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Opinión

  • | 2014/11/05 00:00

    León Valencia, reclamante de tierras

    El analista político, uno de los principales críticos de la gestión adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras, al parecer busca una compensación de 6 mil millones de pesos.

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En lo que va corrido del año, el analista político León Valencia ha escrito dos artículos de opinión en su espacio de la revista SEMANA sobre la política de restitución de tierras que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sus planteamientos han sido bastante críticos contra aquellos que tienen la responsabilidad de aplicarla.

En su primera columna, publicada el 24 de marzo, Valencia le solicitó al presidente Santos que “salvara la restitución de tierras” y enfocó sus críticas contra el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, de quien dijo “ha escogido, de manera deliberada, el camino más largo, el más lento, el más dispendioso, para impulsar la restitución de tierras”. Se refiere a la microfocalización, un mecanismo de selección de áreas reclamadas que deben cumplir unos requisitos de seguridad según criterios establecidos por el Ministerio de Defensa.

Para el analista político, un mecanismo más expedito para adelantar la restitución de tierras es acudir “al sistema de compensaciones”, reglamentado en el artículo 97 de la Ley 1448. Según esa norma, “como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al Juez o Magistrado que como compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible”.

Y Valencia no solo reclamó la aplicación de esa norma de manera generalizada sino que le sugirió a Santos “reestructurar la Unidad de Restitución de Tierras”, pues a su juicio está “en manos de personas negligentes o mal intencionadas”.

Sobre el tema volvió el pasado 12 de octubre. Tras exponer algunas cifras que dan cuenta de los problemas de la restitución, reiteró sus críticas contra Ricardo Sabogal, a quien señaló de no querer “ver los cuellos de botella de la restitución y las inocultables fallas de los funcionarios” que, según él, sí reconoce el presidente Santos.

En este artículo, Valencia planteó tres posibles salidas: privilegiar las restituciones colectivas sobre las individuales; restituir por vía administrativa, obviando los trámites judiciales, cuando no haya opositores; y “revolcar la nómina” de la Unidad de Restitución de Tierras “y poner al frente de este proceso a funcionarios que tengan a la vez alta representación política e indiscutibles calidades técnicas”.

De manera paralela a esas reflexiones, y en aras de la transparencia que tanto les reclama a los funcionarios de gobierno, este analista debería advertir que es un reclamante de tierras, circunstancia que no invalida sus críticas, por supuesto, pero su ocultamiento sí genera suspicacias.

Valencia pide en restitución el predio denominado La Galleta, una finca de la vereda San Antonio, municipio de Montebello, suroeste antioqueño, que tiene una cruenta historia.

Tras la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia de la guerrilla del Eln, en Flor del Monte, Sucre, el 9 de abril de 1994, se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional de la época para comprar en Antioquia un predio rural en el que varios desmovilizados desarrollaran proyectos agrícolas productivos. Y se escogió La Galleta.

Fue así como trece exintegrantes de la CRS conformaron la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda., entre los que estaba Valencia, y la registraron en la Cámara de Comercio de Medellín el 1 de diciembre de 1996. Al año siguiente, el entonces Incora les dio un subsidio del 70 por ciento del valor de La Galleta, de 136 hectáreas, para su adquisición. El restante 30 por ciento se cancelaría con un préstamo en la Caja Agraria.

El proyecto comenzó a funcionar con siete familias, pero sufrió un grave obstáculo. Al amanecer del 23 de enero de 2000 llegó a la finca un comando paramilitar y retuvo a José Evelio Gallo Gallo y a Uberney Giraldo Castro, desmovilizados de las CRS y socios de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. Ambos fueron asesinados y días después presentados por las autoridades como “guerrilleros dados de baja”, razón por la cual el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar una millonaria suma de dinero.

Esos hechos, y hostigamientos posteriores, llevaron a los reinsertados y sus familias a abandonar La Galleta por varios años. En diciembre de 2006 regresaron, pero las constantes amenazas de muerte los obligaron a salir nuevamente del predio en julio de 2007. Tal situación, de acuerdo con un fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 19 de mayo de 2008, “determinó que devolvieran el predio al Incoder y al Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, quienes (sic) les habían hecho entrega del mismo”.

Este predio es reclamado por Valencia por intermedio de su exesposa, Gloria Stella Tobón Olarte. Adicional a ello, también presentó solicitud de restitución la Sociedad Agropecuaria Horizontes, a través de su representante legal, Pastor Jaramillo Cadavid, empresa que en abril de este año fue incluida en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas por causa de la Violencia.

Valencia, por su lado, y la Sociedad, por el otro, coinciden en la misma petición: una compensación económica, ceñidos al artículo 97 de la Ley 1448, ya reseñado. Al parecer, el analista pretende del Estado una compensación económica de 6 mil millones de pesos.

Pero la historia no para ahí. Resulta que dos socios de la Sociedad Agropecuaria Horizontes, Guillermo León Calle Giraldo y Heriberto De Jesús Londoño, interpusieron una tutela el 6 de marzo de 2008 reclamando la protección de los derechos fundamentales al trabajo, a una vida digna y a la igualdad, tras alegar que luego de los sucesos de La Galleta no fueron reubicados.

Tales pretensiones fueron denegadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en decisión del 31 de marzo de 2008, amparándose en el llamado “Acuerdo de Punto Final”, suscrito por los voceros de las CRS el 8 de agosto de 2003 con representantes del gobierno nacional, en el que se acordó una entrega de 2.847 millones de pesos a los desmovilizados y se declaró al Estado a paz con este proceso.

Calle Giraldo impugnó el fallo, alegando que desconocía el “Acuerdo de Punto Final” y el destino final de los 2.847 millones de pesos. El debate fue resuelto el 19 de mayo de 2008 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de magistrado Arturo Solarte Rodríguez, quien confirmó lo fallado por el Tribunal Superior de Medellín.

Es interesante saber qué ha motivado a Valencia a adelantar una reclamación de tierras de manera individual, a través de su exesposa y de manera paralela a la Sociedad Agropecuaria Horizontes, teniendo en cuenta que la CRS cerró cuentas con el Estado. Y también es pertinente preguntarse sobre esa coincidencia entre sus críticas a la Unidad de Restitución de Tierras y las pretensiones de su demanda. ¿A qué le apunta atacando desde dos flancos?

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario
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