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Opinión

  • | 2006/11/25 00:00

    Legisladores paracriminales

    Rafael Guarín afirma que los congresistas procesados por la Corte son apenas un eslabón de la cadena de confabulaciones que hizo del país un campo de muerte.

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A menos que la corrupción y la impunidad encubran la verdad, la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra legisladores, por pertenecer o apoyar grupos paramilitares, puede comenzar a esclarecer los vínculos entre la clase política, el narcotráfico y los grupos armados ilegales en Colombia.

Dos días después de las elecciones parlamentarias de 2002, el cabecilla de las AUC Salvatore Mancuso señaló que la primera victoria de su organización era “superar con creces el 35% de los congresistas” y que estos surgieron “en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las autodefensas”. Los sucesos recientes demuestran sus palabras.

En varias regiones, junto con mafiosos y paramilitares, los políticos conforman una tríada maldita. En otras, la asociación se hizo con las Farc o el ELN. Tales alianzas tienen la misma misión: proteger el cultivo, el procesamiento y el tráfico de estupefacientes; mantener y acrecentar el poder electoral, y someter al Estado.

El caso de los parlamentarios es una pequeña muestra de hasta dónde sectores de la dirigencia política comulgan con la ilegalidad. En su afán de controlar el aparato estatal no les importa unirse con autores de masacres y crímenes de lesa humanidad, ni objetan coordinar sus acciones con narcotraficantes, al tiempo que legislan a su favor.

A pesar de su importancia, los políticos involucrados son de poca monta frente a los auténticos padrinos del paramilitarismo que permanecen en la sombra. Carlos Castaño lo dijo en su libro: Se trata de “hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!”, encargados de señalar la lista de asesinatos y dirigir sus acciones.

El contubernio de la para-política no es un tema nuevo, pero la decisión de una instancia judicial sí. En 2002, uno de los candidatos presidenciales denunció ante el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, la intervención de los paramilitares en las campañas electorales de los congresistas. La respuesta de Osorio fue un absoluto y sospechoso silencio.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya, no se quedó atrás. La investigación contra el senador Álvaro García, acusado de tener parte en una masacre paramilitar, terminó archivada. A punta de formalismos jurídicos descartó cualquier irregularidad en la conducta de tan deplorable personaje.

Debemos preguntarnos: ¿Quién o qué está detrás de la omisión del fiscal Osorio? ¿Qué poderosos intereses se mueven debajo de la mesa? ¿Qué hace que un Fiscal y un Procurador pasen por alto sindicaciones tan graves? ¿Podrá el Procurador ser indiferente a la suerte de su hijastro, el actual gobernador de Cesar, otro departamento paramilitarizado de arriba a abajo?

Por otro lado, de estos hechos son responsables también los partidos políticos. La coalición de gobierno debe asumir lo que le corresponde y pagar el precio del pragmatismo desbordado a la hora de conseguir votos. Gravísimo error que puede tener impredecibles alcances. El presidente Uribe tiene que salir al paso y ser tan duro con los socios de los paramilitares-narcotraficantes, como lo es con los terroristas.

A la otra orilla no escasearán los cuestionamientos. A pesar de los esfuerzos de César Gaviria por blindar su partido, el liberalismo no puede negar su pasado. A él pertenecieron muchos políticos emparentados con el nacimiento y la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. El propio Álvaro García hizo parte de sus filas y en 2003 su Dirección Nacional avaló las candidaturas únicas a la gobernación de Magdalena y Cesar. Según varios medios de comunicación, no hubo pluralidad de candidatos por presión de los paramilitares.

Finalmente, con igual vehemencia los ciudadanos debemos reclamar la verdad sobre relaciones pasadas y las actuales de políticos con grupos guerrilleros. Con seguridad éstas existen y se extienden a algunas organizaciones que con fachada democrática hacen parte de la estrategia de guerra política que adelantan los violentos.

Los congresistas procesados por la Corte son apenas el primer eslabón de una cadena de confabulaciones que hizo de este país, con la barbarie subversiva, un gigantesco campo de muerte. Ojalá la Corte mantenga la valentía y llegue hasta las últimas consecuencias. Esperamos que la Fiscalia haga lo propio, después de su prolongado y cómplice silencio.

Pregunta: ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al exfiscal Osorio?

http://rafaelguarin.blog.terra.com.co

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