Los 281 municipios del posconflicto

El presidente Santos estará este lunes en Madrid con el propósito de impulsar el fondo de cooperación internacional para el posconflicto. Pero aún no se ha abierto en el país el debate sobre esta etapa de la paz. Solo sabemos que su acento será territorial y conocemos que la va a liderar el general Óscar Naranjo en su condición de ministro consejero.

Por otro lado, la intensidad de la confrontación armada se redujo de manera drástica en el 2014 según el informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación. Las acciones de las FARC disminuyeron en un 40 por ciento y, lo que es más impresionante, en comparación con 2013, hubo cerca de 14.000 víctimas menos entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados. Son logros tangibles de las negociaciones de paz aún sin haberse firmado el acuerdo.

Por eso es urgente empezar a discutir sobre lo que ocurrirá una vez se pacte el cese al fuego bilateral definitivo y se estampe la firma sobre los acuerdos de La Habana. Ya tenemos por cierto que los anteriores procesos de paz no significaron un verdadero salto hacia la reconciliación del país porque no llegaron al territorio, porque no se propusieron transformar las condiciones que habían propiciado la violencia en las regiones.

Ocurrió entonces que en un primer momento cayó verticalmente la violencia pero al poco tiempo volvió a subir. Esta vez tiene que ser distinto, esta vez tenemos el reto de que la población de la Colombia profunda sienta que la paz cambia su vida y la violencia ceda definitivamente. No desdeñamos la dimensión nacional del posconflicto, pero creemos que la prioridad está en lo local.

En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación dibujamos también el mapa donde han estado las FARC y el ELN en los últimos 30 años. Son 281 municipios. Nos dimos a la tarea de clasificarlos con indicadores de presencia de economías ilegales, pobreza, ausencia de Estado y limitaciones en sus vías de comunicación. Queríamos saber cuántos y cuáles municipios tenían un riesgo extremo, o un riesgo alto, o un riesgo medio, de caer en nuevas violencias después de la desmovilización y el desarme de las guerrillas. Queríamos indagar por las tareas que a corto, mediano y largo plazo tiene el Estado en esos lugares.

El panorama no es muy alentador. 87 municipios están en riesgo extremo, 85 en alto y 104 en medio. Sobre todos, sin duda, hay que trazar un plan de posconflicto que abarque por lo menos diez años. Pero, en los primeros 12 meses, después de la firma de los acuerdos, hay que concentrar la acción en los de riesgo extremo y riesgo alto. Es lo que algunos llaman plan de choque y nosotros preferimos llamar victorias tempranas de la paz. Para esto hay que contar también con los resultados de las elecciones locales. En la segunda vuelta presidencial Santos ganó en 182 de estos municipios y Zuluaga en 99. Si la victoria de Uribe en estos territorios crece será aún más difícil aplicar los acuerdos de paz.

Las tareas son variadas y complejas. La gente debe saborear de inmediato algunos frutos de la paz. Unas horas más de luz eléctrica en su vereda, una vía de comunicación anhelada por años, una escuela, un hospital. También debe vislumbrar que, donde predominaban los negocios ilegales de las drogas, las minerías y el contrabando, surjan emprendimientos legales y alternativas económicas para mejorar la vida de las comunidades.

Una cosa dura en esos territorios será la conquista del monopolio de las armas por parte del Estado, el freno a las múltiples ilegalidades, la tramitación de conflictos sociales y la aplicación de justicia. Para nadie es un secreto que las guerrillas por mano propia o a través de las acciones comunales o de otras organizaciones sociales ha realizado estas labores durante años en las zonas rurales de estos municipios. Ahora le corresponde al ministro Naranjo construir con las comunidades y con las propias guerrillas desmovilizadas y desarmadas formas oportunas de resolución de los conflictos, de seguridad y de freno a las violencias y a las ilegalidades desde una perspectiva democrática.

Tanto para aplicar el plan de choque como para gestionar el posconflicto se necesita una institucionalidad de transición, no es posible hacer la tarea a través de los mecanismos ordinarios de contratación y de gestión. En esto ya tenemos ejemplos propios como el Plan Nacional de Rehabilitación aplicado hace 28 años y múltiples experiencias internacionales. Las tres condiciones esenciales de la institucionalidad transitoria tienen que ser: alta gerencia, transparencia y participación activa y decisoria de las comunidades locales. Más allá del dinero, la comunidad internacional tiene que contribuir con su experiencia a forjar un modelo de posconflicto para Colombia.