Ordóñez abraza a Narváez y a Pretelt

Me cuesta mucho entender por qué el procurador Alejandro Ordóñez ha pedido la absolución de José Miguel Narváez, acusado de una larga colaboración con los paramilitares y de haber participado en los asesinatos de Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas; y por qué ha dedicado en los últimos meses tantas energías a defender al magistrado Jorge Pretelt, acusado de varios actos de corrupción y también de adueñarse de tierras de campesinos en la región de Urabá en tiempos del azaroso conflicto armado que asoló esa región.

He comprendido sus críticas al proceso de paz. No las he compartido. Me ha parecido además que tienen un muy definido sabor político. Pero se afincan en la defensa de las víctimas. Ese es el filo de la argumentación y en varias reuniones que he tenido con él, a lo largo de este año, le he escuchado razonamientos inteligentes y quizás bien intencionados sobre la necesidad de proteger jurídicamente, hacia el futuro, los acuerdos con la guerrilla. Le he escuchado que su gran preocupación es que, con acuerdos mal hechos, o con acuerdos que después se incumplen, continúe la violencia. Su punto fuerte, éticamente fuerte, es la no repetición.

En los casos de Narváez y Pretelt ocurre todo lo contrario. Tomó partido por personas que han vulnerado de manera ostensible la vida y los derechos de los ciudadanos o han afrentado al Estado y a la sociedad. Algunas de las irregularidades las han realizado, además, en calidad de funcionarios públicos del más alto nivel. Narváez cuando era subdirector del DAS y Jorge Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional. Lo cual sugiere que, en vez de asumir la defensa, el procurador debería estar contribuyendo a recaudar información para ayudar a la Justicia. No. La función se invierte de manera escandalosa: la Justicia acusa y el procurador absuelve.

No es la primera vez que ocurre esto. En muchos procesos de la parapolítica actuó en forma similar. Lo hizo en los juicios de Mario Uribe, Habib Merheg, Álvaro Araújo Castro, Ciro Ramírez, Luis Humberto Gómez Gallo, para citar algunos. También en la llamada Yidispolítica en los procesos de Sabas Pretelt y Diego Palacio. En todos esos casos prevalecieron las pruebas de la Fiscalía y se produjeron fallos condenatorios en una derrota sin atenuantes de Alejandro Ordóñez.

Esas decisiones judiciales tendrían que haber llamado la atención del procurador. No es posible que un funcionario con tan grande responsabilidad en la definición del presente y del futuro del país no haga un balance de sus actuaciones y no saque lecciones para proseguir su labor. Muy poca gente defiende hoy a los inculpados por la parapolítica. Algunas personas tachan de exageradas algunas sanciones o establecen atenuantes para las conductas de aquellos líderes políticos o funcionarios que en un contexto de guerra y agresión se aliaron con ilegales y se desviaron de su función pública, pero ahora se oye muy poco el argumento de la inocencia, de la exoneración completa. La sociedad ha venido aceptando la imperiosa necesidad de proteger la democracia de la ligazón entre mafias y política.

Pero el procurador sigue como si nada hubiera ocurrido con sus conceptos y fallos. Ahora se mete en una hondura mayor. La absolución de José Miguel Narváez sería un grave mensaje para las víctimas que Alejandro Ordóñez está obligado a proteger y también un duro golpe a la no repetición que Ordóñez invoca. Pocas personas estuvieron tan involucradas como Narváez con las paramilitares, se le consideraba allí, como se le consideró en la Federación de Ganaderos, un gran experto en inteligencia y un audaz ideólogo de la derecha. Desde esta doble condición promovió y justificó actos de violencia contra personas contrarias a sus creencias. Las acusaciones que ahora tiene encima son apenas la punta del iceberg.

Vencido en juicio quizás opte por contar una historia que tendrá tanto de escabrosa como de beneficiosa para que en el país nunca se vuelvan a proclamar razones ideológicas para matar a la gente.

Las copiosas declaraciones que ha dado Ordóñez en defensa de Pretelt y la manera como ha contribuido a aplazar y dilatar durante esta semana, en la Cámara de Representantes, la votación para enjuiciar al magistrado, configuran un enorme desafío a la opinión pública que ha visto circular en todos los medios de comunicación pruebas y más pruebas de los actos de corrupción de Pretelt. Ordóñez ha servido de portaestandarte para buscar el archivo del proceso y con ello ha logrado que parlamentarios que no se atreven a dar la cara a la opinión se hagan los locos y mantengan en vilo al principal tribunal del país y en ejercicio a uno de los magistrados más controvertidos y onerosos para la imagen de la Justicia.