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Opinión

  • | 2015/02/14 22:00

    Los Uribe me atacan donde más me duele

    Nunca he declinado la independencia y la crítica en los convenios con gobiernos o con la empresa privada y creo que ningún gobierno debería exigirles subordinación a la academia o al periodismo.

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El lunes apareció un trino en el que Tomás Uribe Moreno decía que León Valencia, a nombre de Arco Iris, había firmado con la Oficina del Alto Comisionado, en 2014, tres contratos por un valor de 1.600 millones de pesos para promover los acercamientos de paz con el ELN. Me acusaron de columnista vendido al gobierno y a Santos de comprar las conciencias de los formadores de opinión.

Me apresuré a aclarar que desde hacía dos años no trabajaba en esa organización, que ahora era el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Que no tenía nada que ver con esos contratos. No hubo ninguna rectificación de la mentira. Al contrario, el papá de Tomás y los uribistas multiplicaron por miles los trinos y los medios de comunicación los reprodujeron.

La batería mayor iba contra Antanas Mockus, quien está haciendo un llamamiento al país para que salga a marchar por la vida el 8 de marzo. Le sacaron a relucir un convenio que Corpovisionarios, la organización no gubernamental fundada por Mockus, había hecho con el gobierno nacional para impulsar la movilización social y la cultura de paz. También Mockus aclaró que la iniciativa de la marcha no tenía que ver con ese contrato.

Hace tres meses me habían acusado de lo contrario recurriendo a otra mentira. El columnista de Semana.com, Juan Diego Restrepo, haciéndole un mandado a un funcionario público, escribió que no tenía autoridad moral para criticar al gobierno en la restitución de tierras porque había recibido dineros de una demanda ganada por un grupo de víctimas en Antioquia. No había recibido un solo peso, pero Restrepo no se ocupó de rectificar la mentira y la versión siguió circulando.

Pero estas acusaciones falsas me han hecho pensar sobre mi papel de investigador en temas duros del país a través de Pares y de formador de opinión como columnista, director de un espacio en Canal Capital y panelista ocasional en programas de radio y televisión.

¿Puedo persistir en una posición crítica y a la vez dirigir una fundación que adelanta convenios con gobiernos o con empresas privadas o está dispuesta a realizarlos? ¿En qué consiste la independencia y la libertad? ¿Qué es ilegal? ¿Qué contraviene la ética? ¿Qué es indebido?

Tengo la obligación moral de responder a estas preguntas. No soy capaz de seguir escribiendo sobre temas de coyuntura sin antes aclarar estas dudas, sin disipar estos dilemas éticos. Les pido a mis lectores que me disculpen. Me puse a mirar lo que he hecho en los últimos 20 años después de que me vine a la vida civil y empecé a participar en los debates del país.

En Arco Iris, en el gobierno de Álvaro Uribe, de la mano del ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos y como parte de los acuerdos de paz, recibimos un gran aporte en dinero para sostener la fundación. En esos tiempos iniciamos la investigación sobre las relaciones entre los políticos y los paramilitares y produjimos el libro de la parapolítica. El escándalo ha llevado a condenas judiciales a 61 parlamentarios, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la coalición de gobierno de Uribe. Un día, al inicio de ese debate, Uribe me reclamó por obviar su deferencia y meterme a denunciar a sus amigos, le respondí que mi deber era dar cuenta pública de la investigación adelantada afectara a uno o a otro actor político.

En 2011 convinimos con el Ministerio del Interior, en cabeza de Germán Vargas Lleras, que les haríamos seguimiento a las elecciones locales para mirar relaciones de candidatos con fuerzas ilegales. Lo hicimos con una financiación mixta del gobierno y de la cooperación internacional.

La investigación afectó a un número importante de candidatos afines al gobierno de Santos y algunos de ellos fueron luego destituidos o encarcelados. El malestar de los jefes de los partidos de la Unidad Nacional fue enorme y así se lo hicieron saber a Santos. También el procurador Ordóñez criticó duramente la transferencia de dineros públicos a la fundación para adelantar este tipo de indagaciones y desestimó los resultados.

Acudo a un ejemplo con la empresa privada. Los directivos de AngloGold Ashanti acudieron a Pares para que realizara una investigación sobre la actitud de las comunidades y los gobiernos locales frente a posibles explotaciones mineras en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca. Les hablamos de nuestra irreductible independencia y fueron totalmente respetuosos de la actitud y de los resultados.

Como ven nunca he declinado la independencia y la crítica en los convenios con gobiernos o con la empresa privada y creo que ningún gobierno debería exigirles subordinación a la academia o al periodismo por aplicar legítimamente a la financiación estatal.
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