean ilegales Colombia seguirá concentrando la producción de cocaína.

Las políticas represivas hacia las drogas no han funcionado ni pueden funcionar porque todas buscan atacar la rentabilidad pero no responden a las causas de la concentración. Además, al atacar la rentabilidad en un eslabón de la cadena, la aumentan en otros. Si no se elimina la facilidad para hacer cosas ilegales, no será posible acabar con las drogas. Más aún, si por un milagro el mundo legalizara las drogas, las organizaciones que las producen y trafican continuarían con otros bienes y servicios ilegales. Las utilidades ilegales posiblemente disminuirían en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo el país continuaría produciendo bienes y servicios ilegales muy rentables. Infortunadamente hay que recordar que Colombia es hoy el primer productor de dólares falsos, de minas antipersona, y de sicarios; ha sido también el primer productor de secuestros y es además un productor de euros y pasaportes de primera calidad, el primer o segundo exportador latinoamericano de prostitutas, etc.

El gran desafío que enfrenta Colombia es construir una sociedad legal, no es legalizar las drogas. Se podría argumentar que no es posible construir una Colombia legal mientras haya drogas ilegales. Sin embargo, durante los primeros 150 años de independencia no había una industria de drogas ilegales, y no se construyó una Colombia legal. Es cierto que el desafío es enorme y requiere básicamente eliminar la gran brecha actual entre la normatividad formal y las reglas informales de comportamiento que prevalecen en la sociedad. Esto implica buscar formas de aumentar la cohesión social, generar autocontroles, reciprocidad, confianza, solidaridad y sentido de pertenencia. Sin duda la construcción de ciudadanía en la que la gente se sienta parte del Estado es clave.

Hoy una proporción importante de la sociedad colombiana que es extremadamente individualista y acepta que obtener dinero y acumular riqueza son las metas principales en la vida. Esto lleva a una competencia sin controles que no tiene en cuenta las consecuencias sociales de los comportamientos individuales. Hoy el individuo predomina sobre la sociedad. Los derechos son individuales y la sociedad no tiene derecho de establecer restricciones al comportamiento individual. Curiosamente la izquierda colombiana busca proteger derechos individuales como el libre desarrollo de la personalidad pero no protege desechos sociales. En otras palabras, el individuo tiene derechos pero no deberes.

La única solución estable radica en cambiar comportamientos para lo cual es necesario, primero, reconocer que el problema es institucional y de comportamientos, y que la solución requiere consensuar un pacto social en el que todos los colombianos nos tratemos con dignidad y respeto y conjuntamente establezcamos un acuerdo para respetar normas formales (leyes, Constitución, decretos, etc.) elaborados de manera que sean aceptados por la gran mayoría de los colombianos. Esto sin duda requiere cambios demasiado drásticos en las políticas del gobierno.

Infortunadamente, el sistema político prioriza resultados de corto plazo que no requieran cambios sustanciales en la sociedad. Esto lleva a que las recomendaciones de reformas sustantivas que tengan por objeto modificar el comportamiento, se desdeñan por ser de largo plazo e “irreales”. La defensa de estas es sin embargo muy simple: la guerra a las drogas fue declarada por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon hace 37 años, durante los cuales se ha buscado controlar la producción tráfico y consumo de drogas ilegales con políticas que buscan resultados en el corto plazo y que no han requerido cambios en los comportamientos de los involucrados. Hoy estamos en el largo plazo de 1970 y los logros de estas políticas han sido en el mejor de los casos, marginales y la solución al problema de las drogas no se ve en el horizonte.

Colombia simplemente no puede continuar esperando una solución externa a sus problemas estructurales e institucionales. La solución tiene y debe salir del seno de la sociedad misma, aunque para empezar a lograrla se requiera enfrentar realidades duras e incómodas.

*Francisco E. Thoumi, profesor Universidad el Rosario

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