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Opinión

  • | 2015/07/04 22:00

    Angelino y Dilian Francisca

    El argumento de Roy y de Angelino es el de siempre, el de los políticos más sinvergüenzas, mientras no haya una condena judicial en firme no se le puede poner talanqueras a la gente.

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Al momento de escribir esta columna Dilian Francisca Toro aún no ha inscrito su nombre como candidata a la Gobernación del Valle. Podría no hacerlo. Sería un acto de sensatez y de respeto por la democracia. Actitud que no han tenido ni Roy Barreras, quien se ha encargado de defender a capa y espada esta candidatura; ni Angelino Garzón, quien se ha prestado para una alianza a todas luces vergonzosa.

La exsenadora Toro ostenta un récord de menciones y señalamientos por parte de personas vinculadas a las mafias. Rocío Arias la asoció a la parapolítica, lo mismo hicieron alias Don Diego y alias Rasguño. La Corte Suprema de Justicia la investiga por lavado de activos, la obligó a renunciar al Senado y la llevó a la cárcel por un tiempo. Para rematar, la Fiscalía le adelanta otra indagación por tráfico de influencias.

No solo estas menciones e investigaciones ensombrecen la trayectoria de la señora Toro. Su entorno político ha estado ligado a diversos escándalos, los de la familia Abadía y los de su propio esposo, Julio César Caicedo. No se trata entonces de una mención aislada de algún rival político, cosa que abunda en la vida colombiana. Se trata de una sarta de cuestionamientos que debieran valer para que el partido de la Unidad Nacional y su presidente Roy Barreras le negaran el aval.

El mismo senador Barreras se quejaba en la campaña pasada de la inmensa cantidad de dinero que se movía en las filas de Dilian Francisca Toro. Decía que así era imposible competir en la política vallecaucana. Precisamente eso, el dinero, es lo que le permitió a la señora conseguir en 2006 una votación que la llevó a la presidencia del Congreso, votación que aumentó a más de 150.000 sufragios en 2010. Dinero y votos, más dinero y más votos. Esa es la argamasa del aval y de la alianza política. Es eso lo que tiene jodida la política del país.

Lo de Angelino es triste, es una señal inequívoca de su decadencia. Ya había dado bastante lora tocando puertas aquí y allá para conseguir un aval para su candidatura. Pero pagar el precio de someterse a los dictados del senador Barreras y a una alianza tan cuestionable es la tapa. No debiera estar para eso una persona que ha alcanzado tantas dignidades.

La gestión pública de Angelino no ha sido memorable. En ninguno de sus cargos ha dejado una huella. Ni una reforma importante, cuestión que le competía por su origen en la izquierda radical. Ni una gran obra, cosa no imposible por la influencia y las responsabilidades que ha tenido. No dejó una impronta como gobernador, ni como ministro, ni como vicepresidente.

Pero ejerció estos cargos y también su labor de constituyente y embajador con decoro, con mucha decencia. Nada común, nada fácil en la política colombiana. Ha sido a su vez un verdadero símbolo de superación. Un hombre que vino desde abajo, desde la marginalidad, hasta las más altas cumbres de la vida pública a punta de inteligencia, de empeño, y de un don de gentes inigualable. Por eso resulta lamentable que para alcanzar una alcaldía, que podría ser el cierre de su carrera, se meta a estos pactos y condescendencias.

El argumento de Roy y de Angelino es el de siempre, el de los políticos más sinvergüenzas, mientras no haya una condena judicial en firme no se le puede poner talanqueras a la gente, aquella célebre admonición: “Ayúdeme con su voto mientras lo meten a la cárcel”. Lo dicen una y otra vez y saben que el país acepta esto, saben que los umbrales éticos no existen en la vida nacional, saben que tendrán votaciones copiosas.

Pero el costo para la democracia es enorme. Cuatro gobernadores y 30 alcaldes, que en las elecciones de 2011 tenían investigaciones o serios cuestionamientos, fueron destituidos o encarcelados, después de haber sido elegidos. Otros muchos, a pesar de las investigaciones, se han mantenido en el cargo y han seguido haciendo de las suyas con el erario público y en alianzas con ilegales. Es la consecuencia directa de estas decisiones de los partidos y los dirigentes.

La señora Toro tiene, por supuesto, todo el derecho a defenderse judicialmente y las autoridades están obligadas a presumir su inocencia. Es el sagrado campo penal. Pero ni los columnistas, ni los medios de comunicación y mucho menos los partidos políticos están obligados a pasar por alto los señalamientos y las investigaciones. Al contrario, nuestro deber es alertar a la ciudadanía y difundir hasta el cansancio estas informaciones para que los electores puedan escoger a conciencia a sus mandatarios. Esa va a ser una tarea crucial en los meses que restan para las elecciones locales.
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