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Opinión

  • | 2015/10/17 22:00

    Las últimas elecciones en medio de la guerra

    Antes, el Estado se concentraba en atajar la acción de las guerrillas, en conjurar la violencia sobre los candidatos y los ataques a la institucionalidad. Plan democracia, lo llamaban.

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Estas podrían ser las últimas elecciones en medio del conflicto armado. Las negociaciones de paz con las Farc y con el ELN así lo auguran. En las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 la guerra será cosa del pasado. Pero aún hoy, en estas elecciones locales, sin haber firmado los acuerdos, se respira otro ambiente.

En las últimos semanas no se registran acciones de las guerrillas, la violencia tiene características distintas; la disposición y la acción del Estado va en dirección a contener la influencia de otras fuerzas ilegales y a limitar el fraude; los defectos de nuestro sistema electoral se hacen más visibles al disminuir la amenaza subversiva.

La Misión de Observación Electoral y la Fundación Paz y Reconciliación, que con ayuda de la cooperación internacional hacen seguimiento a los fenómenos electorales, registran hechos y datos que le dan color a estas conclusiones faltando apenas una semana para el día de elecciones. En una acción mancomunada recogieron información sobre atentados y violencia, sobre influencia de fuerzas ilegales, sobre irregularidades y delitos electorales y la hicieron pública o se la entregaron a los órganos de control y de justicia.

A la fecha se han producido 161 eventos de violencia directamente relacionados con las elecciones, entre ellos 17 asesinatos de candidatos o funcionarios públicos, 18 atentados y 126 amenazas. Pero la gran mayoría de estos hechos han ocurrido por fuera de las zonas de conflicto armado y no han sido atribuidos a las guerrillas. El signo de las agresiones es la disputa local y la responsabilidad recae en la mano larga del crimen organizado.

Por otro lado, la Fiscalía ha ordenado la captura de 44 personas presuntamente vinculadas a actividades ilegales o en hechos de corrupción. Las más notables son la detención de Jorge Coral Rivas, candidato a la Gobernación del Putumayo; Cielo Redondo, cabeza de un clan político con gran influencia en La Guajira; y Jhon Jairo Torres, candidato a la Alcaldía de Yopal. Estas personas habían sido mencionadas en los reportes de la Fundación Paz y Reconciliación junto a más de 150 candidatos a gobernaciones, alcaldías y cuerpos colegiados con serios cuestionamientos.

Así mismo, ha quedado en evidencia un impresionante trasteo de votos, fenómeno que en los últimos años se ha perfilado como la manifestación más importante del fraude electoral. La Registraduría Nacional, en una acción sin precedentes, ha anulado la inscripción de 1.605.000 cédulas de 4.212.520 inscritas para estas elecciones. Esto tendrá un gran impacto en los resultados. Con esta acción se ha frustrado la pretensión de desvergonzados grupos políticos que querían torcer los resultados electorales mediante grandes inversiones de dinero, buena parte proveniente de la ilegalidad.

Estos cambios en el ambiente electoral no se pueden desdeñar. Antes, el Estado concentraba su atención en atajar la acción de las guerrillas, en conjurar la violencia sobre los candidatos, en contener la presión que ejercían estos grupos para que los electores no concurrieran a las urnas y los ataques reiterados a la institucionalidad local con el propósito de sabotear el certamen electoral. Plan Democracia, lo llamaban. Ahora, dada la decisión de las guerrillas de retirar el tapón a la participación democrática, el Estado está dedicando mayores esfuerzos a combatir otras manifestaciones de vulneración de las elecciones y la democracia.

Hay que decirlo con claridad. Nunca había una acción decidida para capturar a candidatos cuestionados antes de las elecciones. Lo que se ha hecho en esta oportunidad es aún pequeño, pero marca un rumbo distinto. Lo mismo ha ocurrido con la vigilancia sobre la trashumancia electoral. Son cosas dignas de aplaudir.

Pero hay grandes fallas por parte del Consejo Nacional Electoral en la inspección a la financiación y en el trámite de las denuncias sobre inhabilidades electorales. También los directores de los partidos tienen una deuda enorme con la democracia, al conceder avales a personas con una vinculación abierta a los clanes de la parapolítica o a fuerzas que se nutren de las redes del narcotráfico, de la minería ilegal y del contrabando, o a políticos vinculados con las mafias de la contratación. Su reiterada respuesta de que no se le puede negar el aval a un candidato si no está condenado es una vergüenza. Si la Fiscalía continúa en una labor de limpieza de la política, los jefes de los partidos quedarán muy mal parados frente a la opinión pública.

El posconflicto será un escenario virtuoso para avanzar hacia una democracia moderna. Es lo que ha dejado ver en pequeño esta campaña electoral. Pero todo dependerá de un compromiso serio de las elites políticas para reformar la institucionalidad electoral, depurar los partidos y romper con las mafias y la ilegalidad. Entre tanto, nos corresponde a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil mantener en alto la investigación y las denuncias a pesar de las amenazas que recibimos por esta labor.
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