Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2014/10/04 22:00

    La otra cara de la paz

    Es necesario comprender la historia profunda de las bandas criminales y la grave trama de narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la fuerza pública y con políticos, control de territorios e influencia social que tienen estas organizaciones.

COMPARTIR

La Fiscalía empieza a mirar hacia el otro lado de la violencia organizada, hacia el lado de las bandas criminales. Está buscando la reforma al Código de Procedimiento Penal para poder negociar la entrega de estas organizaciones delincuenciales. Quiere establecer la figura del ‘fiscal negociador’ para adelantar contactos con los jefes de las bandas y desatar un proceso de sometimiento a la Justicia.

La noticia apareció en El Tiempo este jueves. Era algo muy esperado por las personas que nos ocupamos de temas de paz y seguridad. La historia reciente del país nos ha enseñado que no es posible detener la escalada de violencias que han azotado al país en los últimos 50 años sin una estrategia integral del Estado para encarar todas las expresiones del delito. Fracasó el intento de paz de los años noventa del siglo pasado porque se dirigió a una parte de las guerrillas, dejó por fuera a las más viejas y avezadas y no tuvo una estrategia certera frente a los paramilitares. Fracasó el gran intento de pacificación del país del presidente Uribe porque mezcló de manera torpe o mal intencionada el sometimiento a la Justicia con la negociación política en el proceso con los paramilitares; y, porque, a pesar del esfuerzo realizado, ni acabó con las guerrillas por la vía militar ni fue capaz de obligarlas a ir a una mesa de conversaciones para pactar la paz. La negociación política con las guerrillas y el sometimiento a la Justicia de las bandas criminales son las dos caras de la paz.

Ahora bien, frente al crimen organizado de las últimas décadas no basta una política de sometimiento a la Justicia. Se necesita más. Se necesita un proyecto de reintegración a la sociedad de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que han empezado a salir de las cárceles después de cumplir las penas establecidas en la Ley de Justicia y Paz. Se necesita además un plan especial de seguridad para las zonas donde se va a producir la desmovilización y el desarme de las guerrillas, un cerco de protección para impedir que nuevas organizaciones criminales entren a golpear a los desmovilizados y a ocupar sus territorios y sus actividades.

Sé que mi propuesta es ambiciosa y compleja, pero no veo otra manera de complementar y proteger el proceso de paz y reconciliación que se ha iniciado con la insurgencia. Se trata de un gran programa diseñado y coordinado por una instancia del más alto nivel en la que tengan presencia la Presidencia de la República en cabeza del ministro consejero para el posconflicto, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la fuerza pública y, quizás, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema.

Está muy bien que el fiscal general advierta que no habrá reconocimiento político ni asomo de justicia transicional. Eso fue lo que enredó el proceso con las autodefensas. No puede haber la menor confusión en esto. Pero a la vez es necesario comprender la historia profunda de las bandas criminales y la grave trama de narcotráfico, negocios, vinculaciones con sectores de la fuerza pública y con políticos, control de territorios e influencia social que tienen estas organizaciones. Buena parte de sus actuales jefes pasaron por las guerrillas, por los grandes carteles y por la experiencia paramilitar. Arrancamos muy mal si reducimos el fenómeno a unos simples bandidos, no más de 4.000, vinculados al narcotráfico como los presenta el Centro Integrado de Inteligencia de las Fuerzas Militares.

El sometimiento a la Justicia no puede eludir los incentivos de rebaja de penas y procesos judiciales garantistas y transparentes para llevar a estas organizaciones a su entrega y a su desmovilización, pero tiene que demandar el compromiso de disolver todos los negocios ilegales, entregar bienes, develar los nexos con empresarios, políticos y agentes del Estado y contribuir a la reconciliación del país.

Para empezar con pie derecho una nueva política frente al crimen organizado es menester trazar una estrategia de reintegración a la sociedad de los jefes paramilitares que han cumplido ya los ocho años de cárcel ordenados por la Ley de Justicia y Paz. El Estado no puede hacerles ‘conejo’ ordenando su extradición o manteniéndolos presos. Tiene que concertar con ellos un plan que implique un respeto pleno a sus víctimas, un compromiso solemne de no volver a delinquir y una protección a sus vidas.

En otro momento me ocuparé de la necesidad de prevenir la intervención de bandas criminales o grupos disidentes de las guerrillas en los territorios donde se realizará el posconflicto. 
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.