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Opinión

  • | 2015/08/22 22:00

    El desenlace

    La decisión de meter al Congreso en el trámite final de la paz ha significado debates muy duros en la guerrilla. Ahora les corresponde a los congresistas actuar con responsabilidad y disciplina.

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A principios de abril, en compañía de un grupo de directores de medios de comunicación, me reuní con el secretariado de las FARC en La Habana. Fue una reunión larga, a puerta cerrada, donde los jefes de la guerrilla nos hablaron de las dificultades de las negociaciones y escucharon atentamente las preguntas, las críticas y las impugnaciones que sobre la subversión armada y el proceso de paz teníamos 15 personas vinculadas con el periodismo.

Salí bastante preocupado de esa reunión. Las FARC hablaron de tres nudos al final de la negociación: uno, la pretensión de imponer una solución de justicia que implicara cárcel para los líderes de la guerrillas; dos, las enormes posibilidades de que una vez se firme la paz se desaten agresiones por parte de fuerzas militaristas contra la vida de las personas que vienen a la vida civil y a la lucha política; tres, el temor a que se incumplan los acuerdos y la imperiosa necesidad de establecer unos mecanismos que garanticen el desarrollo y la implementación de la agenda de paz, para lo cual solo veían como salida una Asamblea Nacional Constituyente.

Dijeron que ellos entendían los compromisos de este proceso de paz con las víctimas del país y la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación, pero advertían que ninguna negociación política entre partes contendientes había terminado en la aceptación de cárcel para los guerrilleros y esta no sería la primera vez que eso ocurriera.

Señalaron que en otras negociaciones y acuerdos en el país se habían gestado en los cuarteles agresiones y muertes contra los firmantes de la paz y la situación actual de las Fuerzas Militares no daba para despejar estas dudas y temores.

Plantearon que lo jurídico no se podía resolver unilateralmente, que no era posible obviar su participación directa en la elaboración de las leyes y decretos que trazarán el camino de la reconciliación y pondrán en marcha las reformas.

También los directores de medios les advirtieron a los líderes de las FARC que el ambiente en la opinión pública para los beneficios judiciales y para la participación política de las guerrillas no era el mejor, y que, además, eso era bien aprovechado por las fuerzas de oposición y en este contexto no era fácil resolver las dificultades que ellos enunciaban.

Han pasado casi cinco meses y ahora veo que estos nudos se han empezado a desatar. Que el gobierno y las FARC están encontrando solución a problemas tan espinosos. El presidente Santos y los partidos de la Unidad Nacional han convenido la tramitación de una reforma constitucional para establecer una Comisión Especial Legislativa con participación de las FARC que tenga la misión de dar vida a unos tribunales de justicia para juzgar a los implicados en el conflicto, definir la participación política de las guerrillas desmovilizadas y desarmadas, darle facultades extraordinarias al presidente y perfeccionar un mecanismo de refrendación con facilidades para la participación de la ciudadanía.

Como la discusión sobre estos temas se inició hace dos semanas y las FARC no se han manifestado en contra de las declaraciones públicas de Santos y de las gestiones que ha realizado el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en la búsqueda de este mecanismo, saco la conclusión de que la guerrilla y el gobierno concertaron la iniciativa.

No es el único paso dado para resolver la trama de estas negociaciones. El gobierno y las FARC han logrado vincular a la Mesa a delegados del presidente Obama, de Alemania, de Naciones Unidas, de Unasur, a más de los garantes y acompañantes que venían de atrás y del papa Francisco que ha fijado su atención en el proceso que se adelanta en La Habana. A su vez, el gobierno dedicó de tiempo completo al general Naranjo para diseñar con la guerrilla el dispositivo de seguridad que protegerá a los reintegrados en el posconflicto.

Esta gran representación internacional y estos mecanismos de seguridad tienen como objetivo la verificación del cese definitivo de la guerra y, sobre todo, tienen el papel de contener cualquier intento de agresión contra los desmovilizados de parte de sectores militares coludidos con fuerzas ilegales.

La decisión de meter al Congreso de la República en el trámite final de la paz ha significado, seguramente, debates muy duros al interior de la guerrilla. Pero ahora les corresponde a los parlamentarios de la Unidad Nacional, a las fuerzas de izquierda y a los demás miembros del Congreso que apoyan las negociaciones de paz actuar con la mayor responsabilidad y disciplina.

No se les puede ocurrir modificar de manera sustancial lo que mediante una larga y difícil negociación ha sido acordado en La Habana. No pueden sembrar de micos y trampas la legislación que servirá para cerrar definitivamente este conflicto. Tienen que actuar con diligencia y con un espíritu especialmente abierto a fórmulas para acelerar la firma del acuerdo final de paz.
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