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Opinión

  • | 2015/07/18 22:00

    Los partidos y el Consejo Electoral al desnudo

    Los medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no cumplen.

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Los debates de las últimas semanas sobre los avales para las elecciones de octubre y el informe público de actividades de Armando Novoa, miembro del Consejo Nacional Electoral, han dejado ver la incapacidad de los partidos y de los organismos de control y vigilancia electoral, para poner freno a la grave presencia de candidatos relacionados con las mafias y la corrupción en los comicios de octubre.

El evento más revelador fue el debate que organizó Diana Calderón en Hora 20 con los directores de los partidos. Estaban presentes Roy Barreras de La U, Horacio Serpa, liberal; David Barguil, conservador; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Antonio Sanguino, verde; Rosario Guerra, del Centro Democrático; y Jorge Enrique Robledo, del Polo. Diana tomó como referencia el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que reseña 140 candidatos a gobernaciones y alcaldías con serios cuestionamientos y preguntó sobre la actitud de los partidos ante estas candidaturas. (Ver informe).

Salvo la posición crítica de Sanguino y algunos comentarios de Robledo, los dirigentes de los partidos defendieron a los candidatos de sus filas que resultaban con alguna anotación. Fue un espectáculo lamentable. El argumento, como siempre, fue el de la presunción de inocencia. Si no hay condenas no se deben negar los avales. Lo dicen a sabiendas de que, precisamente, quienes han sido condenados o están en las cárceles tienen la astucia de poner a jugar en las elecciones a personas subordinadas a ellos que aún no afrontan procesos judiciales o disciplinarios. Lo dicen sin reparar en las malas compañías de los postulados y saltan sin ningún rubor por encima de las obligaciones éticas que deben tener los aspirantes a gobernar.

Las intervenciones de Barguil y Lara me llamaron la atención. El primero señaló que se había opuesto al interior de su partido a que se le concediera el aval para aspirar a la Gobernación del Caquetá al cuestionado Arnulfo Gasca y había perdido ese pulso. Pero el mismo Gasca hace poco había subido a su Facebook una foto en la que aparece al lado de Barguil y Marta Lucia Ramírez celebrando su presencia en las huestes conservadoras. (Ver foto).

El segundo dijo al principio que algunas decisiones polémicas sobre los avales se habían tomado antes de asumir la dirección del partido, pero a renglón seguido se dedicó a defender avales como el de Oneida Pinto en la Guajira, Rosa Cotes en el Magdalena y Luis Pérez en Antioquia. De estos dos jóvenes dirigentes y de Marta Lucía Ramírez se esperaba otra actitud dado su discurso de renovación o sus antecedentes familiares como es el caso de Lara.

Ahora bien, la interpelación de Diana Calderón, no ha sido el único llamado de atención que han recibido los dirigentes de los partidos. En El Espectador, en Semana, en El Tiempo, en Caracol Televisión, en RCN, en la W Radio, en los diarios regionales, en columnas de notables formadores de opinión, en fin, en la mayoría de los medios de comunicación, han aparecido serios cuestionamientos de la manera como se están concediendo los avales.

Mediante indagaciones propias o haciendo de eco de las investigaciones académicas los medios están ejerciendo el papel crítico que los partidos y los órganos de vigilancia no cumplen. En todo caso es una tarea con muchas limitaciones. La Fundación Paz y Reconciliación, de acuerdo con las donaciones de la cooperación internacional, solo puede hacer un trabajo de terreno en ocho departamentos. Lo que se muestra es poco para el tamaño real del problema como lo señaló María Isabel Rueda el pasado domingo.

En la forma como se comportan los dirigentes y en el desempeño del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría General de la Nación se puede ver que hay un pacto tácito de la mayoría de los partidos para mantener este estado de cosas. El consejero Armando Novoa, en un largo informe sobre las actividades, destaca que el organismo que tiene por función regular, vigilar y controlar las actividades electorales no se ha ocupado de responder las consultas sobre inhabilidades para participar en elecciones y ha enviado las peticiones al Departamento Administrativo de la Función Pública.

No es lo único en que el CNE es irrelevante, tampoco hace nada para vigilar las enormes sumas de dinero que entran a las campañas. La razón es muy sencilla. El Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso con base en planchas presentadas por las bancadas partidistas. Es imposible que delegados de los partidos vigilen, controlen y sancionen a sus propias colectividades. También los delegados regionales de la registraduría son cuotas de los jefes políticos y poco pueden hacer para enfrentar las irregularidades que se presentan en la campaña electoral. Están muy mal los partidos y sus dirigentes, pero no es menos calamitosa la situación de los organismos electorales.
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