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Opinión

  • | 2015/06/27 22:00

    Los militares y la restitución de tierras

    A nadie que va a solicitar territorios para buscar oro o petróleo le dicen que no puede porque hay dificultades de seguridad. ¿Por qué a los campesinos que van a reclamar sus propias tierras les salen con el asunto del conflicto armado?

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El presidente Santos sabía que las Fuerzas Armadas serían claves en la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sabía que sin el apoyo decidido de los militares sería muy difícil, sino imposible, devolverles la tierra a los campesinos que la habían perdido en los largos años de conflicto armado. Pero de manera extraña les dio un papel negativo, restrictivo, en el proceso de restitución de tierras. Las comisionó para que obstaculizaran la tarea no para que la impulsaran.

A través del Decreto 599 del 21 de marzo de 2012 puso a los militares a valorar la situación de seguridad de las zonas objeto de restitución y a decidir en cuáles se podría iniciar la tarea y en cuáles no. Le dio el nombre de microfocalización a esta labor. El resultado ha sido que de 73.000 solicitudes de restitución solo se han llevado a los jueces un poco más de 7.000 y los tribunales han proferido 1.368 sentencias restituyendo alrededor de 100.000 hectáreas, las demás solicitudes están represadas por efecto de la microfocalización. En tres años de aplicación de la ley no estamos ni en el 5 por ciento de las metas trazadas por el gobierno al momento de expedición de la ley.

No sé a quién se le ocurrió esta pésima idea que ha contribuido a la enorme lentitud del proceso y que ha facilitado que los despojadores busquen amparo en sectores de la fuerza pública para entorpecer la restitución. Me niego a pensar que fue el propio Santos el cerebro del decreto. Tanto en reuniones privadas como en las declaraciones públicas siempre le he oído al presidente que la Ley 1448 es la prueba de fuego de la reconciliación, siempre he sentido que esta norma está en su corazón y que no ahorraría esfuerzos en su aplicación.

Desde esa visión lo más lógico hubiera sido convocar a las Fuerzas Armadas a acompañar el retorno de los campesinos a todos los lugares donde fueron despojados y dejar en manos de las autoridades civiles y de las organizaciones de víctimas la priorización de las zonas. El Decreto 599 tiene un halo de injusticia que contradice abiertamente la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Pongo un ejemplo que muestra la aberración. La adjudicación de bloques para la exploración petrolera o de títulos mineros nunca pasa por el arbitrio de los militares, a nadie que va a solicitar territorios para buscar oro o petróleo le dicen que en tal o cual lugar no puede porque hay dificultades de seguridad. Al contrario, le adjudican los bloques o los títulos y luego disponen todo para que los militares protejan la explotación. ¿Por qué a los campesinos que van a reclamar sus propias tierras les salen con el asunto del conflicto armado?

Pero vamos más lejos en esta argumentación. El principal cordón territorial del abandono y el despojo pasa por Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, Montes de María y llega hasta Magdalena, Cesar y La Guajira. En estos territorios el conflicto armado se redujo de manera sustancial por la derrota de las guerrillas y la desmovilización parcial de los paramilitares. ¿Por qué se recurre al fantasma de la guerra para restringir las zonas de restitución? Líderes campesinos de los cuales me reservo su nombre me han dicho en varias zonas cosas como esta: “A un kilómetro o dos de la tierra que reclamo está una base militar que tiene cerca de 2.000 efectivos y no entiendo por qué no hay condiciones de seguridad para mi retorno”.

Ahora bien, la única causa del fracaso palmario en la restitución no es la actitud de los militares. Hay otras razones de la agobiante lentitud del proceso. No han querido poner el acento en las restituciones colectivas, tampoco han decidido acudir a la vía administrativa cuando no hay opositores y el aparato estatal dedicado a la restitución es limitado y poco eficiente. Pero el control de la focalización por parte de los militares es un peso muerto en el proceso. También su negligencia a la hora de defender a las víctimas –de las cuales han muerto 69 en sus reclamaciones– y presionar a quienes se quedaron con las tierras de los campesinos para que cumplan la ley.

El nuevo ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, le haría una gran contribución a las víctimas y a la paz del país si aboga por la derogatoria del Decreto 599 y si, además, se pone en la tarea de encabezar una cruzada de las Fuerzas Armadas para acelerar la restitución de tierras. Y el presidente Santos está en mora de cumplir la promesa que hizo en Cali, en la campaña electoral, cuando aseguró que le haría ajustes decisivos al proceso de restitución de tierras. ¿Por qué no ha hecho la reforma anunciada? La esperanza en la restitución de tierras está muriendo. Es así de triste.
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